"Las actividades presuntamente ilícitas de la Academia ourensana investigada por un presunto fraude en cursos de formación en el que la Policía implica al jefe de personal de la Diputación provincial
llegaron a los agentes en 2015. Pero antes ya habían llegado a otra
instancia, el Valedor do Pobo [defensor del pueblo gallego].
En el año
2013 una ciudadana se dirigió a la defensoría gallega, entonces dirigida
en funciones por José Julio Fernández - su antecesor se había visto obligado a dimitir por defender los recortes del PP-,
para denunciar presuntas irregularidades en la actividad del Centro
Sano Pablo.
Aquella queja describe una manera de actuar muy semejante al
después descubierto por la Policía y revela también que la academia
tuvo que devolver más de 80.000 euros a la Xunta por no cumplir las
condiciones de las subvenciones que había recibido de la Consellería de
Traballo que, por lo tanto, al menos dos años antes ya había detectado
irregularidades en esta organización.
Según la conclusión del expediente del
Valedor, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, la queja de la
ciudadana fue trasmitida por el alto comisionado a la Consellería, que
confirmó que el Centro San Pablo y la asociación AEXPA habían
participado en varias convocatorias de ayudas para cursos dirigidos a
personas desempleadas. Algunas de ellas habían acabado teniendo que ser
"reintegradas" y algunas otras no habían llegado a abonarse.
Concretamete,
el Centro San Pablo consiguió en 2011 algo más de 53.000 euros para
desarrollar un curso de Técnico de Software ofimático, aunque fue objeto
de un "procedimiento de reintegro" por algo más de 43.000 euros por
"incumplir" el "compromiso de contratación" anexa a la formación. En el
caso de AEXPA sucedió lo mismo con un curso de Diseño Web y Multimedia
por importe de casi 55.600 euros de los que trabajo le reclamó unos
43.200, también por el "incumplimiento" del compromiso de contratación.
Al año siguiente, en 2012, las dos
entidades participaron de nuevo en estas convocatorias, optando a un
total de seis cursos. En esa ocasión, no obstante, la información
suministrada por la Consellería al Valedor indica que los pagos no
llegaron a producirse porque Centr Sano Pablo y AEXPA mantenían deudas
con la Seguridad Social y, el caso de la academia, también con la
Consellería de Facenda, lo que imposibilitaba legalmente el pago.
Siempre según este expedidente del
Valedor, que también fue informado de la "posible connivencia de una
funcionaria de la Consellería" en este presunto fraude -la ahora
investigada-, entonces Traballo informó de la puesta en marcha de una
"investigación" interna.
El Valedor indicaba, a modo de conclusión, que
"en función del resultado" de esa investigación la Xunta "podría"
promover "la correspondiente denuncia ante la autoridad competente",
algo que también podría hacer la ciudadana reclamante "si interpreta
(...) que los hechos pueden ser constitutivos de delito". (David Lombao, eldiario.es, 29/04/17)
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