Activistas de Stop Desahuicios junto a la madre del bebé (derecha) / nacho gómez
"Sobre María del Pilar y su familia pesa una losa que, cuando caiga,
los dejará en la calle con lo puesto y un pequeño bebé en brazos. El
martes de la semana que viene deberá abandonar el vetusto piso en el que
vive o será expulsada por la fuerza junto a su marido, su hija
adolescente y su otra pequeña de un año.
No tienen adónde ir desde que
se enredaron en una espiral de calamidades que les impide pagar el
alquiler de la casa porque casi no tienen ingresos y que, al mismo
tiempo, les cierra la puerta de cualquier otro contrato de
arrendamiento.
Deben algo más de 2.100 euros a los propietarios del piso
porque toda la familia sobrevivía con una renta de integración social
que la Xunta de Galicia les concedió hace unos meses. O comían o pagaban
el alquiler mensual de 310 euros.
Desde hace unos días, el marido de María trabaja 10 horas a la semana
en el sector de la hostelería y por eso creen que, a partir de ahora,
podrán vivir un poco más desahogados gracias al reducido salario que
cobrará por fregar platos y vasos. De momento, sin techo bajo el que
cobijarse, pero con el bolsillo algo más lleno a final de mes.
El
caprichoso destino quiso que, casi a la misma hora a la que la comisión
judicial encargada de expulsar a la familia llegaba al portal del
edificio al lado del Miño a su paso por la ciudad de Ourense, enfrente,
en la otra orilla del río, decenas de políticos y autoridades judiciales
inauguraban, orgullosos, entre vítores y aplausos un gran palacio de
justicia que tras una inversión de 18 millones de euros aún no tiene
licencia de ocupación.
La rabia, exacerbada, corroía a María y a los
suyos, pero también a los miembros de la plataforma Stop Desafiuzamentos
que, pancartas en mano y gritos en alto, protestaban delante del
portal. Justo después, trasladaron esas protestas ante las autoridades
que bendecían una nueva casa para la justicia, pero la policía les
prohibió acercarse al edificio sin licencia.
Finalmente y bajo el foco de periodistas, reporteros gráficos y
ciudadanos, la comisión judicial accedió a prorrogar el desalojo durante
siete días para que puedan trasladar las pocas pertenencias que les
quedan a otro lugar. “No tenemos absolutamente nada y tampoco sabemos en
qué lugar vamos a acabar”, decía la mujer entre lágrimas y con el bebé a
su lado, mientras asimilaba que ya no hay marcha atrás. (...)
Sin embargo, la solución ofrecida por el Instituto Galego de Vivienda
e Solo ejemplifica que, a veces, el remedio puede ser peor que la
enfermedad. El pasado viernes, a pocas horas del anunciado desahucio,
les ofreció ocupar viviendas sociales en Castro Caldelas o en Carballeda
de Valdeorras, dos pequeños pueblos enclavados en las montañas más
aisladas de Galicia, a 50 y 140 kilómetros respectivamente de su actual
casa, y casi sin conexión con transporte público.
Si aceptan esta
opción, la hija mayor no podría seguir estudiando y su marido perdería
el empleo que acaba de conseguir fregando loza porque no tendría cómo
desplazarse hasta la ciudad de Ourense: trabaja a jornada partida y no
tendría autobús para regresar a su nueva casa hasta el día siguiente.
“Esa solución no nos permite ir adelante”, lamentaba la mujer ante los
micrófonos en los que también denunció que desde la Administración
gallega se le dijo “claramente” que si aceptaba alguno de los pisos en
esos pueblos “se hablaría con los funcionarios judiciales para retrasar
el desahucio”.
El otro problema que acecha a la familia es la lentitud de algunas
administraciones públicas. “Era autónoma en una empresa de limpieza pero
me quedé sin trabajo y entonces pedí una ayuda de emergencia, que se me
denegó de inmediato. Todavía estoy esperando a que me respondan al
recurso que presenté en julio del año”, explica María mientras aclara:
“Yo no quiero vivir toda la vida de la administración, pero es peor si
me mandan a un sitio en el que no tengo posibilidad de superarme para
salir de esta situación”.
“Si tuviera trabajo, claro que trabajaría y no
pediría estas ayudas, pero no me queda otra por mis hijos”. Ahora,
durante los siete días que tienen de margen estudiarán opciones para no
quedarse en la calle. Y es que ya tienen asumido que la cuenta atrás de
192 horas iniciada en la mañana de este lunes no cesará y el martes de
la semana que viene, la policía llamará a la puerta de la que, hasta
ahora, era su casa." (
Pablo Taboada
, El País, Ourense
23 FEB 2015)
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