"El centro de recuperación de víctimas de violencia machista que la
Xunta abrirá en Santiago en un mes podrá ser dirigido por una mujer no
funcionaria, lo que permitirá al Gobierno gallego designar a dedo a la
elegida. Para la CIG, “la Xunta aprovecha la violencia de género para
repartir favores”.
El decreto de creación del centro aprobado el jueves
por el Consello de la Xunta, que se refiere en todo momento al cargo en
femenino, establece que “podrá ser desempeñado por personal funcionario o
en régimen de contratación laboral”, con unas retribuciones que la CIG
cuantifica en “más de 52.000 euros, gastos sociales incluidos, y una
equivalencia de jefatura de servicio”.
La ley autonómica, reformada por el PP en 2010, permite fichar
externamente y a dedo a directivos de agencias u organismos autónomos,
pero no a jefes de servicio. La Xunta argumenta que la ley contempla una
excepción para “actividades que requieran conocimientos técnicos
especializados” inexistentes entre los funcionarios y para la
“prestación directa de servicios sociales”, supuestos que en este caso
coincidirían.
La nueva directora deberá estar nombrada antes de un mes.
Con un margen tan escaso, el proceso de selección se presenta para la
CIG como un paripé para acabar nombrando a alguien afín al PP.
Aprovechando el mismo decreto, que debería limitarse a organizar el
nuevo centro asistencial, el Gobierno gallego reforma, a través de una
disposición final, el reglamento de la Asesoría Xurídica de toda la
Xunta.
Y lo hace para consolidar el nivel salarial de todos sus letrados
entre el 28 y el 30, los más elevados. Según la CIG, los letrados se
convertirían así en “la única escala de la Administración a la que le
reconocen vía decreto un nivel concreto, algo que habría que abordar en
todos los cuerpos de la Xunta”.
El Gobierno gallego argumenta que el cambio se debe a su propia
decisión de actuar como acusación popular en todas las muertes por
violencia machista, lo que implica una especial responsabilidad o
especialización de los letrados que participen en esos procesos.
Pero la
CIG critica que en vez de reforzar solo a los letrados encargados de
ese cometido se quiere “premiar” a todo un cuerpo “con unas
implicaciones políticas claras, porque son los que defienden a la Xunta
en cualquier proceso, incluso en defensa de este decreto, en el que
serían juez y parte”. (El País, 11/01/2014)
No hay comentarios:
Publicar un comentario