"Casi no hay semana sin sobresalto judicial para el gobierno de Santiago.
Y el último ha sido una imputación masiva: los siete concejales
miembros de la Junta de Gobierno Municipal, todos del PP, han sido
acusados formalmente de prevaricación por acordar que el Ayuntamiento se
hiciese cargo de los gastos de defensa de su compañero de corporación
Adrián Varela, implicado a su vez en el caso Pokémon.
La fiscalía de Santiago, tras recibir la denuncia de un particular, ha
acordado querellarse contra los miembros de la Junta de Gobierno,
citados ya a declarar como imputados por la titular del Juzgado de
Instrucción número 1 de la ciudad, Ana López-Suevos. Con este nuevo
episodio, 10 de los 13 concejales del PP en Santiago —incluido el
alcalde, Ángel Currás— están imputados en los tribunales.
Uno de ellos,
Juan de la Fuente, acumula dos imputaciones. Y además también pesan
cargos en dos causas distintas contra el exconcejal Albino Vázquez
Aldrey, que dimitió tras ser detenido en la Operación Pokémon.
Por este
último asunto permanece imputado el que fue alcalde durante el primer
año de legislatura, Gerardo Conde Roa, recientemente condenado a dos
años de cárcel por un fraude fiscal de 291.000 euros, un asunto que le
forzó a dimitir en abril de 2012.
El nuevo acto del interminable vodevil judicial del gobierno de
Santiago se remonta al pasado 30 de mayo, cuando la junta de gobierno
acordó asumir los gastos que le acarrease al edil de Deportes, Adrián
Varela, su defensa tras ser imputado en el caso Pokémon, que investiga
el supuesto pago de sobornos a cambio de contratas públicas en varios
ayuntamientos gallegos.
Los concejales tomaron su decisión tras conocer
un informe del secretario municipal que señalaba que el pago del abogado
de Varela sería legal siempre que este no fuese condenado, de acuerdo
con la doctrina de una sentencia del Tribunal Supremo de 2002.
El gobierno local ocultó a la opinión pública el contenido de ese
acuerdo de la junta. Cuando, un mes más tarde, el asunto trascendió a
los medios de comunicación, Varela renunció a que el Ayuntamiento le
pagase su defensa. Pero un particular denunció los hechos a la fiscalía,
que decidió presentar una querella.
Según fuentes del ministerio
público, la junta de gobierno no podía asumir los gastos del abogado del
concejal hasta que este fuese absuelto, como estipula la sentencia del
Supremo a la que alude el secretario en el informe que sirvió de base
para tomar el acuerdo.
La querella ha sido tramitada por la juez
López-Suevos, que ha dictado un auto llamando a declarar a los siete
ediles como imputados. La portavoz del gobierno local, María Pardo —una
de las implicadas— ha acusado a la magistrada de “persecución política”,
pese a que la propia López-Suevos acaba de sobreseer otra causa contra
el alcalde Currás y Conde Roa." (El País, 14/10/2013)
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