El monte de Santa María, en Guitiriz, Lugo / PEDRO AGRELO
"El mayor geriátrico de España, un complejo privado de 2.000 plazas que
ocupará 173 hectáreas de bosque en Guitiriz, ya no tendrá que pagar
alquiler a la comunidad de montes a la que hoy pertenecen los terrenos.
La Xunta le expropiará su uso a los vecinos para luego otorgárselo en
concesión a la empresa que promueve el complejo, con el que espera
obtener un beneficio anual antes de impuestos de 14,7 millones de euros.
El Gobierno gallego aún no ha determinado cuánto le costará expropiar a
los comuneros ni qué canon deberá pagarle la empresa privada por
disponer luego de esos terrenos públicos.
El macrogeriátrico privado de Guitiriz está siendo impulsado por una
pequeña promotora inmobiliaria de Alcalá de Henares, empresa pantalla de
otros inversores desconocidos. En agosto de 2011 logró que el Gobierno
gallego iniciase en secreto la recalificación de 1,73 millones de metros
cuadrados de monte vecinal de uso forestal junto a la A-6.
Pero aunque
la Xunta le permitiese construir en ellos, los terrenos comunales, de
utilidad pública, no pueden ser vendidos, así que iban a seguir siendo
propiedad de la comunidad de montes, con la que la empresa había firmado
un “acuerdo previo” de alquiler por 30.000 euros anuales durante 30
años. La cantidad apalabrada era, según los vecinos, lo que ahora
obtiene anualmente la comunidad de montes de la venta de la madera que
allí se produce.
Un año después de iniciarse la tramitación del proyecto, el pasado
mes de septiembre, sin que los vecinos sepan hoy aún nada de la
operación y justo un mes después de que entrase en vigor la reforma de
la Lei de Montes, el sistema de gestión de los terrenos para el
geriátrico se cambió del alquiler a la expropiación por parte de la
Xunta.
Lo que hace la Consellería de Medio Rural, a petición de la de
Territorio, que es la que impulsa políticamente el geriátrico, es
declarar que el interés público de esa instalación, aunque sea privada,
“prevalece” sobre el interés público del monte comunal. Es un
procedimiento empleado a menudo para permitir la construcción en montes
vecinales de, por ejemplo, autovías o líneas férreas, aunque en este
caso se aplicará a un proyecto privado, como se hace con los parques
eólicos.
Así que ahora el Gobierno gallego indemnizará a los comuneros por las
173 hectáreas sobre las que dejan de tener derechos y luego se las
otorgará por varios años a la empresa promotora. Según la ley, “la
concesión del uso privativo por interés particular en montes de dominio
público conllevará el pago periódico de un canon”, cantidad que, al
igual que la expropiación a pagar a los comuneros, aún no ha sido
definida por la Xunta.
De momento el Gobierno gallego está a la espera de que la empresa
promotora del complejo le detalle los terrenos que ha de expropiar y le
concrete el proyecto de actuación sobre el vial de acceso, que implicará
obras en la N-634 Santiago-Guitiriz.
Con esos documentos, y una vez que
se establezca el precio de la expropiación y del posterior canon
concesional, el Consello de la Xunta ya estará en disposición de aprobar
definitivamente el proyecto. Será entonces cuando los inversores que
afronten el coste de 135 millones de euros en que la promotora del
proyecto lo ha cuantificado podrán comenzar a construir la urbanización.
En lo que hoy es un bosque de pinos se levantarán 900 viviendas de
planta baja para dos personas semiindependientes, una residencia
asistida para 200 personas y diversos edificios de servicios (auditorio,
centro de salud, hotel y espacios comerciales).
Aunque la empresa
promotora no lo denomina geriátrico sino “senior resort”, con tarifas de
1.800 euros mensuales, aspira a concertar 760 plazas con la
Administración. La Xunta, sin embargo, niega cualquier acuerdo
asistencial previo con la empresa y asegura que su intervención en el
proyecto se ha limitado hasta ahora a facilitar su tramitación
urbanística." (El País, Galicia, 06/05/2013)
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