Una oleada de derribos amenaza las arcas de municipios costeros

"La reposición de la legalidad urbanística pone a los ayuntamientos contra la pared. Las sentencias judiciales firmes con ese objetivo, que pasa por anular licencias municipales y, subsiguientemente, ordenar la demolición de las obras ilegales, se convierte en una amenaza drástica para el funcionamiento económico de los municipios y, por extensión, para la economía civil generada por el anterior auge de la especulación inmobiliaria.

El alcance de esta amenaza se hace patente en A Guarda, el primero de los ayuntamientos sacudidos por los tribunales: su presupuesto no alcanza ni para la primera tanda de derribos por licencias mal concedidas, y aún hay más sentencias pendientes de ejecución. En esa tesitura se verán a corto plazo otros ayuntamientos, especialmente del sur de Pontevedra, sobre los que en los próximos meses, según fuentes jurídicas consultadas, caerá una oleada de sentencias de idéntico contenido. (...)

En los ayuntamientos la crisis del ladrillo ya ha provocado una merma drástica en sus ingresos por la concesión de licencias. Ahora, además, tendrán que afrontar los costes de la reposición de la legalidad urbanística, bien directamente o repercutiéndolos, allá donde proceda, sobre las empresas o particulares que promovieron las obras ilegales. Unas se realizaron sin licencia, otras recibieron licencias que contravienen la legislación vigente y otras, en fin, desbordan el marco de actuación de los permisos que recibieron. La reposición de la legalidad pasa a ser en todas ellas una responsabilidad municipal y, aunque nadie adelanta cifras, tampoco nadie duda de que tendrá una incidencia capital sobre las economías locales afectadas." (El País, ed. Galicia, Galicia, 15/12/2009, p. 1)

"En Vigo, con los recursos judiciales prácticamente ya agotados, se espera cruzando los dedos una sentencia inminente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que determinará si finalmente es factible la legalización, al amparo del nuevo plan general de urbanismo, de una urbanización condenada desde hace años a la demolición. Es la de Jacinto Benavente (el centro comercial de Toys'R'Us y 198 viviendas). De prosperar, abrirá posibilidades de permanencia al resto de las urbanizaciones ilegalizadas en el municipio (unas 1.500 viviendas en total); en caso contrario, señalará un paso más al derribo como destino inexorable de todas ellas. (...)

La legalización de estas urbanizaciones es la única alternativa que evitaría la bancarrota municipal, ya que todas fueron construidas con licencia y el ayuntamiento tendría que indemnizar a los promotores o propietarios. Sólo en la última de ellas, la de Finca do Conde, el coste de reposición de la legalidad supondría 300 millones de euros, lo que supera ampliamente el presupuesto municipal de los últimos ejercicios.

Estas tentativas para legalizar las urbanizaciones implican su adaptación, mediante las obras necesarias, a las condiciones que fija el nuevo plan general, aunque serán los tribunales los que determinen si se cumple en cada caso la transformación requerida. En Jacinto Benavente, punta de lanza de la eficacia jurídica que pueda alcanzar la adaptación, ésta se ha realizado con reformas factibles, como el rediseño de los aparcamientos para aumentar la dimensión de sus plazas. En otros casos, la adaptación se hace más complicada. Así sucede en Rosalía de Castro (800 viviendas), donde, al margen de otros aspectos también judicializados, su adaptación a la nueva normativa choca con la estructura de los edificios. Por su altura superior a 28 metros, el plan general obliga a que dispongan de dos cajas de escalera: sólo disponen de una y nadie ve manera de abrir el hueco de la otra." (El País, ed. Galicia, galicia, 15/12/2009, p. 2)