"En 2012 la Xunta
vendió sus dos helicópteros de salvamento marítimo a cambio de que la
empresa que los compró, Inaer, la misma que los ha gestionado siempre,
los siguiese operando en Galicia durante cinco años.
Finalizado ese
período, ahora la Xunta acaba de convocar un nuevo concurso para renovar el servicio
por un máximo de hasta seis años y 40 millones de euros, pero ya sin la
garantía de que los helicópteros que obtenga sigan siendo los mismos
que eran de su propiedad y que supuestamente tenían las mejores
características posibles para la costa gallega.
Este nuevo concurso es
un paso más de un largo proceso en el que el Consello de Contas detectó
diversas irregularidades y del que criticó que la Xunta no hiciese
“ningún estudio sobre la repercusión de la venta de los helicópteros” en
la contratación que ahora se inicia.
Tras la catástrofe del Prestige,
la Xunta de Manuel Fraga inició un proceso de mejora de los entonces
insuficientes medios de Gardacostas de Galicia, el cuerpo dependiente de
la Consellería del Mar encargado de la vigilancia pesquera, el
salvamento y la lucha contra la contaminación en aguas de la comunidad.
Al igual que encargó la construcción de dos buques cuya gestión luego privatizó,
el entonces consejero, Enrique López Veiga, compró en 2005 en Estados
Unidos por 27 millones de euros dos helicópteros Sikorsky S-76C+ con
unas características que la Xunta publicitó como las más adecuadas a las
costas gallegas.
Desde entonces esos dos helicópteros, con los nombres Pesca 1 y Pesca 2,
están desplegados respectivamente en sus bases de Vigo y la costa
lucense, desde las que han salvado cientos de vidas en el mar.
Los helicópteros eran propiedad de la Xunta, pero ante la carencia de
personal propio capacitado para operarlos se contrató su mantenimiento y
operación con un concurso público que se llevó Inaer, la empresa que en
las últimas décadas ha obtenido la mayoría de los contratos de gestión
de aeronaves de la Xunta (también las de emergencias sanitarias o lucha
contra los incendios). Inaer se llama desde hace unos meses Babcock
España tras haber sido adquirida por una multinacional británica.
El proceso de gestión de los principales contratos de helicópteros de
la Xunta fue analizado por el Consello de Contas, el órgano fiscalizador
de las administraciones gallegas equivalente al Tribunal de Cuentas
estatal, en un crítico informe que hizo público a finales de 2014
.
Contas estudió nueve contratos por importe de 63,8 millones de euros,
de los que siete, por 62 millones, fueron a parar a Inaer, en solitario
o en sociedad con otras empresas, y en todos ellos el ente fiscalizador
encontró irregularidades. Ese informe de Contas permitió impulsar una investigación por prevaricación contra la Consellería de Medio Rural que sigue abierta en un juzgado de Santiago.
En el caso de los helicópteros de Gardacostas adquiridos en 2005 y cuya
gestión se llevó Inaer, Contas relató que cuando en junio de 2009
finalizó su primer contrato la Xunta “no planifica con la suficiente
antelación” y le tuvo que seguir pagando a la empresa para evitar que el
servicio se dejase de prestar hasta que en marzo de 2010 realizó un
nuevo concurso.
Inaer volvió a llevarse entonces ese según concurso de
gestión de los aparatos por un importe de 15 millones de euros durante
dos años, a 7,5 millones al año. Pero en mayo de 2011, cuando aún
quedaban ocho meses de contrato, la Xunta lo rescindió argumentando que
era caro y que buscaría una solución más barata.
Sin embargo, a pesar de tener el segundo contrato rescindido, Inaer
siguió prestando el servicio “sin la adecuada relación contractual”,
dice Contas, hasta octubre de 2012, 17 meses después, incluso más allá
del período inicialmente previsto en el concurso original.
El ente
fiscalizador consideró que esa actuación “desvirtúa las razones alegadas
por la consellería para proceder a la resolución del contrato” y
criticó que los pagos a Inaer durante esos 17 meses los autorizó el
Gobierno gallego con un “trámite excepcional” aprobado en secreto en el
Consello de la Xunta presidido por el propio presidente Feijóo
“omitiendo los procedimientos legalmente establecidos”.
En octubre de 2012 lo que hizo el Gobierno gallego fue vender los
aparatos con el argumento de que iban a quedar viejos y cuanto más
tiempo pasara más valor perderían y más costaría su mantenimiento. El
procedimiento elegido fue el de convocar un concurso urgente
en el que obligaba a la empresa a la que le vendía los helicópteros a
seguir operándolos en Galicia durante cinco años. Y durante ese tiempo
la Xunta dedicaría lo obtenido por la venta de los aparatos a rebajar la
factura de su mantenimiento.
El departamento de Hacienda del Gobierno
gallego mostró dudas sobre la tasación inicial de los aparatos, pero la
operación acabó produciéndose e Inaer volvió a ser la adjudicataria. Los
aparatos que la Xunta había comprado en 2005 por 27 millones fueron
vendidos en 2012 por la mitad, 13,5 millones. Y si el coste anual de
operarlos en el contrato de 2009 era de 7,5 millones al año, en 2012
subía a 8,9 millones al año, pero la Xunta lo reducía a 6,1 millones
gracias a pagarlo en parte con los 13,5 millones obtenidos de la venta
de los aparatos.
“No consta ningún estudio sobre la repercusión de la
venta de los helicópteros en el precio de las futuras contrataciones”,
sentenció Contas entonces.
Ahora, pasados cinco años de aquella operación, la Xunta vuelve a
convocar un nuevo concurso cambiando, como en las ocasiones anteriores,
las condiciones económicas y técnicas de manera que es difícil comparar
conceptos entre los sucesivos procedimientos de contratación más allá de
las grandes cifras.
Y de ellas lo que se sabe es que está dispuesta a
pagar un máximo de 6,5 millones al año durante un período de cuatro años
prorrogable a seis, lo que supone un total de 40 millones de euros. Sin
embargo, frente a los concursos anteriores, el Gobierno gallego ya no
tiene aparatos en propiedad ni posibilidad de imponer que los que compró
en 2005 y vendió en 2012 sigan en Galicia, por lo que queda en las
manos de lo que las posibles empresas interesadas puedan ofrecerle.
Fuentes del sector señalan que Inaer-Babcock España, al tener en
propiedad los helicópteros que antes eran de la Xunta, vuelve a ser la
mejor situada para llevarse el nuevo concurso.
En otras contrataciones anteriores de lucha contra incendios, lo que
sucedió fue que los concursos iniciales quedaron desiertos o así fueron
declarados por la Xunta, que se vio obligada a incrementar el importe
que estaba dispuesta a pagar o negociar a dedo con las empresas si no
quería quedarse sin el servicio." (eldiario.es, 21/04/17)
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