"El caso Retablo,
ocho años de instrucción judicial con 14 tomos en los que se investigó
una trama de sobornos con arte sacro con dos trabajadores autonómicos
implicados, se ha saldado este martes con un acuerdo en el que Xunta de
Galicia y Fiscalía aceptaron rebajar las penas de los condenados a poco
más que unas multas de escasa cuantía.
Carlos Gómez-Gil de Aizpurúa,
técnico de restauración, y José Manuel Pichel, arquitecto, trabajaron
para la Xunta hasta 2009 con responsabilidades en la Consellería de
Cultura y la sociedad de gestión del Xacobeo, de las que se aprovecharon
para recibir regarlos de empresas de rehabilitación a cambio de
autorizar subvenciones a entidades religiosas que contrataban los
trabajos con las firmas implicadas.
“Os voy a repartir Galicia, os voy a
dar una herencia de puta madre”, decía Pichel a una de las empresas en
una grabación policial de esta trama triangular que este martes llegaba a
juicio.
Sin embargo, justo antes de la vista el caso se ha saldado con un
acuerdo previo en el que Fiscalía y Xunta aceptaron rebajar notablemente
las penas que pedían para que los acusados no entren en la cárcel.
Estos admiten ser autores de delitos de cohecho y a cambio tendrán que
abonar multas de escasa cuantía, de tan sólo 720 euros en el caso de
Pichel y de poco más de 2.000 en el caso de Gómez-Gil, que además verá
decomisados los 103.350 euros que recibió.
El caso Retablo se
inició a comienzos de 2009, después de que vecinos de la parroquia de
Paraños, en Covelo (Pontevedra), descubriesen que Gómez-Gil intentaba
vender en internet la que había sido su casa rectoral por 680.000 euros
tras comprársela a la Iglesia por solo 60.000 euros.
Según el relato con el que llegaba al juicio el fiscal del caso, Antonio Roma, que acaba de dejar el puesto,
la investigación destapó cómo los trabajadores de la Xunta facilitaban
obras a las empresas de la trama a cambio de diversas compensaciones:
Gómez-Gil “ingresó cantidades en efectivo procedentes de las empresas
beneficiarias de sus informes en sus cuentas corrientes entre febrero de
2004 y mayo de 2008” por un total de 103.350 euros, decía el fiscal,
mientras que Pichel “incrementó notablemente su patrimonio, siendo
titular de catorce turismos y motocicletas además de numerosos
inmuebles; en una ocasión recibió el beneficio en especie: una vaca de
valor incierto superior a mil euros”.
Sólo esa vaca ya valía más que la
multa que ahora tendrá que pagar. “Os voy a repartir Galicia, os voy a
dar una herencia de puta madre”, llegó a decirle Pichel a un responsable
de una de las empresas implicadas en una grabación policial que luego
dejó de lado el último juez instructor del caso, Andrés Lago Louro.
Según el relato del fiscal, en la trama resultaron afectadas 22 actuaciones repartidas por el sur de las provincias de Pontevedra y Ourense
que supusieron una inversión pública, fundamentalmente de la Xunta,
pero también de ayuntamientos y diputaciones, de 700.000 euros. Otras
entidades, fundamentalmente las parroquias implicadas y los feligreses,
aportaron otro medio millón de euros.
A pesar de ser autonómicos la mayoría de los fondos implicado, Pichel, bien relacionado con el PP de la ciudad de Pontevedra, no fue acusado por la Xunta,
que antes de aceptar el acuerdo llegaba al juicio pidiendo para
Gómez-Gil siete años de cárcel y 17 de inhabilitación para cargo
público.
El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que en los últimos meses ha evitado acusar a otros funcionarios o cargos del PP
implicados en otros casos de presunta corrupción, también había eludido
en fases previas del caso acusar a la Iglesia, de la que inicialmente
estuvieron imputados el exobispo de Tui-Vigo José Diéguez; el antiguo
párroco de Paraños, José Sobrino; y el ecónomo de la diócesis, Benito
Estévez. Los tres cargos eclesiásticos fueron viendo a medida que avanzó
el caso cómo retiraban los cargos contra ellos sucesivamente la Xunta y el juez instructor, hasta que finalmente en junio del año pasado la Audiencia Provincial de A Coruña avalaba su desimputación.
Acuerdo final
Finalmente, el acuerdo alcanzado este martes hace que Gómez-Gil, para
quien la Fiscalía pedía inicialmente tres años de cárcel y cinco de
inhabilitación, sea considerado autor de un delito de cohecho por el que
recibe una pena de dos años de prisión, con el objetivo de que no la
tenga que cumplir por no tener antecedentes penales, y seis años de
inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Le serán
decomisados 103.350 euros y tendrá que pagar una multa de 12 meses con
cuota diaria de 6 euros. Por su parte, Pichel, para quien la Fiscalía
pedía inicialmente dos años de cárcel y tres de inhabilitación, es
considerado también autor de un delito de soborno pero ve notablemente
rebajada la pena a una multa de cuatro meses con una cuota diaria de
seis euros, lo que supone el abono de sólo 720 euros.
El acuerdo también recoge para cuatro empresarios, Olga Quintela López,
David Durán Montero, Carmen Acuña Rey y Manuel Montes Carballa (este
último ausente este martes y por lo tanto pendiente de firmar), la
consideración de autores de delitos de cohecho y les impone un año de
prisión, inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante ese
mismo tiempo y multa de mil euros a cada uno. Un quinto empresario
acusado, Ignacio Márquez Vieira, falleció durante la instrucción.
Por su parte, la acusación popular ejercida por los vecinos de Paraños,
que contaban con el respaldo unánime de los tres grupos políticos
municipales de Covelo (PP, PSdeG y BNG) se sumó al acuerdo como mal
menor después de que la Iglesia recuperase la propiedad de la casa
rectoral cuya venta originó el caso.
Su abogado, Carlos Feijóo, del
despacho Fiúza & Abogados, dijo este martes estar “contentos de
haber finalizado después de ocho años de caso; satisfechos a medias
porque se consiguen condenas, aunque sean leves y no sean condenados
todos lo que deberían; y tristes porque muchos de los vecinos que
iniciaron esto, personas mayores, murieron durante este tiempo”. (eldiario.es, 16/05/17)
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