Varias personas se reúnen junto a la vivienda de una familia desahuciada el pasado día 19 en la parroquia santiaguesa de Aríns.
/ XOAN REY (EFE)
"Raquel está en paro y subsiste con los 365 euros de pensión de su
madre dependiente, a la que cuida las 24 horas del día soportando las
punzadas de la fibromialgia que padece. Una inminente orden de desahucio
solicitada por su casero amarga aún más la vida de estas dos mujeres,
de 33 y 56 años y vecinas de A Coruña, a las que la Xunta de Galicia no
considera merecedoras de un piso social que evite que se queden en la
calle cuando el juez decrete su desalojo.
“Sin discutir la precariedad de su situación, esta no alcanza una
singularidad tal que permita diferenciarla de la que están padeciendo la
mayor parte de los otros 5.000 demandantes de vivienda de promoción
pública de la provincia”.
Así le comunicó hace unas semanas el Instituto
Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente de la Xunta, a Raquel,
nombre ficticio para una historia real, su negativa a concederle una de
las 500 casas para realojos de emergencia que el presidente gallego,
Alberto Núñez Feijóo, anunció al poco de ganar las elecciones
autonómicas de 2012.
Para lograr uno de estos pisos el desahucio debe
ser consecuencia de una ejecución hipotecaria, no de un impago de
alquiler, mientras que fuentes consultadas alertan de que ahora son los
desalojos promovidos por caseros los que más crecen. Según datos
oficiales, solo se han otorgado 33 de las viviendas habilitadas, “el
100% de las solicitadas cumpliendo los requisitos”. Una portavoz del
IGVS explica que incluir los impagos de arrendamientos en este plan
entraña más “riesgos”.
Antes de acabar bajo ese jarro de agua fría, Raquel resistió nueve
meses de papeleo y peregrinaje por las ventanillas del Ayuntamiento y de
la Xunta, con el apoyo y orientación de Stop Desafiuzamentos Coruña.
“Servicios Sociales debería ser una guía para estas personas
desesperadas.
Pero ni son una puerta a los recursos del Ayuntamiento o
del resto de Administraciones, ni aclaran siquiera si hay viviendas. No
hay coordinación”, se queja Suso, miembro del coletivo antidesahucios de
A Coruña.
La desorientación fue la que condenó a Carlos y María, la pareja
desahuciada el pasado 19 de septiembre en Santiago de la casa en la que
vivían con sus dos hijos y una anciana. Acorralados por un bache
económico, su futuro cayó en manos de un prestamista y cuando pidieron
ayuda al colectivo antidesahucios ya estaban atrapados en su usura.
El 8
de septiembre Carlos, inmerso también en trámites por la denuncia de
estafa que le han puesto al hombre que solicitó su desalojo, acudió
desesperado al IGVS para solicitar una vivienda pública. El “tocho de
documentación” que le entregaron para cubrir a 11 días de su desahucio y
los desalentadores augurios de quienes le atendieron en la ventanilla
le quitó las ganas de volver por allí.
El hecho de que no presentara los
papeles ha sido utilizado por el alcalde de Santiago, Agustín
Hernández, para defender la actuación de la Administración en este caso.
El regidor aseguró incluso que la familia rechazó la “ayuda” para la
anciana, un apoyo que se traducía, cuentan conocidos de la afectada, en
su ingreso en un geriátrico.
“Hemos llamado a todas las puertas: decano de los jueces, Defensor
del Pueblo, Xunta, colegio de abogados, trabajadores sociales,
psicólogos, Ayuntamiento... Son todo palabras, palabras y palabras.
Ellos ayudan diciendo que van a ayudar”, relata María, activista de Stop
Desafiuzamentos Compostela. Tras el desalojo, la familia de Carlos y
María ha sido acogida por un particular que les cede gratuitamente la
ocupación de una vivienda.
