"Galicia lideraba hasta hace dos años el ránking de la extinción de
incendios forestales de España. Era la comunidad con mayor porcentaje de
eficacia que se mide teniendo en cuenta el tiempo de control y de
extinción de los fuegos.
Hasta entonces había un mando único, pilotado
desde la Xunta, que unificaba el servicio. La reciente fragmentación del
sector en numerosos cuerpos dependientes de distintas Administraciones y
entregado mediante subcontratas a diversas empresas coincide con la
pérdida de esa primacía de la eficacia, además de con una merma
considerable de los derechos laborales.
“La anarquía es total, hay
personal en distintas empresas que teniendo la misma cualificación y
asumiendo el mismo nivel de riesgo tiene distinto salario; la
precariedad es la norma”, sostiene un trabajador forestal que reclama
anonimato.
Para protestar por sus condiciones laborales, el jueves pasado se
encerraron en la base gallega de Laza, en Ourense, los trabajadores de
las Brif (brigadas de refuerzo de incendios forestales) dependientes del
Ministerio de Agricultura. Como lo hicieron también sus compañeros de
las otras nueve bases repartidas por el territorio español y que
gestiona la empresa pública Tragsa.
Las Brif son un medio
helitransportado que actúa en épocas de máximo riesgo de incendios pero
que realiza también tareas de prevención. Ahora, por primera vez en los
23 años de vida de estas brigadas, los trabajadores se ven abocados al
paro al menos y mes y medio al año por razones de contención de gasto. Y
denuncian que Tragsa, beneficiaria de la adjudicación directa del
ministerio, “no ha dado sin embargo un paso en nuestro beneficio”. (...)
En este momento, los trabajadores están repartidos en una variopinta
estructura encabezada por la Xunta. Los brigadistas de la Xunta
(dependientes de la Consellería de Medio Rural y los únicos que acceden
al empleo mediante oposición) son los mejor pagados.
Un peón cobra 1.014
euros líquidos al mes, descontados trienios y pluses de riesgo.
Incluidos todos estos conceptos, la nómina apenas supera los 1.250 euros
mensuales; reciben 78,85 euros por cada uno de los pluses de
peligrosidad, toxicidad y penalidad.
En este caso, hay trabajadores
fijos discontinuos que son contratados entre tres y nueve meses al año.
Casi al mismo nivel de estos brigadistas, con ingresos levemente
inferiores pero similares condiciones laborales, se encuentran los de la
empresa pública Servicios Agrarios Galegos (Seaga). Su sueldo no
alcanza los 1.200 euros.
Pero, además de los de las Brif, los peones de Seaga y de la Xunta no
son los únicos equipos diferenciados que luchan contra los fuegos
forestales. Recientemente se crearon los GES (Grupos de Emergencia
Supramunicipal), que asumen la función de los antiguos Grumir.
El
gobierno autonómico ha apostado por este modelo de nueva factura —que no
depende de Medio Rural, sino de Presidencia— “en lugar de fomentar,
como hacen en el resto de España y de Europa, los consorcios de parques
municipales o comarcales de bomberos como garantía de prevención de los
incendios urbanos”, explica Xosé Santos, trabajador forestal y
representante de los grupos ambientalistas en el Consello Forestal de la
Xunta.
El coste de este servicio para las arcas municipales ha generado
polémicas desde su puesta en funcionamiento: algunos alcaldes intentaron
cobrar a sus vecinos una tarifa con recargo del 50% por cada
intervención del GES. A estos grupos, que deben atender las emergencias
de incendios urbanos y forestales y participar en acciones coordinadas
con Protección Civil de la Xunta, Presidencia los ha dotado de nuevos
vehículos “mientras que el parque móvil del servicio contraincendios [el
de Medio Rural] no se renueva”, denuncian los trabajadores." (
Cristina Huete
, El País, Ourense
2 SEP 2014)
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