"El 25 de julio pasado, en una entrevista a la revista Visão
el presidente de Everjets, Ricardo Dias, admitía que era un secreto a
voces en el sector que algunas empresas portuguesas actuaban como un
consorcio artificial para presionar a las administraciones a pagar más
por el mismo servicio. Parecía que Dias iba a lanzar su arsenal contra
las empresas extranjeras, pero su intención era bien distinta, pues para
él el enemigo está en casa:
“Sí existieron tentativas de aproximación
de algunas empresas, por medio de personas, para intentar incluirnos en
un consorcio para futuros concursos (…) Puedo decir aquí que no estamos
hablando de empresas españolas. Esos intermediarios que nos abordaron
hablaban en nombre de empresas portuguesas”.
En Portugal existe una guerra por los contratos de
extinción de incendios que no sólo ha hecho correr la tinta. La propia
Everjets no está, ni mucho menos, fuera de sospecha, y aquella
entrevista a Visão iba cargada de veneno.
El 22 de diciembre de
2014, esta empresa, que no sólo posee servicios de extinción aérea de
incendios, sino también de transporte de pasajeros y de emergencias
médicas, consiguió el contrato estrella del lustro por valor de 46,1
millones de euros con la Autoridade Nacional de Protecção Civil —ANPC—,
que incluían servicios aéreos de emergencias, sanitarios y contra
incendios durante 4 años, es decir, hasta 2019.
Everjets desbancaba con
un solo contrato a su mayor competidora, Heliportugal, además de
conseguir que esta última dejara de percibir hasta 27 millones que le
quedaban por cobrar a la Administración por contratos anteriores.
El resultado del concurso que ganó Everjets no salió hasta
el 6 de febrero, por lo que no era de conocimiento público, y aun así,
entre el 1 y el 3 de febrero, días antes de la formalización de la
firma, la empresa fue comprada por el empresario Domingos Névoa.
Hoy, el
Ministerio Público portugués acusa a Névoa —que ya había sido condenado
en 2012 en otro caso por corrupción— y al por entonces ministro de la
Administração Interna, Miguel Macedo, de manipular y amañar el concurso
por medio de un tercer hombre, Jaime Gomes, al que presuntamente Macedo
hizo llegar el pliego de condiciones del concurso tres meses antes del
anuncio de apertura del procedimiento.
En la causa está probada la
relación comercial entre Macedo, Gomes y Névoa ya desde 2008 por medio
de la empresa Bragaparques, propiedad de Névoa.
Este es uno de los puntos donde se unen la causa española y
la portuguesa, ya que, según la Procuradoria-Geral da República, el
pliego de condiciones llegó a manos de Everjets por medio de dos
empresas españolas: Faasa y Fitonovo, esta última también investigada en
varias localidades andaluzas, sobre todo en Sevilla, y cuyas
imputaciones ya han llevado al banquillo a 108 personas.
Según el informe de la Procuradoria, después de que
Everjets ganara el multimillonario contrato, “Faasa Aviación S.A., socio
ganancial de Jaime Gomes, por medio de la empresa Fitonovo, vendría a
ser subcontratada por la empresa Everjets, adjudicataria de la
prestación de servicios de operación y manutención de los helicópteros
Kamov del concurso de 2014”.
Lo más curioso es que, aun siendo el
Ministerio Público el que realiza estas acusaciones, el contrato sigue
vigente y parece que nadie en Portugal se escandaliza por el hecho de
que los contratos de extinción aérea se encuentren bajo semejante fuego
de mortero.
Además, Fitonovo continúa recibiendo encargos y contratos
hasta el día de hoy —el último, con Rede Ferroviária Nacional, fechado
el 21 de julio de 2017— con universidades, municipios o institutos
públicos. Otra empresa fundada por los mismos gerentes de Fitonovo,
Perene, S.A., también continúa firmando contratos con diversas
administraciones portuguesas.
