"Tanto ha sido el barullo informativo en torno al tax lease
que no resulta fácil saber cuándo están diciendo la verdad o cuándo
están mintiendo. Muchos intereses por el medio y más opacidad que
transparencia. Demasiadas preguntas sin respuesta.
La Hacienda Pública es la defraudada con la ilegal e injusta aplicación del tax lease, y es a Hacienda a quien han de devolver, no la "ayuda", sino los impuestos evadidos mediante el truco del tax lease .
La Hacienda Pública es la defraudada con la ilegal e injusta aplicación del tax lease, y es a Hacienda a quien han de devolver, no la "ayuda", sino los impuestos evadidos mediante el truco del tax lease .
La cuestión era muy sencilla, en el denominado Sistema español de
arrendamiento fiscal (SEAF), se forma una Agrupación de Interés
Económico (AIE) y, a través de esta, alguien que tuviera grandes
beneficios por los que tendría que tributar a Hacienda, los "invertía"
en el sector naval de modo que su cuenta de resultados quedaba reducida
en dicha cantidad, eludía el impuesto de lo invertido. La segunda parte
del truco estaba en que se amortizaba en tres o cuatro años.
Queda por saber cuáles eran los rendimientos globales obtenidos porque,
la inversión, no debía de estar diseñada solo para evadir impuestos,
para eso ya están las Sicav y los paraísos fiscales, sino para obtener
unos rendimientos adicionales.
De lo que tampoco se ha dado explicación alguna es de cómo los responsables de la Hacienda Pública permitían tales "inversiones" desgravatorias sabiendo que contravenían el documento de la Comisión Europea (CE) "Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea" (TFUE), principalmente en lo referido a los artículos 107 y 108 relacionados con la competencia, lo que motivó que la CE denunciara tal práctica el 21-09-2011 mediante el documento "Procedimientos relativos a la aplicación de la política de competencia" en el que se advertían estas infracciones y que ahora se han resuelto con tanta alarma, casi dos años después, y con tan poca transparencia y claridad en cuanto quiénes han organizado este tinglado financiero, sin que se mencione la identidad de los infractores, sin que haya sanción alguna ni siquiera política.
Tampoco se mencionan los documentos cuyo enlace se relaciona más arriba, algo que debiera de ser imprescindible para cualquier argumento, a favor o en contra, porque son los que contienen la normativa aplicable y la nota de la CE denunciando la infracción. La desinformación sobre el tema es alarmante.
De lo que tampoco se ha dado explicación alguna es de cómo los responsables de la Hacienda Pública permitían tales "inversiones" desgravatorias sabiendo que contravenían el documento de la Comisión Europea (CE) "Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea" (TFUE), principalmente en lo referido a los artículos 107 y 108 relacionados con la competencia, lo que motivó que la CE denunciara tal práctica el 21-09-2011 mediante el documento "Procedimientos relativos a la aplicación de la política de competencia" en el que se advertían estas infracciones y que ahora se han resuelto con tanta alarma, casi dos años después, y con tan poca transparencia y claridad en cuanto quiénes han organizado este tinglado financiero, sin que se mencione la identidad de los infractores, sin que haya sanción alguna ni siquiera política.
Tampoco se mencionan los documentos cuyo enlace se relaciona más arriba, algo que debiera de ser imprescindible para cualquier argumento, a favor o en contra, porque son los que contienen la normativa aplicable y la nota de la CE denunciando la infracción. La desinformación sobre el tema es alarmante.
Claro está
que no es de esperar que los medios, producto del sistema
político-económico, vayan más allá de lo imprescindible o más allá de lo
mínimo necesario, pero sin entrar nunca al fondo de la cuestión. Y, qué
decir de las autoridades responsables políticos cómplices de la trama y
del desastre de los astilleros. (...)
Se habla reiteradamente de que ha sido Holanda la que ha presentado
la denuncia, pero en el párrafo 1 del documento del 21-09-2011 de la CE,
más arriba citado, dice que el año anterior, el 13-06-2010
"...asociaciones de construcción naval de siete países europeos firman
una petición contra el denominado 'sistema español de arrendamiento
fiscal'..." (SEAF).
Es decir, la denuncia es de hace tres años, aunque
anteriormente, desde el 2006, también se habían enviado otros escritos
denuncia según consta el los párrafos 2 y 3 del documento de la CE
citado.
Por supuesto que no se trata de defender el modelo
económico de la UE, ni mucho menos, pero sí de que "nuestros" sindicatos
oficiales, partidos y gobiernos implicados, central y autonómicos, no
echen culpas a no se sabe quién de la incompetencia, despilfarro y
corrupción existente en la construcción naval española que, aunque solo
sean 19.774 trabajadores, ya son más que suficientes para que se
enciendan todas las alarmas, pero no por culpa de la UE, que también,
sino por todo lo más arriba dicho, junto con la complicidad de los
Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar).
Y,
hablando de Bruselas, ni el Sr. Almunia ni la UE se han movido porque en
el reino de España se haya defraudando de las arcas del Estado, a las
de la Hacienda Pública, cerca de 3.000 millones de euros, que buena
falta nos hacen para pagar los servicios sociales básicos, tan
recortados por este y otros fraudes, sino que la UE y el Sr. Almunia se
ha movido por la denuncia de otros países. Nada de altruismos ni de
solidaridad dentro de la UE, nada que ver, la cosa va de a ver quién
gana más y más rápidamente, como decía el súper ministro socialista
-Solana- del gobierno de don Felipe González.
En resumen, de
las arcas del Estado, de donde ha de salir el dinero para cubrir las
prestaciones sociales, han desaparecido 2.800 millones de euros,
exactamente la misma cantidad que se ha defraudado, es lo que viene a
decir la CE, con el denominado SEAF, en el que se ampara tax lease , modelo marca España.
Ahora el Gobierno del PP con el apoyo del PSOE y demás, en nombre de
los defraudadores, anuncia que recurrirá. Recurrirá en nombre de los
defraudadores, no de los trabajadores ni de los ciudadanos que son los
perjudicados.
Porque los 2.800 millones, rebajas a parte, es seguro
que todo ello irá al epígrafe de los recortes sociales, ya que está por
ver cuándo y cómo pagarán los defraudadores.
También está por ver, con estos mimbres, cuándo, cómo y de qué manera mejorarán el empleo en el sector naval.
Enlace relacionado: El tax lease y los astilleros, O la burbuja especulativa, despilfarro, Pymar, paro, más recortes y leyenda negra."
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