"En los millones de folios que se acumulan en los
juzgados gallegos a la espera del señalamiento de juicio o de una
resolución hay miles de nombres. Son personas que soportan en carne
propia las consecuencias de ese caos judicial que lleva, por ejemplo, a
fijar un plazo de dos años para discutir sobre la procedencia de un
despido laboral.
Desde personas que tratan de defender sus derechos
laborales a afectados por las participaciones preferentes. Son solo
algunos ejemplos de casos que están enterrados bajo una gran marea de
papeles.
Eran unas veinteañeras cuando las trabajadoras de
Charpo, la conservera matriz de los Charlines en Vilanova, se lanzaron a
la calle para defender sus derechos. Denunciaban unas condiciones de
trabajo tercermundistas:
«No teníamos Seguridad Social, y lo mismo que
teníamos que trabajar en la conservera había que hacerlo en su casa o en
donde ellos dijesen», recuerda ahora una de las afectadas. Las setenta
trabajadoras que entonces se rebelaron no podrían imaginar que más de
veinte años después, casi en la cincuentena, estarían en las mismas. O
casi.
El conflicto laboral se remonta a los años noventa,
cuando fueron despedidas y luego readmitidas por mandato judicial. En
plena lucha contra el clan vilanovés, las primeras sentencias contra los
Charlines llevaron a la Audiencia Nacional a embargar la nave y a
nombrar un administrador que gestionase la empresa.
Ellas lo celebraron y
creyeron ver la luz al final del túnel, pero finalmente la firma fue
declarada inviable y cerró sus puertas. Ellas se quedaron en la calle e
iniciaron una lucha para recibir las indemnizaciones que la propia
Justicia les reconocía. Pero más de veinte años después todavía les
adeudan 200.000 euros de intereses. «Cobramos 10.000 euros cada una,
pero por cuentagotas, a una media de 400 euros por año».
Para ello tuvieron que estar atentas a cada subasta
de los bienes del clan, y andar detrás de los administradores para que
con el dinero obtenido se les pagasen las indemnizaciones. Son incluso
propietarias de varias fincas que habían sido embargadas al clan y de un
bajo en Madrid.
Muchas veces tuvieron que oír que había otros deudores
antes que ellas. «Pero nunca nos dicen quiénes son, y pueden ser incluso
testaferros de los Charlines». Por eso, pasado el tiempo, «no sabemos
si fue más duro pelear con los Charlines o con la Justicia», aseguran.
Aunque lleva mucho menos tiempo esperando, Ana
Barreiro empieza a estar desesperada. Impartía cursos del Celga hasta
que no la volvieron a llamar: «Os nosos contratos eran discontinuos, pero periódicos. En novembro do 2013, a Xunta comezou a prescindir de nós.
Por medio de CC.OO., denunciei, o mesmo que outros compañeiros».
La demanda la presentó en verano. Tuvo varias fechas de juicio, pero se
suspendieron. Hace unos quince días se celebró la vista. «Aínda
non hai sentenza. Xa houbo algunhas favorables, polo que os
traballadores foron readmitidos. Con esa esperanza estou agardando
agora, sen cobrar nin traballar dende o 2013. Pero aínda que agora saia
favorable, é probable que a Xunta recurra, e aínda haberá que agardar
cando menos catro meses máis» .
Quien no deja de repetir que la larga espera judicial
es una vergüenza es un afectado por las preferentes de la provincia de
Lugo. Aunque prefiere mantener su nombre en el anonimato, le gustaría
que se supiese que después de haber presentado la demanda en el juzgado
el 23 de abril del 2013 aún le han puesto el juicio para el 7 de
octubre
. Pelea por lo 20.000 euros que se le deben. «Dábanmos,
pero cando mos ofreceron xa levaba gastados moitos cartos en
procurador, avogado... E iso non o daban. Por iso, vou ata o final».
El colapso que sufren un tercio de los juzgados
gallegos, como reconoce un trabajo del propio Consejo General del Poder
Judicial, es producto de muchos factores. Uno de los que contribuye a
que el resultado de la ecuación sea tan desesperante para muchos
ciudadanos es el tiempo medio de elaboración de peritajes.
«Hay pruebas
de ADN que pueden tardar en llegar hasta diez meses», explican fuentes
de la judicatura consultadas. «El asunto es especialmente sangrante
-añaden- cuando hay alguna persona en la cárcel en situación procesal
preventiva por temor a que pueda escapar a la espera de dicho
resultado».
De ahí que, como apuntan también otras fuentes
consultadas, sea preciso poner más medios no solo en los juzgados, sino
también en otros organismos como la policía o la Guardia Civil porque de
su trabajo depende el tiempo de duración de un proceso.
Delitos de Internet
La elaboración de informes sobre presuntos delitos
cometidos a través de Internet también es otro de los asuntos que suelen
dilatarse. En este sentido, fuentes judiciales apuntan que el aumento
de ese tipo de delitos provoca un atasco en ese sentido. «Ha habido
casos en los que se ha llegado a esperar hasta dos años por un informe
de Internet».
Otros delitos que han aumentado como consecuencia de
la nueva coyuntura económica son las estafas. La elaboración de
peritajes resulta ahí fundamental para asuntos como, por ejemplo,
comprobar que una rúbrica es realmente de quien dice ser." (La Voz de Galicia, 03/03/2015)
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