En 2016 Portugal gastó 20 millones en prevención y 72
millones en extinción, según datos del Ministério de Administração
Interna y del Ministério de Agricultura. Esto quiere decir que, por
alguna extraña razón, las administraciones no piensan excesivamente en
el fuego hasta que ven arder el país hasta las cenizas, o que no piensan
en los incendios hasta que son motivo de multimillonarios contratos con
empresas privadas.
El secretario de Estado de Administração Interna,
Jorge Gomes, acusa al anterior Gobierno de haber gastado 50 millones de
euros en medios aéreos, y sólo 7 en las inversiones requeridas por
Protecção Civil. Pero también fue el gabinete de Jorge Gomes quien
renunció a una ayuda de 50 millones de euros de la Unión Europea para
comprar dos aviones anfibios anti incendios, renuncia que probablemente
habrá entusiasmado a las empresas del cártel, especializadas en el
alquiler de medios, no en la venta.
La idea no es que un incendio se produzca como método
directo de rentabilidad. Es cierto que en España y Portugal el 80%
aproximadamente de los incendios son causados por el hombre --gran parte
de ellos por descuidos o negligencia--, por trabajos relacionados con
la caza, por venganzas, por vandalismo. La intencionalidad directamente
relacionada con el lucro, ya sea por conseguir madera barata o para
recalificación de suelos —en 2015 el Partido Popular aprobó en España
la Ley de Montes, por la que se permitía el cambio de uso de superficies
afectadas por incendios— es residual.
Lo que no es residual es la
anomalía generalizada que afecta al negocio de extinción de incendios,
que implica que los fondos destinados a prevención vayan a parar, de
forma claramente incongruente y fraudulenta, a empresas de extinción con
un pasado legal más que dudoso.
CTXT habló con el abogado Nuno Pinto Coelho de Faria, que
representa a Pedro Silveira, presidente de la empresa de medios aéreos
Heliportugal, en la causa abierta contra el exministro Macedo y
Everjets. Pinto Coelho confirma que “Faasa quiso entrar en Portugal a
través de Miguel Macedo, por una invitación por ‘ajuste directo’ --un
tipo de contrato sin licitación pública--.
Mi cliente, Heliportugal, se
sorprendió con dos puntos en particular: primero, que esto fuera una
historia organizada desde España, y que, al mismo tiempo, se mostrara un
claro interés en que participara una de las mayores empresas de
helicópteros Kamov en Portugal. Ese interés reveló una conexión directa
con el ministro portugués, quien puso término al contrato con
Heliportugal, para poder entregar ese mismo contrato a otro”.
“Y segundo”, continúa Pinto Coelho, en la causa abierta
por el Ministerio Público “cada línea que leemos pone al descubierto un
crimen, y sólo está siendo juzgado el envío del pliego de condiciones
del contrato a Jaime Gomes.
Pero es que el resto también es constitutivo
de delito, y me pregunto por qué no hay más procesos abiertos y
acusados. Una de las razones es que forma parte del caso Vistos Gold
--la trama corrupta que entregaba fraudulentamente visados a
extracomunitarios para circular por Europa a grandes inversores-- y sólo
el punto 4 se ocupa del caso de los Kamov.
Esto no tiene sentido. En
Derecho Administrativo un contrato es nulo si, en la base de ese
contrato, se encuentran indicios de delito. Y aquí tenemos varios
contratos. Todo esto tiene elementos de prueba, esto consta en la
acusación”.
En 2014, la filial que trabaja para Avialsa en Portugal,
Agro-Montiar, ganó un concurso con la ANPC de cesión de dos aviones
anfibios, por un período de 5 meses, por valor de 1,79 millones de
euros. Como muchos otros contratos con empresas de lucha contra
incendios, la empresa fue escogida mediante un método llamado en
Portugal “de ajuste directo”.
En condiciones normales, el ajuste directo
sólo es ejercido por las administraciones públicas para contratos
inferiores a 150.000 euros. Pero un organismo público puede, según el
Código de Contratos Públicos portugués, hacer uso del ajuste directo si
se dan “casos de urgencia imperiosa, cuando solo existe un único
proveedor, o cuando un anterior concurso haya quedado desierto”.
