"Niños que entonces eran recién nacidos rondan ahora los seis años, y
todo este tiempo han crecido apartados de sus madres, en muchos casos
ignorando que existen, mientras estas peleaban por recuperarlos ante una
maquinaria judicial bloqueada.
Tres meses después de que la Audiencia
de Lugo desatascase la instrucción al ordenar a la titular del juzgado
número 2 que imputase a las personas que intervinieron en aquellas
retiradas de niños supuestamente irregulares, los abogados de los padres
han sabido que en noviembre tendrán que prestar declaración ante la
juez Sandra Piñeiro al menos 10 personas.
Entre los imputados están una
monja que fue responsable del Hogar Madre Encarnación de Lugo en la
década pasada —un centro al que acuden mujeres desprotegidas en el
embarazo— y un número importante, aunque aún indeterminado, de
trabajadores vinculados a la Xunta. (...)
Los interrogatorios están fijados para los días 6, 10 y 20 del mes
que viene, y en su providencia la juez cita, además de a la religiosa, a
una trabajadora social del Hospital da Costa, en Burela, y a la
subdirectora médica del mismo centro del Sergas que ocupaban esos
puestos en 2011, cuando dio a luz una mujer argelina que no ha vuelto a
ver a su niña. Esta madre asegura que no entendía el idioma ni se le
facilitó un intérprete, y cuenta que firmó la entrega de su bebé
creyendo que cubría el alta médica.
Además, Piñeiro llama a declarar, igualmente en calidad de imputados,
a varios técnicos facultativos del Servicio de Menores de Lugo,
dependiente de la Consellería de Traballo e Benestar, y a algún familiar
de las personas que denunciaron la supuesta retirada irregular de sus
hijos.
Precisamente el departamento de Menores de Lugo fue objeto de un
registro judicial al comienzo de la instrucción, cuando investigaba las
primeras denuncias que presentaron un grupo de abogados del turno de
oficio otra juez, Estela San José, responsable del número 3. Esta se
inhibió poco después por su amistad con la letrada de una de las madres
denunciantes, y entonces el caso pareció caer en un limbo mientras las
criaturas, en principio una decena, se hacían mayores y en buena parte
eran dadas en adopción.
Al menos dos de estas madres a las que la Administración autonómica
les quitó sus bebés de manera presuntamente irregular aparecían en otro
sumario de los juzgados lucenses, el de la Operación Carioca contra la
trata de mujeres y la explotación sexual. Una de las extranjeras declaró
haber sufrido amenazas para entregar a su bebé por parte de una
presunta organización mafiosa.
Y otra contó que fue recluida en centros
psiquiátricos y en Madre Encarnación hasta que parió y le retiraron a la
cría. Deambuló sin rumbo por Galicia y acabó arrojándose desde un piso
alto del hospital de Montecelo, en Pontevedra. Como consecuencia de la
caída perdió un brazo y está parapléjica. Desde la residencia para
discapacitados físicos en la que tiene que vivir internada, sigue
reclamando a su niña, que no la conoce, con la esperanza de rehacer su
vida.
Pero en la Operación Bebé hay también padres que reclaman a más de
un hijo. Casi todas las historias recogidas en el sumario son
diferentes, pero coinciden en que los trámites bajo sospecha fueron
llevados a cabo por personal de la Xunta. Varios de estos niños pasaron,
además, por el centro de acogida para madres desamparadas de Lugo.
Los abogados que representan a los progenitores afectados aseguran
que llevan dos años reclamando copia de las actuaciones, que hace tiempo
que no están bajo secreto, y se quejan de que el juzgado no se las
facilita. Recibieron notificación de la providencia en la que la juez
ordena la citación de los imputados el martes, pero esta tiene fecha de
hace un mes.
En ella no se identifica a todos los imputados, de ahí que
no se sepa exactamente cuántos son. Esta incógnita afecta a varios
técnicos de Menores de la Xunta que aparecen firmando documentos
oficiales con un número, pero sin nombre. Piñeiro ha ordenado a la
Policía Judicial que aclare su identidad." (
Silvia R. Pontevedra
, El País, Santiago
15 OCT 2014)
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