"El secuestro judicial del libro Fariña, en el que el periodista Nacho Carretero recorre algunos de los acontecimientos más destacados de la extensión del narcotráfico por Galicia
tras la 'reconversión' de los contrabandistas de tabaco al transporte y
venta de estupefacientes, ha contribuido en los últimos meses a que los
focos de la actualidad se hayan vuelto a posar en una de las épocas más
turbias de la historia gallega reciente.
El estreno de la serie
televisiva basada en el libro, realizada por la Bambú Producciones para
Atresmedia, y su onda expansiva que incluso ha llegado a la política,
está provocando un ejercicio de memoria colectiva hacia los años en los
que los nombres de políticos, contrabandistas, empresarios, narcos
supuestos y declarados se mezclaban con demasiada frecuencia. Esto,
precisamente, es lo que pretendía evitar un acuerdo unánime alcanzado en
el Parlamento a finales de 1990, varios años antes de las célebres
fotografías de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado.
Este acuerdo político había llegado
cuando no había transcurrido ni medio año desde que el lanzamiento de la
Operación Nécora, en la que habían sido arrestados los que algunos titulares
habían calificado como "jefes del contrabando" o "grandes jefes de la
droga", había comenzado a cambiar la sensación de impunidad para
aquellos a los que se atribuía haber pasado " do fume á fariña".
En la lista de detenidos de aquel primero gran golpe judicial figuraban
nombres que acabarían resultando familiares para las crónicas de
tribunales de los siguientes lustros, como Manuel Charlín, Laureano
Oubiña.
También Marcial Dorado. El 12 de noviembre de 1990 el juez
Baltasar Garzón decretaba el procesamiento de 51 personas; entre ellas,
Charlín u Oubiña, pero también Sito Miñanco, declarado en rebeldía al
mismo nivel que Pablo Escobar. De ese procesamiento se habían librado,
por falta de incidios, algunos de los inicialmente detenidos como Dorado
o Vicente Otero, Terito.
Apenas
dos días después de esos procesamientos, el 14 de noviembre, el
Parlamento gallego tenía en su orden del día una interpelación del
PSdeG al que Manuel Fraga había elegido como su primer conselleiro de
Industria, Juan Fernández. La razón era reclamarle explicaciones "sobre
la presencia de Laureano Oubiña en la visita institucional" que había
realizado a la feria Agro-90, que se había celebrado en la ciudad
portuguesa de Braga.
El episodio, había dicho Carlos Príncipe en nombre
de los socialistas, recordaba a la reunión que años atrás había mantenido el expresidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor (AP) también en Portugal con acusados de contrabando
y, dado que la "noticia" no había sido que "el conselleiro se retiró"
cuando "el señor Oubiña apareció en ese acto", eran
necesarias explicaciones.
Fernández había respondido a Príncipe
abiertamente molesto. Lo sucedido no había sido "como lo relataron los
medios", sino que "este señor llegó comenzada la comida y se fue antes
de terminarla", sin haber estado invitado ni haber llegado a "entrar al
recinto en el que estaba la mesa presidencial, donde yo tenía el honor
de estar".
Además, resaltaba, "la organización del acto corría a cargo"
de la Cámara de Comercio de Vilagarcía y no de la Xunta. "No es preciso
adoptar ninguna medida" porque "nadie asocia el nombre de Oubiña a las
instituciones autonómicas", había resuelto el conselleiro antes de
advertir de la imposibilidad de "exigir mesa por mesa el certificado de
penales".
"Que ninguna autoridad vuelva a salir en una foto cerca de un narco"
Aquel tenso debate, en el que Príncipe
había recibido el apoyo del resto de la oposición -conformada entonces
por BNG, Esquerda Galega y Coalición Galega- había tenido su
continuación el día 29 del mismo mes, en el que Príncipe defendió la
moción ligada a la interpelación.
Procedía aprovechar la controversia
por la coincidencia de Fernández y Oubiña en el mismo lugar para "seguir
en el camino de aislar social, política y económicamente a los
narcotraficantes" mediante una "condena formal del narcotráfico" por
parte del Parlamento. En ese contexto, había agregado,
convenía que el Parlamento instara formalmente al Gobierno de Fraga a
que "extreme las medidas de precaución para que ninguna autoridad
vinculada con la Xunta vuelva a salir en una foto cerca de un
narcotraficante o presunto narcotraficante".
"Es bueno -había explicado el
representante del PSdeG- que les digamos a los ciudadanos que estamos
dispuestos a extremar las medidas que permitan evitar hechos no
deseados" y que esta intención se acompañe, al tiempo, con "vigilancia
para que con dinero público no se subvencione o financie ninguna
actividad en la que participen empresas o personas" vinculadas a los
narcos.
No podía permitirse, había ejemplificado Príncipe, que se
repitieran hechos como que ayudas de la Xunta para promocionar los vinos
gallegos acabaran llegando a viñedos propiedad de presuntos narcos o
contrabandistas.
La propuesta socialista había
sido replicado desde el PP por Jesús Palmou, quien había afirmado que el
partido que ya lideraba Fraga en Galicia no iba "regatear ningún
esfuerzo para que el aislamiento social, económico y político de tales
actividades se produzca en la sociedad gallega", si bien "ninguna
autoridad está libre de que en un momento dado pueda tener cerca una
persona relacionada de alguna manera con el narcotráfico".
"Estas
personas -había señalado el que después sería conselleiro y secretario
general del PPdeG- no llevan ninguna marca que las distinga", pero "es
fundamental tomar las precauciones para que estas situaciones no se
den".
Tras este segundo debate, mucho
más calmado que el primero, todos los grupos de la Cámara habían
alcanzado un acuerdo entre el texto formulado por Príncipe y las
enmiendas de otros partidos.
Fue así como aquel 29 de noviembre de 1990
el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad su "rotunda condena al
narcotráfico" e instó al dicho "aislamiento social, económico y político
de los narcotraficantes", así como al "apoyo" a todos los colectivos de
"lucha contra la droga" y las "acciones gubernativas y judiciales que
permiten combatir y castigar el narcotráfico".
En este sentido, el Parlamento instaba a
la Xunta "a que extreme las precauciones a fin de que ninguna autoridad
autonómica participe en ningún acto donde se encuentren personas que
puedan estar relacionadas con el narcotráfico".
El legislativo pedía
además por unanimidad al Ejecutivo de Fraga que esa misma "vigilancia"
sirviera para que el dinero público no llegara a "ninguna actividad"
ligada a "empresas o personas relacionadas con el narcotráfico". Esas
mismas medidas, finalizaba el texto, debían solicitarse al Gobierno de
España y a los ayuntamientos." (David Lombao, 29/03/18)
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