"Hace siete años Galicia era un lugar feliz. Su economía crecía al 4%;
el paro rondaba el 8% de la población y entre las 10 mejores empresas
sobresalían grandes buques de prosperidad: la inmobiliaria Fadesa
(después Martinsa), Pescanova y Caixa Galicia.
Pocos entonces se
imaginaban que la gran financiera gallega, que ganaba 357 millones y
hacía crecer sus márgenes por encima de los dos dígitos, estaba más
envenenada que la manzana de Blancanieves.
Su principal ejecutivo, José Luis Méndez (A Coruña, 1945), había
manejado la caja como una finca particular durante 29 años. A base de
fusiones convirtió la entidad provinciana en una de las 500 mayores del
mundo, según publicó la revista Fortune en 1990, pero en la última
década emprendió una huida hacia adelante con inversiones inmobiliarias
arriesgadas, entre otras cosas, que nadie, ni el Banco de España ni la
Xunta, frenó ni advirtió.
Delirios de grandeza, como la compra de la
isla de Sálvora (en la ría de Arousa) o ejemplos de nepotismo, como la
contratación de dos de sus hijos al frente de áreas sensibles en la
caja, se pasaron por alto mientras la obra social regaba hasta el último
Ayuntamiento de A Coruña.
Igual que le ocurría en Caixanova, su vecina del sur, las cuentas de
Caixa Galicia se presentaban siempre limpias de salvedades, avaladas por
las amplias mayorías de consejos de administración con escasos
conocimientos financieros, hechos a imagen y semejanza de los
directores.
El de Caixanova, presidido por el veterano Julio Fernández
Gayoso (Vigo, 1931) estaba formado por 18 miembros que sumaban 1.140
años de edad.
En 2009, cuando se abrió la veda de las fusiones, Caixa Galicia no
dudó en presionar para unir su destino a la financiera de Vigo, algo a
lo que ambas, furibundas competidoras, se habían negado siempre.
La
Xunta, presidida por Alberto Núñez Feijóo (PP), aceptó el envite y
encargó lo que en principio dijo que era “una auditoría”.
Posteriormente, lo rebajó a un “diagnóstico acelerado de la viabilidad
de la fusión” que realizó KPMG. El objetivo era convencer a los gallegos
de que la unión era la mejor opción. Según diferentes fuentes, el
informe costó alrededor de un millón de euros.
Fue pagado por el
departamento de la entonces conselleira de Hacienda Marta Fernández
Currás (hoy secretaria de Estado de Presupuestos con Montoro) y se
resumió en un Power Point para la opinión pública. Según la
Xunta, aquel informe afirmaba que la nueva entidad generaría un
beneficio bruto de 2.671 millones entre 2010 y 2015 y que iba a poder
devolver los 1.162 millones que se necesitaban para impulsar la fusión.
Caixanova se resistía, pero las presiones del Banco de España y del
Gobierno autónomo, sumadas al caramelo de que tendría el mando de la
nueva caja, terminaron por seducir a Fernández Gayoso.
Aupado a la
dirección de Caixanova por un alcalde franquista en 1965, Gayoso se
había jubilado teóricamente en 2006 a los 75 años, sorteando las
limitaciones de edad con argucias legales y con una pensión vitalicia de
689.000 euros anuales. Pasó entonces a ocupar la presidencia, y
continuó disponiendo de su despacho, chófer y secretaria.
Al norte, Méndez se retiró entre aplausos con 16,5 millones bajo el
brazo por su pensión acumulada. Lo hizo antes de que se conociera el
desastre, lo que le ha permitido quedar al margen de todas las causas
judiciales. Méndez cedió todo el poder a Gayoso, que firmó la fusión en
diciembre de 2010: nacía la quinta caja del país. Pero algo olía a
podrido.
Mientras el presidente de la Xunta presumía de la “solvencia” de las
cajas, ellas se dedicaban a colocar más de 900 millones en un producto de alto riesgo llamado participaciones preferentes
para tapar sus necesidades de capital. Se los vendieron a bebés,
discapacitados o analfabetos. Ahora, por cierto, Feijóo admite que las
cajas estaban “al límite” por los excesos de sus directivos.
Caixanova tampoco estaba mejor que su vecina del norte: avaló
proyectos inmobiliarios de genios como Paco el Pocero; inyectó fondos en
bodegas ruinosas, compró una empresa de jamones en Guijuelo... La caída
comenzó con la pesada digestión del ladrillo: ambas habían concedido
14.371 millones al sector, y 5.020 millones estaban clasificados como
créditos de dudoso cobro o subestándar, a un paso de la morosidad.
La situación se hizo insostenible en agosto de 2011. Los directivos
que crecieron a la sombra de Méndez y Gayoso hicieron las maletas. José
Luis Pego, Javier García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio
Gorriarán se embolsarán 52 millones en indemnizaciones y pensiones.
El que fuera número dos de Inditex, José María Castellano, tomó las
riendas del monstruo, junto a César González Bueno para traer fondos
internacionales. Al final ha llegado Juan Carlos Escotet, un banquero
venezolano que preside Banesco y que ya había comprado el también
gallego Banco Etcheverría. Novagalicia se nacionalizó con 9.000 millones
de capital público de los que solo se recuperán 1.003 millones.
Las cajas consumaron la tercera peor fusión de España por la cantidad
de recursos públicos (tras Bankia y Catalunya Banc) consumidos,
equivalentes al 20% del PIB de Galicia; destruyeron 2.679 empleos y
dejaron a miles de personas sin ahorros. Y, como siempre, nadie se hizo
responsable. “¿Cómo pasó Caixa Galicia de beneficios a necesitar tras la
fusión 9.000 millones? Yo tampoco lo sé”, aseguró Méndez en el
Parlamento de Galicia. (...)" (El País, 22/12/2013)
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