"Ni huele ni sabe a nada, por eso los vecinos de Punxín (Ourense)
bebían tranquilamente el agua del grifo, cristalina, como debe de ser.
Hace algo más de un año, Sanidade prohibió su consumo, aunque la guerra
vecinal contra el veneno invisible ya llevaba meses en ebullición.
El
arsénico producido de forma natural en el subsuelo de la comarca se
filtró al agua sin que ninguna autoridad diera la alerta hasta que los
mismos vecinos lo descubrieron pagando analíticas de su bolsillo. “Se
sabía desde hace mucho tiempo que había arsénico”, espetó el alcalde en
un tenso pleno convocado para tratar el problema, pero hasta que
Sanidade se lo impuso no emitió bandos explicando el peligro.
En 2010, el entonces alcalde socialista privatizó el servicio de
aguas para entregárselo a Aquagest por 25 años. Tras la toma de posesión
del actual regidor, Manuel Vázquez (PP), los vecinos se toparon con un
incremento del 300% en el recibo porque así lo ordenaba el contrato. Las
protestas surgieron de inmediato, pero el alcalde hizo caso omiso: “No
puedo hacer nada.
En el contrato tienen 107.000 euros al año y hay que
dárselos”. Ante la falta de soluciones, se organizaron creando un
ejército vecinal al que llamaron Comisión del Agua. Y descubrieron que
el problema iba más allá de la factura. En su lucha contra las tasas
encargaron varias analíticas para comprobar la calidad del agua y
descubrieron que no era potable: el arsénico se incorpora a los
acuíferos de los que se nutren grifos y fuentes de varias aldeas.
La
Organización Mundial de la Salud (OMS) establece el límite en 10
microgramos de arsénico por litro y, por ejemplo, en la aldea de
Ourantes descubrieron que bebían y cocinaban con agua que tenía 23. No
era la única afectada. Otros tres pueblos usaban agua con veneno. La OMS
destaca que su consumo prolongado puede causar enfermedades en la piel,
vómitos y hasta cáncer.
Desde que descubrieron el arsénico cerraron sus grifos, pero Aquagest
sigue cobrando puntualmente sus recibos cada trimestre. Como protesta,
muchas familias no pagan y ante el desamparo de las Administraciones, la
solidaridad vecinal permitió que un pozo descontaminado les sirviese
temporalmente.
Hace un mes, el Ayuntamiento repartió un día a la semana
garrafas de 19 litros que compra a tres euros la unidad. “Volvimos a los
tiempos de mi abuela”, dice una vecina.
El problema no se limita al agua de la traída. El Ayuntamiento ni
confirma ni desmiente la presencia de tóxicos en las fuentes públicas
porque no han sido analizadas, pero hace meses que unos vistosos
carteles alertan de que los caños vierten “agua sin garantía sanitaria”.
Tras el escándalo, Aquagest instaló en una de las aldeas afectadas una
depuradora que elimina el arsénico, pero algunos vecinos siguen sin
fiarse. Un análisis de la empresa fechado tras la instalación de esos
filtros determinó que todavía había 12 microgramos por litro, superando
el máximo legal.
Los vecinos denunciaron el caso ante Sanidade, que ordenó abrir una
investigación. La delegada en Ourense, María Villar, prohibió el consumo
de agua el 24 de agosto de 2012. Un día después, el alcalde emitió un
bando acatando la orden a pesar de conocer la situación desde hacía
medio año a través de los análisis pagados por los vecinos.
Sin embargo,
Aquagest envió un escrito pidiendo mantener el servicio con agua
contaminada hasta la instalación de la depuradora. Sanidade se negó.
Aquagest llegó a asegurar en un documento sin fecha y sin firma que
“tenía al día el control de la calidad del agua”. “¿Y por qué no
avisaron?”, preguntan los vecinos.
El ejército vecinal ha recopilado más de 300 firmas en un municipio
que no llega a 800 habitantes. El apoyo es tan arrollador que dos de los
cuatro concejales que el PP tiene en Punxín apoyan la causa. En su
batalla se han reunido con directivos de la empresa y de la Diputación.
El alcalde no quiso recibirles. Manuel Baltar sí se reunió con ellos
pero luego derivó el caso a su jefe de Medio Ambiente.
El presidente de
la Diputación explica que “ha cooperado siempre esforzándose junto con
el Ayuntamiento en la solución del problema”, pero deja caer que “la
comisión de vecinos va por derroteros políticos”. La delegada de
Sanidade en Ourense no respondió a este periódico mientras que el
alcalde se justifica. “¿Y qué más puedo hacer yo? Me limito a cumplir
con lo que dice Sanidade”. Y así van ya dos años desde que se halló el
arsénico." (El País, 28/10/2013)
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