"El Consello de Contas de Galicia no va a investigar la denuncia de la asociación Batas Blancas que alertó de las irregularidades detectadas en varias subcontratas del hospital de Pontevedra, a pesar de que su coste supera los doce millones de euros, de que el propio organismo ya detectó puntos negros
en las licitaciones, y de considera que, de resultar finalmente
probadas, supondrían un incumplimiento de las normas de contratación
pública.
Batas Blancas denunció el pasado mes de
septiembre ante el Consello, que se encarga de fiscalizar los
presupuestos y gastos del sector público autonómico, que el Complejo
Hospitalario de Pontevedra (CHOP) seguía pagando a tres empresas proveedoras de servicios cuyos contratos habían expirado, y también los plazos legales por los que se prorrogaron.
En concreto se trataba de la adquisición de materiales y equipos del
laboratorio; el transporte, distribución y organización de almacenes de
farmacia e historiales clínicos, y la explotación de la cantina del
Hospital Montecelo, adscrito al CHOP.
Los tres contratos, que sumaban 12,1
millones de euros y se licitaron en el 2011 con duraciones de dos años
los dos primeros y cuatro el tercero, fueron prorrogados y extendidos en el tiempo
en las mismas condiciones. Según la normativa de contratación pública,
el Servicio Galego de Saúde (Sergas), titular del hospital, debería
haber convocado un nuevo concurso para licitarlos, más aún cuando las
condiciones y costes de los servicios habían variado con los años.
En un escrito de respuesta a Batas Blancas,
el consejero mayor del Consello de Contas, José Antonio Redondo López,
admite que los dos primeros contratos fueron objeto de auditoría por ese organismo,
cuyos inspectores hallaron numerosas irregularidades en la licitación
inicial tal y como dejaron reflejado en el informe de fiscalización de
las cuentas del Sergas 2012-2014.
Y advierte de que los hechos
denunciados podrían constituir “hechos presuntamente disconformes con la normativa de contratación”
que deberían dar lugar a la actuación del propio Sergas o de los
tribunales. Pero anuncia que el Consello de Contas no los investigará
porque, según se deduce, no tiene tiempo ni medios suficientes.
“Actualmente el Consello está desarrollando, con carácter prioritario, las fiscalizaciones incluidas en el presente Plan de Trabajo
comprometido frente al Parlamento de Galicia, por lo que no es posible
acordar en este momento la realización de una fiscalización relativa a
los hechos denunciados”, asegura Redondo, dando cuenta del acuerdo del
pleno del organismo celebrado el pasado 21 de noviembre.
El Consello de Contas de Galicia está formado por el consejero mayor y
otros cuatro consejeros, y cuenta con un presupuesto anual de más de 6,6
millones de euros. Según su último presupuesto publicado, de esa
cantidad más de cinco millones se destinan a gastos de personal." (Juan Oliver, Público, 04/12/17)
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