Vista de las grúas de los astilleros de la ría de Ferrol. / GABRIEL TIZÓN
"Los astilleros públicos de la ría de Ferrol han vuelto a tropezar estos
días con la misma piedra: los políticos, que tienen la competencia para
marcar la pauta en el confuso baile que rodea cualquier anuncio para el
sector naval.
Esta semana ha tenido su réplica en dos frentes: la
confirmación del fin del veto civil que castigaba a la antigua Astano
desde 1987 y la viabilidad (o no) del dique flotante para Navantia
Ferrol que ni Bruselas ni el Gobierno terminan de clarificar para
desesperación de una plantilla que fía su futuro a esta infraestructura
porque les abriría el mercado de las grandes reparaciones navales como
alternativa a la sequía de contratos.
En ambos casos, las informaciones
tuvieron un mismo origen, la Comisión Europea de la Competencia, y
distintas lecturas en función del color del partido que les dio
difusión. (...)
Bruselas ratifica que el veto expira el 31 de diciembre del 2014, algo
que los políticos se apresuraron a aplaudir con entusiasmo pero que los
sindicatos ya daban por hecho después de 30 años de castigo. Sobre el
papel, reabre la puerta a la construcción de buques convencionales a
partir del 1 de enero.
En la práctica la cosa es más compleja, matiza un
veterano sindicalista de Fene. Los talleres, explica, requieren una
inversión en tecnología y material que no se ha hecho ni se ha previsto,
además del reciclaje profesional para poner al día a una plantilla
exigua —200 operarios en Navantia Fene— después de 30 años. (...)
El veto a Astano era doble. El primero llegó tras la brutal
reconversión naval de 1984 y fue el peaje que España pagó para ingresar
en la CEE, que vetó a un astillero en plena forma. En vigor desde 1987,
tuvo una segunda parte en 2004.
Las autoridades comunitarias volvieron a
castigar al naval español, esta vez, por inyectar 1.200 millones de
euros que la UE consideró ayudas de Estado ilegales. Supuso la quiebra
del grupo Izar, que se deshizo de varios astilleros y se refundó como
Navantia, centrada en el mercado militar donde se integraron las
factorías de Fene y Ferrol.
La compañía nació lastrada por una limitación del 20% en la parte
civil, el tope máximo que podía facturar en ese nicho de mercado. La
crisis global y la sequía aguda de contratos militares han terminado de
engordar el déficit de un grupo que se mueve entre número rojos. Para
los sindicatos, el fin de la restricción civil no despeja el futuro.
“Ni
mucho menos”, lamentan desde CC OO, central mayoritaria, mucho más
preocupada por el “inexplicable traspaso” de las competencias
industriales de Navantia desde Hacienda a Defensa por decisión del
Consejo de Ministros del 25 de julio.
La CIG carga contra la “ceremonia
de la confusión” que rodea cualquier anuncio para el naval gallego, con
contratos que se publicitan en vísperas electorales sin haberse firmado,
como el flotel de Pemex en 2012 o la contratación del Buque de Acción
Marítima (BAM), junto antes de las europeas de mayo y pendiente de la
orden de ejecución.
El segundo escollo, la polémica en torno al dique flotante. Gobierno y
Xunta, ambos del PP, se remiten a una comunicación de la UE del 31 de
julio para dar por perdida una obra comprometida en campaña para la que
reservaron cinco millones en los presupuestos autonómicos de 2013.
El PP
se excusa en Bruselas para argumentar que financiarlo con dinero
público contravendría la normativa comunitaria y descargan la
responsabilidad de la decisión en el socialista Joaquín Almunia. La
última vuelta de tuerca al asunto se la dio el jueves el eurodiputado
del PSOE, José Blanco, que aireó una respuesta del comisario en la que
éste explica que la consulta sobre el dique que planteó en Bruselas el
Gobierno central fue “informal”.
“La Comisión no está en condiciones de
aceptar o rechazar el proyecto”, expone Almunia, que viene a decir que
no dispone de la información necesaria para pronunciarse sobre el
proyecto.
El matiz reaviva las expectativas de los trabajadores. Los comités de
Ferrol y Fene están convencidos de que la construcción del dique es
viable y apelan al propio Tratado de la UE que prevé, apuntan, ayudas
directas a comarcas “en situaciones excepcionales de paro excesivo” como
Ferrolterra, que cerró agosto con 17.663 desempleados.
“El dique
depende de la decisión política de hacerlo y todo lo demás son excusas”,
resume la CIG. Los comités buscan fechas para más movilizaciones con
los mismos objetivos: carga de trabajo dual, civil y militar para toda
la plantilla y auxiliares, dique flotante y un plan industrial urgente." (
Lorena Bustabad
, El País, Ferrol
7 SEP 2014)
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