"No puedo meter a un hombre y a una mujer en la cama y decirles lo que
tienen que hacer. Si hiciera falta, lo haría, pero no se puede”. Manuel
Fraga resumía en 2004 con esta afirmación –una de las muchas que dejó
para las hemerotecas– su impotencia ante la escasez de nacimientos y el
continuo envejecimiento de la población gallega.
Su sucesor en el PP de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo,
que este domingo aspira a revalidar su cargo al frente de la Xunta, ha
tomado el testigo y ha situado la preocupación por la baja natalidad
entre sus prioridades políticas con una ley de impulso demográfico que,
si finalmente entra en vigor —el anteproyecto se aprobó en enero pero no
se debatió en el Parlamento autonómico por el adelanto electoral—, será
la primera norma en España desde la Transición diseñada para estimular
el número de nacimientos. Sus críticos consideran que yerra en el
diagnóstico: “El problema no es la baja natalidad, la natalidad es un
síntoma del problema”.
Los datos demuestran que la población en Galicia es cada vez de mayor
edad, aunque esta tendencia, algo más acentuada en la comunidad gallega,
se repite en el resto de España y en gran parte de Europa. Entre 1999 y
2019, la edad media de los ciudadanos gallegos ha pasado de 41,9 años a
47,2, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En
Ourense y Lugo, que son la primera y la tercera provincia con el índice
de envejecimiento más alto de toda España, la edad media asciende a 50,7
y 49,8 años respectivamente. Y mientras la esperanza de vida es cada
vez mayor, el número de nacimientos disminuye: de los 66,6 niños que
nacían por cada mil mujeres en 1975, la cifra ha descendido a más de la
mitad, con una tasa de fecundidad de 28,3 en 2019.
Aunque estas cifras han sido presentadas en Galicia en tono apocalíptico, los demógrafos insisten en que el envejecimiento no es problemático,
sino que es el resultado del gran aumento de la esperanza de vida. “En
España, en 1900, uno de cada cinco niños se moría antes de cumplir un
año, y la mitad se había muerto antes de los 15”, subraya Julio Pérez,
demógrafo del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC
(Centro Superior de Investigaciones Científicas) y autor del blog Apuntes de demografía.
El problema existiría si no hubiera “recursos suficientes para atender a
los mayores”, lo que supone ante todo un reto económico y no
demográfico, añade Antía Pérez Caramés, profesora de sociología en la
Universidad de A Coruña y experta en demografía y migraciones.
Feijóo
sí interpreta el envejecimiento como una crisis demográfica, pero ha
intentado alejarse de la visión de Fraga, que situaba a las mujeres en
el centro de la diana —“la mujer”, decía el expresidente gallego, “antes
de casarse procura tener su piso, por si acaso, y su coche, y cuando se
da cuenta tiene el primer hijo a los 30 o 32 años”—. Tras un plan
fallido de 2013 con el que la Xunta pretendió aumentar el índice de
fecundidad, el nuevo anteproyecto del PP, pionero en España en cuanto a
la intervención pública en política de natalidad, propone medidas de
ayudas económicas y de conciliación a las familias con hijos, de retorno
de los jóvenes gallegos y de dotación de mayores servicios a las zonas
más despobladas.
“La finalidad de la ley es ofrecer el máximo nivel de
apoyo a las personas que decidan tener un hijo” y contempla una
inversión de “800 millones de euros”, según la consejera de Política
Social de la Xunta, Fabiola García. Sin embargo, aunque lo sugiere, el
texto pasa de puntillas por lo que la oposición considera que es la
verdadera causa del bajo número de nacimientos: la falta de trabajo
estable.
“No aprende de los errores pasados, la ley es una operación de marketing para
convencer a las familias de que tengan hijos, y apenas aborda otro gran
instrumento para reforzar la vitalidad poblacional como es la
inmigración, que sería un instrumento más rápido y con otras ventajas”,
explica Xoaquín Fernández Leiceaga, senador y presidente de los
socialistas gallegos. La solución pasa en primer lugar, según el
dirigente del PSdeG, por la “estabilidad laboral”. “En los últimos
cuatro años, sin tener en cuenta la covid-19, hemos perdido 70.000 empleos en Galicia cuando en España se han creado 600.000”, lamenta el líder socialista.
Coincide
con este análisis Montse Prado, secretaria de organización del BNG.
“Una persona o una pareja no va a tener un hijo porque tenga más o menos
ayudas para cuidarlos, sino si tiene un empleo digno y un salario que
le permita desarrollar su proyecto vital”, afirma la política, que
critica el “raquítico aspecto económico” de la ley. Según considera, la
dirección de las medidas no es la adecuada, ya que “están enfocadas
únicamente en las personas que quieren tener hijos” y no en “la creación
de un sistema de bienestar global que atienda las necesidades de la
infancia, la juventud y los mayores”. “Mucho escaparate y poco
contenido”, sentencia.
Fabiola García niega rotundamente
un objetivo natalista de la norma. “Entendemos que una ley no debe tener
como cometido convencer a la gente para que tenga más hijos”, rechaza
la conselleira. Sin embargo, uno de los puntos novedosos del
texto es la obligación de que todas las leyes, decretos y planes que
pasen por el Parlamento autonómico tengan que contar con un informe de
impacto demográfico, una medida cuyo “objetivo es construir la
demografía como un problema”, reflexiona la socióloga Antía Pérez
Caramés.
“El PP distorsiona el concepto de conciliación y
lo convierte en una política natalista que contempla que una mujer
recibirá recursos públicos en la medida en que tenga hijos cuando antes
que nada es una política de justicia social y de responsabilización
colectiva de los cuidados”, apunta Pérez Caramés. La investigadora, que
ha analizado en profundidad la Ley de Impulso Demográfico de Galicia,
considera que los populares tienen un “concepto muy restringido de la
conciliación”, que entienden solo como familiar y laboral sin incluir
“otros aspectos de la vida personal, como la gestión del tiempo propio”.
¿Y qué ocurre con las parejas que no tienen hijos? “Que también son
familias que tienen que conciliar”.
Las medidas más destacadas de la ley
1. Gratuidad de la educación infantil para los segundos hijos y sucesivos.2. Apoyo a las empresas para que habiliten en sus instalaciones espacios de conciliación.
3. Intensificación de ayudas económicas a las familias a través de la Tarjeta Bienvenida, que facilita una cuantía mensual de entre 50 y 200 euros mensuales a los padres con un bebé recién nacido.
4. Programas de difusión de oportunidades para traer de vuelta a los gallegos en el exterior.
5. Impulso de servicios sanitarios, sociales y otros, como los bancarios, en las zonas rurales.
6. Publicación periódica en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del saldo vegetativo de la comunidad (nacimientos menos muertes) para concienciar a los gallegos del reto demográfico.
7. Incorporación de un informe demográfico en las leyes que se aprueben en el Parlamento autonómico." (Patricia R. Blanco, Antonio Alonso , El País, 10/07/20)
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