Aquí el cártel del fuego se hace fuerte. El ajuste directo
debe estar justificado jurídicamente, y es el cártel quien se encarga
de justificarlo por medio de la colusión ilegal entre empresas. Cuando
se detecta manipulación del mercado, al evitar la libre competencia,
existen entes públicos reguladores encargados de luchar contra estas
prácticas —como la CNMV en España—.
Otras veces los hechos pasan al
ámbito penal —como la que nos ocupa, por sospechas de pertenencia a
organización criminal, cohecho, soborno, falsedad de documento público y
mercantil, malversación de fondos públicos y prevaricación—. Y otras,
demasiadas, pasan desapercibidas o se descubren cuando ya no hay nada
que hacer.
La empresa portuguesa Heliportugal impugnó el contrato
ganado por Agro-Montiar, y más tarde fue anulado por el Tribunal de
Cuentas portugués por claras irregularidades a la hora de escoger el
método de ajuste directo, pero la anulación llegó a posteriori de la
entrada en vigencia del mismo.
Es decir, y para sorpresa del Tribunal y
de Heliportugal, cuando la ANPC, por orden y despacho directo del
ministro de Administración Interna, Miguel Macedo, envió al Tribunal el
contrato para su fiscalización, los aviones ya habían realizado la mayor
parte de las horas de vuelo.
“Las consecuencias que esto puede tener
para un Estado de derecho son muy importantes”, declara Pinto Coelho,
“porque parece ser una señal de que la Justicia en Portugal nunca más se
va a recuperar de estos dos grandes asuntos —Vistos Gold y caso de los
Kamov—“.
El director de recursos de la ANPC entonces era el coronel
José Teixeira, también dimitido y en proceso disciplinario y criminal
por este asunto, aunque continúa como director de la Guardia Nacional
Republicana —el equivalente a la Guardia Civil en Portugal—. Parece que
nadie consigue apoltronarse en las butacas más altas de la ANPC.
A pesar de la sentencia del Tribunal de Cuentas y de la
investigación en marcha, un año más tarde, en mayo de 2015, Agro-Montiar
volvió a ganar un concurso de cesión de dos “aeronaves complementarias
—aviones anfibios medios—”, para los cursos del 2015 al 2017 por valor
de 4,9 millones de euros.
El representante de Agro-Montiar y expiloto de
Avialsa, Carlos Craveiro, y el presidente de la ANPC, Mayor General
Francisco Grave Pereira, firmaron un contrato entre la Administración
Interna y Agro-Montiar en el que a ésta se le permitía “subcontratar (…)
a la empresa Avialsa T-35” lo que precisamente se le contrataba a
Agro-Montiar. Es decir, una subcontrata dentro de una subcontrata sin
razón aparente. Grave Pereira también está siendo investigado por su
participación en el contrato con Everjets.
Según se deduce cruzando las causas abiertas en Portugal y
España, queda claro que el cártel del fuego español, encabezado por
Vicente Huerta, de Avialsa, consiguió introducir sus tentáculos de forma
descarada en el mercado portugués.
La manipulación ha sido tan
espectacular que ya han caído dos exministros, varios dirigentes de la
Autoridade Nacional de Protecção Civil, se ha sacrificado a la estatal
Empresa de Meios Aéreos, dejado de pagar contratos pasados a empresas
fuera del cártel, como Heliportugal, y se han visto implicados tanto
gobiernos locales como el Gobierno central.
Los correos, contactos, invitaciones a cacerías, regalos y
prebendas se cruzaron entre ambos países con el objetivo de crear una
red amplia e infalible.
