No lo cumplió y, según fuentes cercanas a la entidad, acabó 2010 con significativas deudas.
La Xunta ha inyectado en ella no menos 500.000 euros en 2011, pese a estar obligada la FPV a la autosuficiencia económica y no desarrollar desde hace meses ninguna actividad. Está pendiente de juicio, además, una reclamación salarial de 570.000 euros de su primer gerente por despido improcedente.
La FPV fue presentada públicamente el mismo día de su constitución formal, 16 de abril de 2010. Arrancó con unos fondos de 220.000 euros aportados por sus patronos:
Autoridad Portuaria de Vigo, que la promueve y se reserva la presidencia en la persona de Corina Porro, 60.000 euros; Citroën, 25.000 y Pierre Ianni como vicepresidente; Caixa Galicia (antes de su fusión con Caixanova), 50.000 euros y plena colaboración en cesión de espacios culturales; Caixanova, 25.000; Remolcanosa, 25.000; Termavi (estiba portuaria), 25.000; y Pescanova, 10.000 euros. Javier Touza, presidente de los armadores de pesca (Arvi), es el tesorero.
Además, según el mismo plan de actuación, estaba prevista la captación de otros 438.000 euros asociaciando a la FPV a 400 empresas, con una cuota de 1.020 euros, y a 100 personas físicas (a 300 euros). Nadie ha facilitado datos sobre los resultados de esta campaña de captación de socios, de la que EL PAÍS solo ha podido constatar que se realizó parcialmente. (...)
De las 22 actividades señaladas en el plan de actuación (en tres áreas: sociocultural, proyectos y formación), solo se ejecutaron dos y una quinta parte de otra (la exposición Piratas: los ladrones del mar, que costó 40.000 euros y hacía paquete con otras cuatro muestras inéditas). No se ejecutó ninguna actividad del programa de las destinadas a generar ingresos.Las que se realizaron consumieron las aportaciones de patronos y socios y, en diciembre, según las fuentes consultadas por este periódico, la FPV tuvo que recurrir a una póliza de crédito de Novacaixagalicia por importe de 50.000 euros para afrontar sus gastos corrientes. (...)
Tal vez la actividad más polémica fuera la emisión desde la Estación Marítima del programa El gato el agua, de la cadena de televisión ultraderechista Intereconomía, que glosó las excelencias del puerto de Vigo y de su presidenta "frente a una alcaldía obstruccionista".
Tres gerentes en un año y con visitas a los juzgados
La Fundación Puerto de Vigo (FPV) ha tenido tres gerentes en su año de existencia. El primero, Pablo Alborés Cabaniña, un joven profesor de Porriño con amplia experiencia en fundaciones, recibió de Corina Porro el encargo de montarla, así ella accedió a la presidencia de la Autoridad Portuaria.
Porro quería un instrumento alternativo a la "histórica" Fundación Provigo que preside el alcalde, Abel Caballero, quien repetidamente ha denunciado el incumplimento de la Xunta y de la Diputación en el pago de sus cuotas. Los socialistas señalaron a la FPV como "tapadera electoral" del PP en la aspiración de Porro a la alcaldía. (...)
Alborés trabajó un año en el montaje de la fundación y el mismo día de su constitución formal, 16 de abril de 2010, firmó el contrato que le acreditaba como director-gerente de la misma, con un sueldo anual de 57.000 euros.
"Me lo dieron hecho, yo no intervine en nada", afirma Alborés. Unos días después le fue sugerido que dimitiera "por no ser del PP". La propia Porro le ofreció la opción de un año de excedencia para volver al cargo "después de las elecciones".
Pero días después recibió por burofax la notificación de que el Patronato había aceptado su dimisión el 30 de abril. "Ni había presentado la dimisión ni se celebró esa reunión del Patronato", asegura. Porro insistió en posponer la resolución de su contrato al 22-M, pero, al no conseguir ella la alcaldía, para Alborés también despareció todo interlocutor con el que poder negociar su situación.
Tampoco compareció nadie de la FPV en el SMAC para la conciliación. Ahora, acogiéndose a la única cláusula de rescisión de su contrato, tiene planteada una demanda por despido improcedente, en cuyo caso se le reconoce una indemnización de 10 años de salario, esto es, 570.000 euros que reclama a la FPV.
Corina Porro tendrá que prestar declaración por este motivo en el juzgado, en septiembre.
La FPV, al apartar a Alborés, cambió las llaves de su sede y despidió a dos de los tres empleados contratados, que percibieron, por unos días de trabajo, una indemnización de 6.000 euros cada uno.
Le sustituyó en la gerencia Mario Ubiaga, a quien Alborés había llevado a la FPV como director de eventos. Ubiaga fue despedido días antes de la campaña electoral, estando de baja por depresión.Ubiaga aceptó una indemnización de 100.000 euros, de los que le pagaron en mano 25.000 y el resto, en pagarés pendientes de cobro. Ahora desempeña la gerencia Javier Fuertes, que rehusó comentar "nada de nada" con este periódico." (El País, Galicia, 13/07/2011, p. 1)
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