El alcalde quedó emplazado a la apertura del correspondiente expediente de reposición de la legalidad y a realizar una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de Ponteareas que sirviera de aviso a los potenciales compradores de las viviendas.
Agustín Pacheco Hernández y Paulina Gregorio Vidal, los socios de la promotora que realizaba las obras, Fincas Cañiza, SL, son el yerno y la hija de Manuel Gregorio, a la sazón teniente de alcalde de A Cañiza, circunstancia que, según la demanda presentada en los juzgados de Ponteareas, bien podría haber influido en la actitud municipal.
El Ayuntamiento abrió expediente de reposición de la legalidad urbanística y requirió a Fincas Cañiza para ajustar las obras a la licencia otorgada.
Pero la promotora fue formulando sucesivos recursos contra la paralización de las obras, hasta acabarlas, sin llegar a operar en ellas la reposición de la legalidad, y a su vez fue vendiendo las viviendas sin que nadie previniera a los compradores del litigio que pesaba sobre ellas.
En septiembre de 2009 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en sentencia firme, evitó la demolición del edificio al atribuir a "un error" su infracción capital (la invasión por los pilares de la obra del ancho normativo de la calle en 20 centímetros), e instó a Fincas Cañiza a subsanar media docena de aspectos ilegales. Pero la promotora aduce que está en la ruina.
Mera, según la demanda y las conversaciones grabadas que la acompañan, comprometió entonces la colaboración municipal -y la de su potencial sucesor en la alcaldía, el candidato del PP, Miguel Domínguez- para que se "maquillen" las obras ordenadas -añadiendo una pared a la fachada que disimule la anchura del vuelo o simulando ventanas falsas, por ejemplo-, que realizará otro constructor supuestamente concertado con él al efecto, José María Fernández Amado, el cual es también propietario de un bajo y de dos de las viviendas del edificio.
Fernández Amado ha accedido a esta propiedad en un marco de relaciones y deudas con Fincas Cañiza, que esta, según afirma en otra conversación grabada, no ha acabado de saldar con él, y propone a los demás propietarios que sufraguen las obras de reforma al precio de "unos 15 o 20 millones de pesetas".
El edificio está parcialmente habitado y funciona aún, en abastecimiento de agua y electricidad, con las conexiones de obra. El alcalde garantiza la conexión futura a las redes municipales sin coste mayor para los propietarios, siempre y cuando estos apañen las reformas ordenadas por el TSXG y no presenten denuncias.
Es lo que ha hecho una de las compradoras. Contra el alcalde, Fernández Amado, Fincas Cañiza y los arquitectos Jesús Alonso Taboada (tasador de Tecnicasa), Francisco M. Iglesias Rodríguez, director técnico de la obra, y Pablo Ortiz Uribarri, que certificó su final, porque supuestamente ninguno constató sus ilegalidades y todos certificaron su realización de acuerdo al proyecto y a la normativa. El Ayuntamiento aún no se ha planteado qué hacer si los propietarios no asumen las obras.
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