Documento anexo al contrato que debe firmar un ganadero con un
industrial lácteo para renunciar a la ley del Ministerio, que fija la
duración contractual en un año y que, con esta "Renuncia", se queda en
"un mes". PÚBLICO
"La situación de los ganaderos en Galicia empieza a ser "desesperada", reconocen fuentes del sector. Público ha tenido acceso a uno de los muchos contratos con los que la industria láctea chantajea a los productores de leche para obligarles a renunciar a las condiciones impuestas hace dos años por el Gobierno
respecto a la duración de los contratos, que busca la estabilidad de un
sector muy maltratado por la crisis económica y la competencia de
precios en la distribución (supermercados).
El Consejo de Ministros del 27 de febrero aprobó, dentro de la modificación del llamado "paquete lácteo" del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente iniciada hace dos años, una serie de medidas que vuelve a incluir la obligatoriedad de que los contratos duren, por lo menos, un año; sean firmados dos meses antes de que se extinga el contrato anterior, y permitan al ganadero (sólo al ganadero) acortar ese plazo anual comunicándolo a la autoridad administrativa competente.
Cómo la industria, mediante una Nota Informativa incluida en el
contrato, fija el precio de la leche en el mínimo justificándolo por las
"fluctuaciones del mercado" y para "evitar estar firmando el documento
continuamente", pero asegurando que se puede llegar a pagar un "precio
superior". Nunca se hace, según los ganaderos. PÚBLICO
El Ejecutivo de Rajoy aprobó este nuevo "paquete lácteo" un mes antes
del fin de la llamada "cuota láctea" (tope de producción impuesto por la
Unión Europea para no tener que cubrir excedentes, lo que supone la
liberalización total de este mercado) y en medio de la continua revuelta de los sindicatos ganaderos gallegos contra los bajos precios
a los que se ven obligados a vender la leche a los productores. "O
vendes al mínimo precio o no te recogen la leche", se desesperan los
suministradores.
El ejemplo de cómo el precio mínimo no pasa de ahí está asimismo, en el
contrato al que ha tenido acceso este diario entre un ganadero lucense [evita hacer público su nombre por temor a represalias]
y un industrial del sector lácteo.
En una "Nota Informativa
Importante", el empresario quita hierro a la fijación del precio en el
mínimo por las "fluctuaciones del mercado" y para "evitar estar firmando
el documento continuamente", aunque asegura al productor [en gallego en el contrato] que la firma de este acuerdo "NO QUIERE DECIR [sic las mayúsculas] que esto impida que usted pueda cobrar la leche a un precio superior", algo que "nunca ocurre", según el ganadero, y que puede adivinarse por la informalidad de los términos.
El contrato mostrado por este medio entró en vigor el 1 de enero de 2015, pero la senadora socialista Paula Fernández, asegura que, en los dos últimos años, "el 99% de los contratos firmados entre productores e industria alcanzan los tres meses" como mucho, a pesar de la duración obligatoria de un año.
El contrato mostrado por este medio entró en vigor el 1 de enero de 2015, pero la senadora socialista Paula Fernández, asegura que, en los dos últimos años, "el 99% de los contratos firmados entre productores e industria alcanzan los tres meses" como mucho, a pesar de la duración obligatoria de un año.
Los ganaderos
los firman por "miedo a que las empresas no recojan la leche" y éstas
presionan a los productores con los precios porque la distribución (los
supermercados y superficies comerciales, el último eslabón de la cadena
láctea antes del consumidor) "tira" los precios de la leche "como
reclamo". "Los ganaderos no cubren costes", asegura Fernández, exalcaldesa de Silleda (Pontevedra), un municipio gallego de fuerte componente agrícola y ganadero. (...)
El Gobierno ya manifestó a principios de mes que su preocupación por la
viabilidad de la industria láctea iba mucho más allá que la que le
merecen los ganaderos, aunque se confirmen los abusos de la primera.
Así, el mismo día que se conoció (2 de marzo), la ministra de
Agricultura se mostró temerosa por el impacto que pudiera tener en las
empresas la multa de 88,2 millones de euros que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a nueve compañías y dos asociaciones que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca en España por haber participado en "conductas anticompetitivas que
infringen la legislación de competencia" (infracción del artículo 1 de
la Ley 16/1989, del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, y del artículo 101 del TFUE) (...)" (Público, 18/03/2015)
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