Residencia ilegal en Chandrexa de Queixa. / NACHO GÓMEZ
"El asilo ilegal de 2.500 metros cuadrados promovido por el jubilado
exbarón popular José Luis Baltar para la empresa del que entonces era
uno de sus alcaldes, levantado por la constructora de otro exregidor del
PP en una aldea de 70 habitantes y sobre el que pesaba una orden de
derribo perdonada por la Xunta de Alberto Nuñez Feijóo, se salva de
todos sus males gracias a las maniobras del partido en tres
Administraciones. El remate de la obra acaba de salir a licitación por
1,5 millones de euros tras evitar la piqueta y recibir fondos de todos
los organismos controlados por los populares.
El edificio, una mole de cuatro plantas ubicada en un idílico paisaje
de alta montaña del municipio ourensano de Chandrexa de Queixa,
permanece inconcluso, luciendo ladrillo, desde la pasada década. La
Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de
la Xunta, detalló en 2010 un rosario de ilegalidades, concluyó que no
era legalizable y ordenó su inmediata demolición. Dos años después y
contraviniendo su propia decisión, la agencia urbanística del Gobierno
de Feijóo perdonó el derribo.
Ahora y tras haber consumido 662.000 euros en tiempos de Baltar
padre, el dinero para el asilo ilegal vuelve a brotar desde las arcas
públicas controladas por los conservadores. El Ayuntamiento de Chandrexa
(PP) ha sacado a licitación a través de la Diputación de Ourense (PP)
el remate del edificio y la urbanización de su entorno con un plazo de
ejecución de 20 meses. La génesis del dinero está en un convenio firmado
por Feijóo y el exministro Miguel Arias Cañete en el que la Xunta
incluyó decenas de propuestas que serían sufragadas mediante un plan
para el desarrollo rural.
Al hacerse pública la lista de obras bendecidas por ese convenio con
el asilo ilegal entre ellas, la Consellería de Benestar aseguró a este
diario que desconocía la situación del edificio y matizó que la
adjudicación de fondos no era definitiva ya que podía ser revisada. Pero
lo que se revisó casi de inmediato fue la orden de derribo.
La APLU
tumbó la demolición y despejó el camino del asilo el mismo día del mes
de junio de 2012 que este diario publicó la concesión de 1,6 millones a
un asilo con orden de derribo por parte de la Xunta y el Gobierno
central. En noviembre de 2013, la residencia recibió autorización
administrativa de Benestar, y en abril de este mismo año, la consellería
y el Ayuntamiento ratificaron el asilo mediante otro convenio.
Tras la retahíla de irregularidades descrita por la APLU en las
sucesivas inspecciones de los técnicos y en las respuestas a las
alegaciones formuladas por el propio alcalde, el Ayuntamiento redactó un
plan especial de dotaciones e infraestructuras para que el inconcluso
edificio quedase bajo el paraguas de la ley y de esta forma “fuese
considerado viable desde el punto de vista urbanístico por parte de la
agencia”.
El nuevo proyecto que acaba de salir a licitación incluye
trucos como la construcción de un talud de terreno junto a la planta
baja “consiguiéndose así que a efectos legales esta planta compute como
sótano” y la cuarta planta no quede fuera de ordenación, ya que la
normativa vigente solo permite levantar tres.
La obra lleva casi tres lustros peleando contra sus propias
irregularidades. En 2001, el pleno acordó su construcción. Desde
entonces, las Administraciones populares han tejido un guante a medida
del asilo que, según un acuerdo de 2000, fue ideado para ser cedido
gratuitamente a la Fundación Valdegodos, propiedad de la familia Candal,
que ostenta la alcaldía de Vilamartín de Valdeorras desde la dictadura y
que es propietaria de esta sociedad dedicada a los geriátricos.
El
Ayuntamiento incluso ordenó transformar las habitaciones individuales en
dobles. Un insignificante cambio en los planos del proyecto que
multiplicará los ingresos de los dueños del negocio." (
Pablo Taboada
, El País, Ourense
7 JUL 2014)
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