"A los cientos de familias gallegas con rentas bajas afectadas por la
supresión de las ayudas para el pago de hipotecas de pisos de protección
oficial, 300.000 en todo el Estado, una sentencia les ha devuelto la
tranquilidad.
Llevan dos años asfixiados tras el tijeretazo del Gobierno
central que, en 2012 e indiscriminadamente, retiró estos subsidios
mensuales y que fueron imprescindibles para aventurarse en la compra.
Tras los numerosos fallos judiciales que están tumbando la cancelación
de las ayudas anteriores al plan de 2009 a 2012, el Ministerio de
Fomento ha rectificado, pero aquella decisión ha multiplicado sus
problemas. Y los afectados exigen responsabilidades.
En el barrio vigués de Navia hay unas 600 familias salpicadas. Ara es
pensionista. Ya lo era cuando compró su casa, pero ahora tiene un hijo y
el recorte ilegal ha colocado a su familia al límite, ya que con unos
ingresos mensuales de 400 euros y una hipoteca de 440, no llega ni para
encender la cocina.
“La ayuda fue determinante ya que sin ella no
hubiese comprado nada. Ahora tenemos que ir a comer con los abuelos
porque no alcanza”, explica. A Begoña tampoco le salen las cuentas: “La
subsidiación nos ayuda, pero sobre todo nos desahoga”. Tras años sin
trabajo alguno y sobre todo desde que el Gobierno les apisonó con esa
decisión, hay jornadas negras: “En mi día a día, a veces, no me llega el
dinero y 80 euros servían para hacer la compra”.
La vida de Javier ha cambiado drásticamente desde que obtuvo la
ayuda. “Cuando la solicitas tienes derechos y obligaciones. Cinco años
después, yo aún cumplo mi parte y fue la Administración la que rompió
unilateralmente nuestro contrato”, asegura. Y es que él, que obtiene
ingresos de sus colaboraciones con una empresa, materializó la solicitud
sin familia, pero ahora tiene dos hijos.
A Tita la salvan sus
allegados: “Tengo una madre que se desvive por ayudarme”. Divorciada y
con un hijo, relata que, desde que se esfumó el dinero del subsidio, no
saldría adelante sin sus padres. La decisión del ministerio ha disparado
la solidaridad familiar. Martina, que recibía 150 euros públicos
mensuales, compró el piso en solitario. Ahora, casada y sin trabajo,
sale adelante porque su actual marido paga la hipoteca de una vivienda
que no es suya.
Ana, la portavoz de la plataforma viguesa de afectados, tiene dos
hijos y cuenta los días que le quedan para que sus ingresos se vuelvan a
cero. “Tras dos años en paro se me acaba la prestación y no sé muy bien
qué voy a hacer. Supongo que tiraré de la familia”. Si las ayudas no
vuelven con celeridad, la cuesta arriba de todos ellos será mucho más
pronunciada. En casa de Sandra ni encienden la calefacción ni utilizan
agua caliente para fregar la loza.
Su plan de ahorro incluso incluye una
pequeña huerta que hace menguar el carrito de la compra. En los últimos
años solo ha trabajado ocasionalmente y su pareja, a la que conoció
tras adquirir la vivienda, está ayudando a pagar. “El problema no es
solo que nos quiten las ayudas, sino que todo se ha puesto por las nubes
y una se hubiera planteado la vida de otra forma si no tuviera la
certeza de que iban a mantener ese porcentaje subvencionado”, asegura.
Algunas de las familias incluso soportan una doble carga: pagan dos
hipotecas porque cuando compraron tuvieron que solicitar dinero para la
entrada que les reclamó la promotora. Hay otros casos extremos que
prefieren mantener el anonimato, ya que se han visto envueltos en una
feroz espiral financiera.
Algunos de los afectados tuvieron que
solicitar otros créditos para poder sufragar el porcentaje de la
hipoteca que, ilegalmente, Fomento dejó de abonar. Ahora y a pesar de
sus bajos ingresos, tienen una doble carga en la que también deben
afrontar los intereses del préstamo y que la Administración pública no
devolverá, salvo orden judicial que ordene lo contrario.
Tras dos años con el agua al cuello y con sentencias que los llenan
de razones, exigen cobrar inmediatamente el dinero atrasado y volver a
recibir mensualmente el que les corresponde por ley. Además quieren
reunirse con la ministra.
Pero sobre todo exigen responsabilidades. “Ya
que nadie se disculpó por esa decisión, que al menos reparen el daño
económico. El gasto en abogados nos lo vamos a comer porque no
condenaron en costas, pero meditamos reclamar responsabilidad
patrimonial por obligarnos a acudir a los juzgados con los gastos que
conlleva y que nos suponen un gran esfuerzo”. (
Pablo Taboada
, El País, Vigo
12 OCT 2014
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