"Un total de 24 cargos públicos han sido imputados por la jueza Pilar de Lara por presunto delito de cohecho. Se trata de todos aquellos que figuran en la lista del informe del Servicio de Vigilancia Aduanera como receptores de regalos del presidente de Monbus, Raúl López,
valorados en más de 400 euros, que aún no tenían la condición de
investigados y que están bajo su jurisdicción.
La titular del juzgado de
instrucción número 1 de Lugo elevó días atrás exposiciones motivadas a
los tribunales correspondientes para que decidan si investigan, entre
otros, a los aforados Alberto Núñez Feijóo y al exministro José Blanco, destino que podrían compartir destacados dirigentes del PP, como su portavoz en el Senado, José Manuel Barreiro, y la presidenta de la comisión de Exteriores del Congreso, Pilar Rojo, expresidenta del Parlamento de Galicia y amiga íntima de Mariano Rajoy.
En
los casos de Rojo y Barreiro, De Lara tramita las denuncias
incorporándolas a las respectivas diligencias previas abiertas, para
decidir más adelante si procede elevar exposición motivada al Tribunal
Supremo para su eventual procesamiento, que requeriría la solicitud previa de suplicatorio.
Es lo que ya ha hecho con el presidente de la Xunta y con el socialista José Blanco, y lo que estudia hacer con el excalcalde de Santiago Xosé Sánchez Bugallo,
del PSdeG, en la actualidad diputado autonómico —por lo que la decisión
sobre su caso correspondería al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
(TSXG )—, y José Antonio de las Heras Muela, teniente de alcalde de Guadalajara hasta 2015 y actual senador por el PP.
La conveniencia de elevar exposición motivada al Tribunal de Justicia de Madrid sobre Bartolomé González Jiménez, diputado del PP en la Asamblea madrileña y alcalde de Alcalá de Henares hasta julio de 2012,
lo deja la jueza para un auto aparte. Además de Feijóo y Blanco, la
magistrada también ha pedido al TSXG que se pronuncie sobre la
conveniencia de procesar al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al diputado autonómico Alejandro Gómez.
En un auto del pasado 21 de octubre, Pilar de Lara desestimó una petición de sobreseimiento realizada por el jefe de Lugo, Roberto Brezmes, y acordó la imputación por uno o varios delitos de cohecho de los 24 no aforados
que se han incorporado a la causa y remitir exposiciones motivadas
sobre los aforados. Para ello, situó en 400 euros el listón de la
comisión del supuesto delito, lo que derivó en la imputación entre otros
del actual presidente de la Federación de Fútbol de Galicia, Rafael Louzán, quien fue presidente de la Diputación de Pontevedra entre 2003 y 2015, también imputado en otros tres casos judiciales.
Figuran asimismo en la lista los expresidentes de Aena Juan Ignacio Lema Devesa; Renfe, Teófilo Serrano; Ferrocarriles de Vía Estrecha (Fevve), Amador Robles, y de Ferrocarriles de Catalunya, Enric Ticó i Buxadós. En el auto, también se imputa al exsecretario general de Transportes de Fomento José Luis Cachafeiro, al alcalde de Guadalajara, Antonio Román Jasanada —junto a tres de sus altos funcionarios—, y al de Igualada (Barcelona), Jordi Aymami. Completan la lista nueve funcionarios de la Generalitat de Cataluña y tres de la Xunta.
Imputar por regalos de más de 400 euros
El
auto de Pilar de Lara detalla las razones por las que algunas de las
personalidades que figuran en la lista elaborada por el Servicio de
Vigilancia Aduanera han sido imputadas u objeto de exposiciones
motivadas, en tanto que otros no.
Así, además de los casos en los que
existe constancia de que los regalos fueron devueltos, señala que si estos sobrepasan los 400 euros, la acción “merecerá el reproche penal,
al entender que todo regalo que exceda de esta suma va más allá de los
usos sociales y de los valores habituales, así como de lo que puede ser
considerado como regalo de mera cortesía, con capacidad para turbar la
imparcialidad y la probidad de los funcionarios y autoridades”.
De Lara decidió ya en abril de este año la apertura de dos nuevas piezas separadas relacionados con el caso Cóndor, en el que se investiga a Raúl López como principal imputado de una supuesta
trama de lavado de dinero, prevaricación, cohecho, delitos societarios,
contra la Administración pública y fraude fiscal.
Una de ellas
afecta al ahora eurodiputado José Blanco, y en la otra a Feijóo, Rueda y
Alejandro Gómez, todos ellos por presunto delito continuado de cohecho.
Los autos de la jueza señalan que el presidente de Monbus, “con la
intención de propiciar una buena relación” con las distintas
administraciones públicas, y de esta manera “obtener más ventajas y
facilidades en la consecución de contratos”, enviaba anualmente “costosos obsequios a un elevado número de autoridades y funcionarios”.
Pese
al informe en contra del fiscal jefe de Lugo, la jueza decidió en otro
auto del pasado 10 de noviembre seguir adelante con el caso, porque
entiende que “es claro” que esas “prebendas están directamente vinculadas al cargo que desempeñaban”
funcionarios y autoridades. “Es obvio que, de no ostentar tales cargos,
no habrían recibido los regalos en cuestión”, con lo que el empresario
trataría de “congratularse” con personas que, al aceptarlos, “quedan en
una situación de correspondencia y compromiso”.
Otro dato que la jueza considera crucial en su auto del 10 de
noviembre es la existencia de categorías en los lotes, de mayor a menor
importe, clasificados como vip, muy buenos, buenos y regular,
que “parecen venir determinados por el cargo de destinatario”. “Algunos
de los perceptores de tales obsequios vieron reducidos
considerablemente el valor del mismo en el momento en el que dejaron sus
cargos y consiguientemente perdieron las facultades de responsabilidad y
de toma de decisiones en las áreas en las que Monbus tiene contratos y
adjudicaciones”, subraya la jueza.
De Lara coincide con un primer
informe de la Fiscalía que considera que los obsequios enviados, entre
otros, a Feijóo y Blanco “excedían de la costumbre social”,
lo que “convertía la costumbre en típica penalmente”. “Es más, en estos
casos excedía incluso del salario mínimo interprofesional”, añade.
Feijóo: todo quedará en nada
Otro
factor que tiene en cuenta el auto para proceder a las imputaciones y
exposiciones motivadas es que los regalos se enviaran no a dependencias
oficiales, sino a los domicilios particulares de los perceptores,
“y en algunos casos en domicilios de familiares”, lo que interpreta
como “determinada opacidad o fin de ocultación”.
Tampoco comparte con el
fiscal jefe que la recepción de obsequios fuese una conducta tolerada
socialmente en la época de su realización (hasta 2014): “De hecho, su
inadmisión social provocó no solo una situación de alarma social y
mediática, sino la aprobación de sucesivos códigos éticos y de
conducta”.
Feijóo no negó este lunes haber recibido los regalos de Raúl López ni informó de haberlos devuelto al remitente, pero se mostró “absolutamente tranquilo”.
El presidente de la Xunta aseguró que no conoce del caso, declarado
secreto, más que las “filtraciones parciales” publicadas estos días,
pero vaticinó: “Ese asunto se concreta por sí solo, y supongo que se
disolverá por sí solo”. (El confidencial, 13/12/16)
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