El juzgado de Sagunto tiene constancia del
correo enviado por Vicente Huerta a Carlos Craveiro, ya en febrero de
2010, en el que se refería a Portugal: “Ganar como sea el concurso de
este año. Tenemos el apoyo del club español de compañías para hacer y
deshacer lo que queramos en Portugal, además de contar con AT —el avión
AT-802— de Martínez y otro de Faasa para el concurso. El plato fuerte lo
tenemos este año en Portugal, amigo Carlos, y vamos a atacar con todo
el arsenal posible”.
Y así lo hicieron. Según el auto del juzgado de Sevilla,
el 2 de marzo de 2010 Vicente Huerta “envió un correo a los integrantes
de la ‘Asociación’, relativo al concurso en Portugal, en el que expuso
que deberían presentar dos ofertas, una por parte de Avialsa T-35, y
otra por parte de Aviación Agrícola de Levante, S.A., dirigida esta
última a ganar el concurso, siendo la otra de cebo, al fijar como precio
total 2.050.000 euros, y la segunda por importe de 1.999.999 euros, si
bien, presentándose esta última el mismo día de cierre de presentación
de ofertas”.
Aviación Agrícola de Levante fue en realidad fundada en
2007 por el mismo Vicente Huerta y Francisco Alandí que dirigían
Avialsa. De hecho, el Holding Empresarial Avialsa ejerció de socio y
administrador único de Aviación Agrícola de Levante.
Ángel Martínez Ridao contestó dos días después dando su
visto bueno a la oferta cebo y a la ganadora, así como Manuel González
Gabaldon, de Faasa. Dicho y hecho, en la lista de contratos públicos del
Gobierno portugués aparece registrado, el 4 de mayo de 2010, el
contrato entre la estatal Empresa de Meios Aéreos, S.A., y Aviación
Agrícola de Levante, por 2 millones de euros.
En total, los contratos conseguidos por las empresas
españolas del cártel en Portugal suman alrededor de 53 millones de
euros, sin contar con el contrato de 46 millones de Everjets, ni con los
de la brasileña Helisul, que suman 47 millones y que en 2014 formó una
Unión Temporal de Empresas con Inaer para conseguir su único contrato
con Protección Civil. En julio de 2011, Cristóbal Castellanos —del
departamento de I+D de Avialsa–, recibía otro correo de Miguel Angel
Martínez —Ridao—:
“Por último, siguiendo palabras textuales de Ángel, el
acuerdo del contrato de Portugal es 50% para Avialsa y el 50% para
Angel Martínez, no quisiera tener ningún problema al final de año en lo
referente a Portugal. Ángel ha hecho punto por punto lo que Paco
—Francisco Alandí— ha indicado”.
El hombre desde dentro
A estas alturas surge una pregunta de forma natural:
¿puede un cártel de empresas españolas influir en un mercado extranjero
sin contar con apoyo sobre el terreno, esto es, con apoyo de otras
empresas nacionales? ¿Quiénes fueron los contactos que ayudaron al
cártel a infiltrarse en el mercado portugués?
El país vive inmerso en una vorágine de imágenes de
incendios incontrolables, antiguos pueblos consumidos por las llamas,
ancianos indefensos que pierden todo lo que tenían. Portugal parece
hechizada por el shock de los fuegos. Mientras, el hiperactivo
presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, se mueve más que un
bombero entre incendio e incendio para proclamar que está, estamos,
ante una “causa nacional”.
Quizá lo que Rebelo de Sousa y el país entero tiene
enfrente es un caso de corrupción generalizada que consume decenas de
miles de hectáreas de espacios naturales al año. Igual que ocurre en
Andalucía, parte de las administraciones portuguesas han de estar
contaminadas de una forma u otra.
Desde el exministro Miguel Macedo, el
ex secretario de Estado y exministro Luís Marques Mendes —socio de
Macedo en la empresa JMF, utilizada como sociedad instrumental para
pagos de sobornos, según el Ministerio Público—, el también imputado
António Figueiredo, expresidente del Instituto dos Registos e Notariado,
hasta probablemente funcionarios de las mesas de contratación, es obvia
la colaboración estatal de una u otra forma.
