"Resulta terrible el relato del infierno laboral que vive desde hace
casi tres años uno de los cargos más importante del Ayuntamiento de
Coristanco (A Coruña), la secretaria municipal.
El veterano alcalde de
esta localidad de Bergantiños, Antonio Pensado Plágaro, del PP, deberá
declarar el próximo 22 de septiembre ante la juez de Instrucción número 2
de Carballo, quien lo citó tras admitir a trámite la detallada denuncia
por acoso laboral presentada por María del Carmen Seoane.
Acusa al
regidor, imputado por corrupción en otra causa, de someterla a una
auténtico asedio para impedirle que cumpla su función de garantir que se
cumpla la ley en la gestión de ese Ayuntamiento.
La funcionaria sostiene ser víctima de toda clase de presiones,
ataques y zancadillas para ser eliminada de su puesto de trabajo desde
el minuto uno de su toma de posesión, en septiembre de 2011, tres meses
después de la reelección de Pensado como alcalde.
Y todo porque,
cumpliendo con su obligación de ser la garante de la legalidad, intentó
erradicar, señala, “ciertos hábitos muy arraigados que ignoraban y
burlaban las normas”.
Su caso recuerda al de la secretaria municipal de
Palas de Rei, en Lugo, cuya querella mantiene imputado al regidor
popular Pablo Taboada por acoso, prevaricación, falsedad documental y
fraude de subvenciones.
Los expedientes y la toma de acuerdos en Coristanco, cuenta Seoane,
se hacían a su llegada “sin los mínimos requisitos y garantías legales”.
Pero cuando quiso cambiar esa situación, lo que encaja perfectamente
con sus competencias y responsabilidades, el alcalde, denuncia la
secretaria, inició “una persecución implacable” con el único fin de
conseguir la marcha de la funcionaria.
Un acoso que no sólo continúa a
día de hoy, sino que se duplicó y alcanza límites casi insostenibles
según María del Carmen Seoane, después del registro policial del
Ayuntamiento en febrero pasado y la incautación de documentación que
llevó al otro juez de Carballo, el de Instrucción número 1, a imputar
hace un par de semanas al regidor por los delitos de malversación de
fondos públicos, prevaricación y abuso de influencias.
La secretaria municipal colaboró con la Policía Judicial y del
Seprona durante aquel registro, relacionado con una investigación por un
supuesto de trato de favor del alcalde a empresas de Coristanco. Su
ayuda debió ser muy agradecida para los agentes, pero no para Antonio
Pensado, quien lleva 23 años al frente del Ayuntamiento.
Se disparó la
situación de acoso ya hasta entonces tremenda que sufría, con un regidor
que ya por entonces no se cansaba, acusa la mujer, de interferir en sus
funciones, obstaculizar todos sus informes o incumpliéndolos cuando no
son de su agrado y sobrecargarla de trabajo con peticiones imposibles de
realizar. Cambió incluso varias veces y sin previo aviso la cerradura
de su despacho.
Tras el registro policial, Pensado, según contó Seoane a la juez,
incrementó la presión y su asedio con el objetivo último, según se
sospecha y suele ser habitual en estos casos, de llevar a la funcionaria
a cometer cualquier error en su trabajo que permita expedientarla y
echarla.
Llegaron incluso a desaparecer informes de la secretaria,
obligatorios e imprescindibles en determinados procesos administrativos.
Y el alcalde aprovechaba entonces para denunciar a la mujer ante la
Xunta o el Ministerio de Administraciones Públicas para que le abriesen
expediente.
El relato de lo ocurrido en vísperas de las elecciones europeas, a
finales de mayo, resulta pavoroso: la secretaria, en el último día hábil
que tenía para dejar todo listo, como es su obligación, para esa cita
con las urnas, tuvo que atender “urgencias” del alcalde, que convocó,
durante la misma mañana y sin avisar, dos mesas de contratación
consecutivas y una junta del gobierno local extraordinaria.
Fue la asociación gallega contra el acoso moral en el trabajo la que
difundió ayer el relato de este hostigamiento bajo investigación. Y lo
relacionó directamente con la imputación de Fernando Pensado Plágaro por
malversación y prevaricación, por mucho que ambas causas judiciales no
guarden formalmente relación alguna.
“El acoso laboral es un detector
infalible de corrupción”, recuerda el colectivo. Porque de eso se trata,
añade, en empresas o instituciones públicas que actúan al margen de la
ley: asedian a todo personal que intenta cambiar o evitarlo porque “se
convierte en un obstáculo a eliminar”. (
Paola Obelleiro
, El País A Coruña
2 JUL 2014)
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