"En 2011, cinco meses después de haber sido proclamado alcalde del
municipio orensano de Os Blancos (850 habitantes), Xosé Manuel Castro se
puso delante de una cámara de la Televisión de Galicia (TVG) y pidió el
rescate del Ayuntamiento.
“Alguien nos tiene que echar una mano. Si
fuésemos una empresa privada ya habríamos cerrado con cadena y candado”,
sentenció asumiendo la quiebra. No exageraba. Cuando llegó a la
alcaldía ese año solo había 17.000 euros repartidos en las siete cuentas
del Ayuntamiento, una deuda de en torno a tres millones de euros y
ningún ingreso del Estado: estaba embargada la participación en los
fondos estatales.
Os Blancos se mantiene aún hoy a la cabeza de los ayuntamientos que peor abonan sus facturas en España:
tarda 1.232 días en pagar a sus proveedores frente a los 58 días de
media de los ayuntamientos del resto del Estado, según datos publicados
hace unos días por el Ministerio de Hacienda. Y el alcalde actual se ha
visto desde hace unos meses al borde de la desobediencia judicial por no
atender pagos ni deudas ordenados en sentencias firmes.
La calamitosa situación económica viene de lejos y era incesante. En 2008, Gas Natural Fenosa cortó el suministro público
al Ayuntamiento por impago. El regidor en aquel momento, Juan Antonio
Lama, solventó a las bravas el más que simbólico apagón: contrató un
enganche ilegal. La deuda municipal rondaba entonces, como ahora, los
tres millones de euros de un presupuesto anual de en torno a 800.000 y
el Ayuntamiento, sin crédito, no pagaba ni los recibos de la luz, ni a
la Seguridad Social.
Como antes Lama, el alcalde Castro no ha dejado de responsabilizar de
la crítica situación económica del Ayuntamiento que preside a las
“deudas del pasado”: largas décadas de desenfreno contratador de las
instituciones públicas orensanas estimulado por el entonces presidente
de la Diputación, José Luis Baltar, el autodenominado cacique bueno que
acabó condenado por un delito de prevaricación relacionado con el enchufismo masivo.
Durante las dos décadas largas en las que Baltar cosechó mayorías
absolutas de récord para el PP mientras convertía a la Diputación de
Ourense en la principal fábrica de empleos de la provincia
(llegó a destinar más del 35% del presupuesto a pagar nóminas), sus
alcaldes más fieles no hicieron sino emularlo. Y entre los regidores más
entregados de finales de los 90 destacaba José Antonio Rodríguez
Ferreiro, al frente del Ayuntamiento de Os Blancos.
Tras imponer el
nombre de Baltar a calles e infraestructuras deportivas, colocar un
busto con su imagen en la plaza principal del pueblo y proclamar que él
solo obedecía órdenes de “Dios, la Virgen y Baltar”, Ferreiro ingresó en
prisión condenado a cinco años y tres meses por prevaricación, falsedad
y malversación: había sustraído 240.000 euros de las arcas municipales.
Dejó el Ayuntamiento en bancarrota.
Lo sucedió Juan José Puga. Entre ambos incorporaron a la plantilla
municipal a 13 trabajadores. Cuando años después Lama relevó a Puga se
topó con una misión imposible. Atribuyó entonces a la gestión de
Ferreiro el origen del fiasco económico que, en su opinión, Puga acabó
cebando al pedir préstamos destinados a acometer más gastos en lugar de
amortizar deuda, cuyos intereses no paraban de crecer.
Lama se sintió maniatado y Castro, el último en llegar a la alcaldía,
ha tenido que hacer frente en los últimos meses a la amenaza de un
procedimiento penal: el secretario-interventor municipal recibió un
requerimiento judicial para que aportase la relación de bienes
patrimoniales “no afectos al uso público”.
El regidor reconoce que le resulta muy difícil sanear la economía
municipal cuando “el 50% del presupuesto se va en personal” y no tiene
reparo en señalar que la “excesiva” y "caprichosa" plantilla lastra un
presupuesto embargado y que el desastre de la gestión económica es el
desastre la gestión política.
“El Estado se ha hecho cargo de la deuda y asume el pago a
proveedores, que de esta forma cobran pero nos deja las arcas vacías,
con serias dificultades para hacer frente al gasto corriente”, explica
el primer edil sobre la situación actual.
En mayo de 2012 anunció a los trabajadores que no les pagaría las
nóminas del mes siguiente, de la misma forma que él renunciaba a cobrar
la suya, de 900 euros, para poder hacer frente a servicios
“prioritarios” como los de abastecimiento de agua y saneamiento. “Los
vecinos no tienen la culpa de una plantilla desmesurada”, justificó
entonces.
Cinco años después, y pese a la progresiva reducción de la deuda
viva, la asfixia económica aún estrangula el municipio. "Nos llevará un
tiempo", afirma el alcalde desde su despacho ubicado en la calle José
Luis Baltar del municipio, a un tiro de piedra del polideportivo del
mismo nombre." (ristina Huete , El País, 23/09/17)
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