"El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al presidente
de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, a otros tres directivos de
la entidad y al grupo alimentario, como persona jurídica, por falsear
sus cuentas anuales y utilizar información relevante.
Así consta en un auto dictado dictado ayer miércoles por el
magistrado, que cita a declarar a los imputados los próximos días 1 y 2
de julio. Ruz se ha declarado competente para instruir esta causa y
admite parcialmente a trámite tres de las cuatro querellas presentadas
contra los responsables de la empresa.
Además de Fernández de Sousa-Faro, el juez ha imputado al consejero
Alfonso Paz-Andrade por los delitos de falseamiento de información
económico-financiera, falseamiento de las cuentas anuales y uso de
información relevante. Este último delito también lo atribuye a los
accionistas José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas.
Ruz que acuerda estas diligencias a petición de la Fiscalía
Anticorrupción, también rechaza en su resolución la intervención
judicial de la empresa, al considerar que está siendo sometida a un
proceso de administración concursal.
En su auto señala que de las
querellas se desprende que los administradores de Pescanova aprobaron
unas cuentas anuales “que no se ajustaban a la realidad” y que
utilizaron para dar “una imagen irreal de su situación económica y
patrimonial” que llevó a los inversores a adquirir los paquetes de
acciones de la entidad. Ni las cuentas anuales, ni los folletos
informativos ni los informes financieros “reflejaban la imagen fiel de
Pescanova”.
Ruz explica que, entre agosto de 2012 y enero de 2013, varios
analistas financieros “recomendaron la inversión en esos valores
atendiendo al signo positivo” de la información económica difundida por
Pescanova.
Destaca en este sentido que Sousa, el 16 de noviembre de
2012, avaló personalmente ante varios inversores las cuentas positivas
de la entidad. Dentro de este periodo en el que se ofreció una
información financiera y patrimonial irreal, Pescanova realizó una
ampliación de capital.
Ruz subraya igualmente que, según los querellantes, el presidente y
varios directivos de Pescanova vendieron sus acciones de la entidad poco
antes del 28 de febrero, cuando se dio a conocer al público su
situación real. Los hicieron para “evitar pérdidas en sus patrimonios
personales” y siendo plenamente conscientes “de la verdadera situación
económica de la entidad.
Ruz ha ordenado asimismo la práctica de una batería de diligencias,
entre las que destaca la petición a la Unidad Central de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que se investiguen
los “eventuales cambios significativos operados en el patrimonio” de
Fernández de Sousa-Faro y de su entorno familiar durante los años 2012 y
2013.
El juez también quiere saber de qué se habló en la reunión que la
CNMV mantuvo con representantes de la empresa el 10 de abril. Y pide el
informe realizado el pasado mes de abril por la Unidad de Vigilancia de
los Mercados sobre la supuesta venta masiva de acciones de Pescanova por
parte de la entidad Sabadell BS Bolsa FI en las fechas previas al 28 de
febrero.
Varias de las querellas cuestionan la actuación de Sabadell BS
Bolsa FI ya que, después de aconsejar la compra de títulos, “procedió a
la venta masiva de acciones de Pescanova en un momento en el que las
mismas experimentaban una subida”, por lo que se sospecha que podría
haber utilizado información privilegiada." (Cinco Días, 23/05/2013)
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