Y para esto han necesitado de un hombre, u hombres, desde
dentro. Ya en una de las actas de acuerdos de las reuniones celebradas
por el cártel en el hotel El Cruce de Manzanares, puede leerse: “Se
encarga a Jaime Arqué que inicie gestiones en Portugal en relación con
los concursos de aeronaves de la que fija que licite ese país para
2009”.
Si el Grupo 6 quería un agente fuerte en Portugal, no podían
elegir mejor persona que Jaime Arqué. Director general desde 1993 de
Helicsa, cuya fusión con Helicópteros del Sureste fundó Inaer en 2008,
también director general de Cegisa y, cuando ésta fue absorbida a su vez
por Inaer, posteriormente nombrado Director Bussiness Development para
el sureste de Europa dentro del Grupo Inaer, Arqué tenía una larga y
valiosa experiencia en trabajar a varias bandas. Además, es presidente
de la propia AECA —la Asociación Española de Compañías Aéreas donde
están agrupadas las 14 empresas investigadas en la Audiencia Nacional— y
presidente también de la Asociación Europea de Helicópteros, desde la
que acostumbra a hacer hincapié, en declaraciones y conferencias, en el
mercado portugués —debido a su evidente falta de medios propios aéreos—.
Por supuesto las intenciones de manipular el mercado en
Portugal se mantuvieron durante años hasta el día de hoy. En un correo
de 2012 enviado por Arqué a Huerta y a Francisco Alandí, se explica: “Os
quiero informar que la Alta Dirección del Grupo está de acuerdo en
llevar adelante el proyecto de colaboración multinacional para ampliar
las operaciones en Portugal, Francia e Italia. Todo ello con la
adquisición de los aviones que sean necesarios”, y que “ambas partes
—Avialsa e Inaer— declaremos nuestra intención de negociar los
correspondientes contratos, que supongan, por un lado la adquisición de
los aviones, y por otro la entrada de Inaer en los contratos de
Operación Portugal y Francia en la medida que se acuerde para el año
2013”.
La adquisición de aviones ad hoc no podía corresponder
sino a una estrategia a largo plazo. En el mismo correo se indica su
intención de influir en las instituciones estatales Vigili del Fuoco,
italiana, y Sécurité Civile, francesa.
Otro de los nombres que suena con frecuencia es el de
Carlos Craveiro, ex piloto de Avialsa, gerente de Agro-Montiar, y
también investigado y cuya implicación queda bien clara en los correos
mencionados más arriba. A pesar de que Craveiro aparece repetidas veces
tanto en la causa abierta en la Audiencia Nacional como en la abierta
por la Procuradoria portuguesa, continúa desempeñando funciones para
empresas públicas y privadas.
Sin ir más lejos, fue el designado como
comandante y director de operaciones de las pruebas de un avión Air
Tractor en Madeira, adonde se desplazó el 2 de mayo de 2017 para
demostrar su idoneidad como instrumento de combate al fuego en el
archipiélago. El Airt Tractor por supuesto pertenece a Avialsa, y un
mes más tarde el Ministerio de Administração Interna confirmaba las
buenas aptitudes del avión. Otro contrato para Avialsa, esta vez con el
Gobierno Regional de Madeira.
El abogado defensor de Heliportugal, Pinto Coelho, aunque
sin hacer acusaciones, también puso el punto de mira sobre otra persona:
Filipe Lobo D’avila, director del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Luso-Española. Además de tener un perfil político de alto nivel
—exdiputado, ex secretario de Estado de la Administração Interna, ex
alto funcionario del Ministério da Justiça—, D’avila también es abogado,
y fue el que defendió a Everjets cuando ésta interpuso una demanda
precisamente al Ministerio de Administração Interna —MAI—.
Lo particular
del caso es que Everjets tramitó su demanda cuando D’avila era
secretario de Estado en la MAI, y cuando D’avila salió del MAI, fue el
abogado defensor contra el propio ente. " (Daniel Toledo, 27/09/17)
