Convento de Herbón. / ÓSCAR CORRAL
"Los últimos dos frailes que a diario limpiaban de maleza, cuidaban y
ventilaban los 48.000 metros cuadrados de piedra y memoria del convento
de Herbón, en Padrón, ya tienen preparada la maleta. Miguel Ángel
Barreiro, que llevaba solo dos años en la casa, tendrá como nuevo
destino la comunidad de Ponteareas.
El prior, Roberto Freire, se irá
después de seis años a la vera del Ulla a engrosar el pequeño grupo
franciscano que hace poco tiempo se hizo cargo de la iglesia de O
Cebreiro.
Con la marcha de estos dos religiosos, se cierra una comunidad
que permanece abierta, de forma casi continuada, desde hace seis
siglos, y que cambió la economía local cuando introdujo el cultivo de un
pimiento picante procedente de las misiones franciscanas en la zona
fronteriza entre Estados Unidos y México.
La comunicación interna del provincial de los franciscanos, José
Antonio Castiñeira, notificándoles la marcha e informando escuetamente
que la casa “se gestionará pastoralmente desde Santiago” se produjo el
viernes 26. Casualmente tres días después de expirar el plazo en el que
Patrimonio tenía que decidir declarar, o no, el histórico cenobio Ben de
Interese Cultural (BIC).
Hacía 15 días que los representantes del convento (solicitantes con
diversos colectivos culturales de la catalogación del monumento fundado
en 1396) habían pedido una entrevista en la Xunta para conocer la suerte
del edificio. Hoy, sigue siendo un misterio para ellos la decisión que
ha tomado Patrimonio, pero de ella dependía que la guerra declarada en
la parroquia cesase o se recrudeciera.
Desde 2009, poco después de que un grupo inmobiliario compostelano
tantease a la orden para convertir el edificio en un macrohotel de lujo,
varias asociaciones piden para el conjunto de Herbón el título de BIC.
Esta declaración era crucial, según argumentan, para lograr diversas
subvenciones institucionales, incluido el 1% del Ministerio de Fomento,
que se destinarían a la restauración urgente del inmueble, que amenaza
ruina.
El enfrentamiento entre los frailes y estas asociaciones por una
parte, y el alcalde popular, Antonio Fernández Angueira, junto con un
grupo vecinal por otra, estalló precisamente por esta causa. Ni el
regidor local ni los socios de la vieja cooperativa Pimerbón, gobernada
por el exconcejal del PP José Rivera Magariños, querían para el lugar lo
que ellos llamaban la “afectación” que conllevaría una distinción
patrimonial de tal calibre.
Rápidamente, según los partidarios del BIC, una voz con intereses
poco claros extendió rumores entre los parroquianos. Empezó a circular
que la Xunta obligaría a derribar galpones e invernaderos ilegales; que
nadie iba a poder poner un ladrillo sin que mediasen mil quebraderos
administrativos; que los propietarios de las plantaciones de pimiento
tendrían que tapar la vista de los plásticos con un cierre de tuyas.
Y
entonces se declaró la guerra. El prior advertía hace un año que algún
día terminaría contando todo lo que pasó y señalando a los
protagonistas, pero ahora permanece en silencio.
Entonces le podía la
rabia. Le acababan de envenenar a los dos perros, y la más alegre, una
pastora de nombre Alma, no llegó viva a la clínica veterinaria, fulminada por una potente dosis de estrictina disfrazada en la comida. El labrador, Simba, se recuperó.
Además, en horario nocturno y con voces distorsionadas, los frailes,
que entonces eran tres e incluso habían llegado a ser cinco, recibían
llamadas anónimas con amenazas. Una de estas les anunció la muerte de
los canes. Otras, que iban a lograr echarlos de allí, y que harían
llegar a los superiores de la orden informaciones sobre su vida personal
con el propósito de desacreditarlos. (...)
“Los que alimentaron esta guerra sucia han ganado otra batalla, pero no
son conscientes de lo que perderán si se muere el convento”, dice un
miembro de uno de los colectivos. “El alcalde presionó de forma tremenda
al provincial de la orden para echar al prior, se lo exigió
expresamente en una reunión”, asegura Manuel Dios, presidente de
Educación para a Paz. “Y la orden se ha plegado a sus intereses”. (El País, 01/08/2013)
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