Los ciudadanos amenazados por un desahucio recalan en el mostrador de
Servicios Sociales con los ojos puestos en el precipicio, noqueados, “a
veces sin saber o sin querer saber qué les está ocurriendo”. Raquel se
presentó allí a principios de este año temiendo lo que le venía encima.
Su abogada activó entonces el protocolo pactado por Feijóo y el Consejo
General del Poder Judicial en la primavera de 2013 para que los juzgados
y los Servicios Sociales actúen coordinadamente y eviten el “desamparo
total” de las familias.
De aquel protocolo nada más supo, cuentan sus
allegados, y, ante el silencio administrativo, fue ella la que tuvo que
llamar al timbre de las oficinas públicas para que repararan en su caso.
Entre trámites y trámites, incluida la revisión de la discapacidad
reconocida a su madre, solicitó la Risga. Le corresponderían algo más de
90 euros al mes de esta renta social que paga la Xunta. Sigue esperando
a que se la aprueben.
Fueron miembros de Stop Desafiuzamentos de A Coruña quienes le
recomendaron a Raquel presentarse en el IGVS y solicitar allí una
vivienda social. Lo primero que le dijeron en estas oficinas de la Xunta
fue poco alentador: “Tú pídela, pero no creo que te la den. Hay 5.000
solicitudes y solo cinco viviendas en la ciudad”. Es lo mismo que le
dijeron a Carlos 11 días antes de ser desahuciado.
Pese a todo, Raquel
pidió una casa por las dos vías posibles: por la ordinaria, que implica
ponerse en una cola con los otros 5.000 gallegos de la provincia de A
Coruña que la han demandado y esperar al sorteo, y por la adjudicación
directa para casos de emergencia. Por la primera opción sigue
aguardando. La carta que no veía en sus desdichas ninguna “singularidad”
finiquitó la segunda alternativa.
Las palabras de esa misiva son las mismas con las que el IGSV
despachó la petición de un piso social que hizo Elisabeth Sanlés, la
mujer que fue desahuciada junto a sus tres hijos menores de su casa del
barrio coruñés de O Castrillón en noviembre pasado.
“¿Reciben todos la
misma carta?”, se preguntan los activistas antidesahucios, que no
conocen en Galicia ningún caso de adjudicación directa de un piso social
a un desalojado, a excepción de Aurelia Rey, una anciana coruñesa cuyo
desahucio tuvo gran repercusión mediática.
“[La denegación] debería
estar motivada según unos criterios y dar posibilidad de recurso. ¿Qué
es la “singularidad”? ¿Cuál es el criterio? Es demencial”, critica Sara,
miembro de la plataforma antidesahucios que acompañó a Raquel en su
frustrante periplo administrativo.
Pilar, otra activista bregada en asistir a personas abocadas a un
desahucio, lo tiene claro: “A esta gente no se le hace caso hasta que no
hay una reacción de la ciudadanía”. Cuando su angustiosa situación
salió en los medios, Raquel fue recibida por el concejal de Servicios
Sociales de A Coruña, Miguel Lorenzo (PP), quien la animó a buscar con
esos ingresos mensuales de 365 euros para dos personas un piso de
alquiler.
Después, le dijo, ya buscarían en el Ayuntamiento alguna forma
de ayudarle a pagar. “Quieren condenarla a que se cronifique su
problema. La animan a ir a Cáritas. Asumen que es una persona que
pertenece al grupo de los excluidos y que solo merece caridad”, afirma
Bran, de Stop Desafiuzamentos Coruña.
En la actuación administrativa frente a los desahucios no todo es
descoordinación y burocracia. Solo 12 horas después de recibir la orden
de desalojo de su casa en A Coruña, Elisabeth Sanlés vio cómo la policía
local cortaba el tráfico en su calle, desembarcaban varios furgones de
policía nacional y llamaban a su puerta trabajadores de Servicios
Sociales y del juzgado, movilizados por tres Administraciones distintas.
Venían a echarla de casa." (
Sonia Vizoso
, El País, Santiago
27 SEP 2014 )
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