"Responsabilidades penales y económicas tanto para los responsables o funcionarios municipalescomo para la promotora del inmueble, Martinsa-Fadesa cuando estaba bajo el mando de su fundador, el coruñés Manuel Jove"

"Esta espinosa herencia urbanística dejada por el exalcalde socialista Francisco Vázquez puede también acarrear importantes responsabilidades penales y económicas tanto para los responsables o funcionarios municipales, por otorgar en 1997 una licencia urbanística ilegal, como para la promotora del inmueble, Martinsa-Fadesa cuando estaba bajo el mando de su fundador, el coruñés Manuel Jove. (...)

Hasta ahora, tras 14 años de litigio judicial y una década de recursos fallidos (ya no hay margen para más), nadie asumió responsabilidad alguna por este desaguisado nacido en la época dorada del vazquismo y del bum inmobiliario de A Coruña.

Y hay múltiples indicios e incluso documentos que apuntan a que tanto en el Ayuntamiento como la propia inmobiliaria eran conscientes de la ilegalidad en la que incurrían al conceder y obtener, respectivamente, una licencia de obras que era contraria al Plan General de Ordenación Municipal vigente. (...)

La comunidad de propietarios del inmueble de tres bloques ocupado ahora por un centenar de viviendas, oficinas y locales también confían en que el Ayuntamiento halle una solución para cumplir la orden judicial evitando el derribo del inmueble.

"Pero habrá que pedir responsabilidades, los políticos no se pueden ir de rositas", afirma a título personal Francisco Cabanal, dueño de uno de los bajos comerciales.

Todo comenzó en junio de 1997 cuando Fadesa compró a Fenosa, por 2.250 millones de pesetas (13,52 millones de euros), el solar y edificio que albergó durante décadas, en el centro de A Coruña, la sede de la eléctrica.

Cinco meses después, la promotora obtenía del Ayuntamiento, siendo concejal de Urbanismo el expresidente de la Diputación coruñesa y actual secretario provincial del PSOE, Salvador Fernández Moreda, la licencia para cambiar el uso del edificio, de terciario a residencial, y rehabilitarlo aumentando la superficie construida en 2.500 metros cuadrados.

Un incremento de la edificabilidad suculento pero que estaba prohibido en el plan en vigor, el de 1985.(...)

No está en juego la demolición integral del edificio, ya que lo que se anuló, por ilegal, es una licencia de rehabilitación. Pero devolver el Conde de Fenosa a su estado original, es decir, al volumen que tenía cuando albergaba la sede de la eléctrica, supondría abatir 2.400 metros cuadrados de su actual superficie.

Tras fallar reiteradamente los intentos del PSOE de legalizar la edificación, el BNG insta a Negreira a pedir ante el tribunal la imposibilidad material de ejecutar la sentencia. "Reponer el edificio a la situación anterior resulta de imposible ejecución", afirma el portavoz nacionalista, Xosé Manuel Carril.

Los tribunales, tanto el Superior de Galicia como el Supremo, no sólo anularon la licencia urbanística con la que Fadesa reformó en 1997 el edificio, sino también consideraron ilegales que tuviera menos plazas de garajes que viviendas, así como las dimensiones del patio interior de este inmueble de tres bloques.

Rectificar esas ilegalidades tampoco es técnicamente fácil. Y el derribo de uno de los edificios más grandes del centro urbano de A Coruña puede abocar a las arcas municipales a la bancarrota: la operación podría costar entre 40 y 45 millones de euros.

El Bloque asegura que es el titular de la licencia anulada, Martinsa-Fadesa, el que, por ley, está obligado a presentar un proyecto de demolición para ejecutar la sentencia."                 (El País, ed. Galicia, Galicia, 26/09/2011, p. 1) 


"El céntrico edificio de A Coruña con orden judicial firme de derribo, el Conde de Fenosa, supuso un negocio inmobiliario de pingües beneficios. 

Y todas las trabas legales en la normativa urbanística que regía en aquel momento en la capital provincial fueron obviadas para que fructificase la lucrativa operación de convertir en lujosa y grande urbanización residencial de tres bloques el inmueble que albergó durante casi cuatro décadas la sede de Unión Fenosa.  

