"La vieja guardia periodística de la Compañía de la Radio y Televisión de Galicia (CRTVG)
dice no recordar semejante crisis en los 33 años de vida del canal
autonómico. Decenas de trabajadores, veteranos y en prácticas, con plaza
fija y sin ella, habituales en pantalla y rostros anónimos, secundan
desde hace 16 semanas los Venres Negros (Viernes Negros), una
movilización que estrenaron siguiendo la senda marcada por el colectivo
de mujeres de RTVE y a la que de momento no piensan poner fin.
“La manipulación en la CRTVG es un mal endémico pero ahora ya no es nada sutil. Las formas impositivas del nuevo equipo directivo son las peores que hemos vivido en la casa”, asegura Raquel Lema, portavoz del comité intercentros, sobre una empresa pública en la que en tiempos de Manuel Fraga llegó a circular una supuesta lista negra de periodistas. La cúpula de la cadena, encabezada desde 2009 por Alfonso Sánchez-Izquierdo, ha rechazado dar su versión sobre el actual conflicto.
Los dos presentadores del principal telediario, Alfonso Hermida y Tati Moyano, dimitieron en junio “en discrepancia con la línea informativa”. Solo unas semanas después ella fue expedientada bajo amenaza de despido, alegando la dirección que se había peinado y maquillado en la Televisión de Galicia para presentar una gala benéfica ajena a la compañía.
Los representantes de la plantilla ven en la medida una clara represalia, al igual que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). En aquel acto celebrado un viernes, enfundada en un vestido negro, Moyano hizo referencia a las protestas contra la manipulación informativa con Feijóo en la mesa presidencial.
El decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Santiago, Xosé Ramón Pousa, afirma que en la radio y televisión autonómicas de Galicia “nunca ha habido pluralidad informativa” y lo atribuye a su particular situación política, con “un partido con muchos años de poder y que no está acostumbrado a ceder esa parcela”.
“Yo me fío de la plantilla: algo está pasando y alguien debería comparecer y rebatir”, apunta Francisco González Sarria, decano del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, una organización que en 18 años de existencia ha sido requerida pocas veces para dar amparo a periodistas. “La mayoría de esos casos han procedido de CRTVG y quedó bastante claro que la información había sido manipulada. No vale para medir, pero es un dato curioso”.
La diputada del PP Raquel Arias, portavoz en la comisión parlamentaria sobre CRTVG, niega tajantemente que haya manipulación en favor de su partido y defiende que se da voz a “colaboradores de todos los ámbitos y con currículos muy buenos”: “La Televisión de Galicia es líder de audiencia en informativos y es la segunda autonómica más vista. Yo no puedo creer que esos espectadores quieran una televisión manipulada”.
Este tercer mandato de Feijóo ha venido cargado de controvertidos cambios en la televisión y radio autonómicas. Periodistas de medios críticos con la Xunta han perdido su silla en las tertulias y se ha anunciado la supresión del Diario Cultural, un programa de radio con 28 años en antena que se había convertido en un emblema para el mundo de la cultura.
También se han eliminado de los informativos las desconexiones locales que hacían las delegaciones, una medida que el comité intercentros atribuye al afán de la dirección por ejercer un “control férreo” desde la sede central de Santiago de cara a las elecciones municipales del próximo año en las que el PP pretende recuperar el poder urbano que se le escapó en 2015.
Y sobre la cadena planea un proceso de digitalización que afecta a los horarios y a las funciones de los trabajadores -los periodistas tendrán por ejemplo que montar sus propias noticias – y que, según el comité, se está planteando “sin negociación y a las bravas”.
La cadena encara esta tempestad sin comité profesional, sin consejo audiovisual independiente y sin un presidente de la compañía elegido por el consenso de dos tercios del Parlamento. Todo ello pese a que una ley aprobada hace siete años por el propio Gobierno del PP así lo obliga. “Este incumplimiento [de la ley] sería impensable en otros sectores”, subraya el decano de Ciencias de la Información, “sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de recursos públicos que ahí se emplean”. El PP se niega a hablar de “incumplimiento”.
“La ley se está cumpliendo, a lo mejor no con la agilidad que se desearía, puede ser; pero no hay nada en lo que no se esté trabajando”, afirma Arias.
Los medios autonómicos cuentan en Galicia con una plantilla de 950 personas y 107 millones de euros de presupuesto, 200 empleados y 35 millones menos que hace una década. El comité intercentros denuncia una reducción drástica de la producción propia en favor de productoras privadas e incide en que esa externalización ha llegado incluso a los informativos, donde también se ha contratado a jefes de redacción de otros medios, al estilo de la “redacción paralela” que la dirección nombrada por el PP montó en su día en TVE.
“En la Televisión de Galicia parte de los directos los hacen trabajadores de productoras privadas a los que se les da indicaciones, cuando no párrafos escritos, de lo que tienen que decir. Se trata de controlar hasta el infinito la línea editorial, además de un negocio para unos cuantos”, critica Lema. “Es lo mismo que cuando un Ayuntamiento contrata a una asesoría técnica porque el funcionario se niega a firmar”, explica Sarria desde el colegio de periodistas.
Los trabajadores de CRTVG han recibido en las redes el apoyo a sus protestas de colegas periodistas y de personalidades de la cultura y la política, pero se quejan del poco eco que tienen en los principales medios gallegos. “Sufrimos un cerco informativo en Galicia”, lamenta Lema.
Para el decano de la Facultad de Ciencias de la Información de Santiago la sociedad gallega está “un poco adormecida con este tema” pese al “papel primordial” que los medios autonómicos tienen en una comunidad sin televisiones privadas propias.
“Aquí tiene que haber una hecatombe para que la gente empiece a valorar la información independiente”, concluye Sarria desde el colegio de periodistas." (Sonia Vizoso, El País, 09/09/18)
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