En los informes emitidos por los técnicos del Ayuntamiento para conceder al nuevo dueño del edificio, Fadesa, la licencia de "cambio de uso, ampliación y rehabilitación de un edificio existente", se eludió hacer mención alguna a las razones que llevaron, cuatro años después, a los tribunales a anular ese permiso municipal y ordenar la demolición parcial de la edificación.

Fue en 1997, en pleno bum inmobiliario de A Coruña y en el apogeo de su exalcalde, el socialista Francisco Vázquez, cuando a la compañía eléctrica, trasladada a Madrid, decidió transformar en residencial su antigua sede. Y lanzó un concurso para permutar, previas obras de rehabilitación, el inmueble de oficinas en viviendas y locales comerciales.

Pero, ignorando las propuestas de una docena de promotores que participaron en aquel concurso, la compañía eléctrica decidió finalmente y por sorpresa, en junio de 1997, venderlo directamente a Fadesa, entonces bajo el mando de su fundador, el coruñés Manuel Jove.

La operación entrañaba riesgos para el promotor, dado que el edificio original, construido a principios de los años 60, estaba fuera de ordenación urbanística; es decir, que no cumplía el plan general de 1985, vigente entonces. Esa condición limitaba el negocio inmobiliario que suponía construir para su posterior venta pisos y bajos comerciales, dado que estaba prohibido aumentar el volumen y la superficie construida del edificio.

Y había otros obstáculos, como la necesidad de tramitar un proyecto específico para legalizar la pretensión, entonces prohibida en el plan general, de convertir, como así se hizo, un inmueble de manzana compacta en uno de varios bloques unidos por un patio interior.

Pero, pese a todo, la inmobiliaria parecía confiada en obtener sin grandes trabas ni demora el visto bueno del Gobierno municipal presidido por Vázquez y con Salvador Fernández Moreda, el expresidente de la Diputación y actual concejal y secretario provincial del PSOE, al frente de la concejalía de Urbanismo.

Fadesa incluso hace constar esa expectativa en el contrato de compra-venta firmado con Fenosa en junio de 1997. "Está previsto que razonablemente la citada licencia será concedida con anterioridad a la fecha de desalojo del inmueble", fijada para el 31 de enero de 1998.

En ese contrato privado, las dos empresas condicionan toda la operación, y también el pago de los 2.250 millones de pesetas (13,52 millones de euros) que Fenosa cobraría de Fadesa por el edificio, a la obtención de esa licencia municipal.

Sus expectativas se cumplen con celeridad, dos meses antes del plazo máximo. El 10 de noviembre de 1997 el Gobierno coruñés concede la licencia a Fadesa y el 2 de marzo de 1998, tras aceptar el proyecto de ejecución redactado por Fadesa, autoriza el inicio de las obras.

Previamente, y con toda diligencia, los técnicos del Ayuntamiento emiten informes favorables. Son firmados por el arquitecto municipal, Rafael González-Cebrián Tello, y el ingeniero de Caminos José Martínez López. Pero en ninguno se hace referencia a las trabas legales que conlleva el proyecto de rehabilitación del edificio.

Ninguno menciona que el edificio Conde de Fenosa está en situación de fuera de ordenación. Sí recogen, sin embargo, y dan el visto bueno, pese a que lo prohibía la normativa en vigor, a que Fadesa incremente la superficie construida en 2.473 metros cuadrados.

Tampoco ningún informe técnico alude a que no se cumplía el mínimo de plazas de garaje que establecía la norma urbanística ni a la dimensión de los patios interiores. Ambas son razones añadidas por las que el Tribunal Superior, en 2001, anuló por ilegal la licencia municipal y ordenó el derribo.

Un fallo judicial ratificado por el Supremo y que, tras 14 años de litigio y múltiples recursos fallidos, tanto del Ayuntamiento como de Fadesa, es ahora irrevocable.
Todos los intentos posteriores de legalizar el edificio, con sucesivas licencias municipales en 1999, al amparo del nuevo plan general de 1998, fueron vanos."                       (El País, Galicia, 03/10/2011,mp. 3)