"La Consellería de Medio Ambiente acaba de convocar un concurso
público para subcontratar la redacción de dos nuevas leyes autonómicas,
las que regularán la conservación de la naturaleza y la pesca fluvial.
El departamento que dirige Ethel Vázquez está dispuesto a pagar un
máximo de 72.000 euros a quien resulte adjudicatario del concurso, que
además de elaborar el borrador inicial de ambos textos legales deberá
asesorar al Gobierno gallego durante todo el procedimiento de aprobación
parlamentaria de las normas.
No es la primera vez que la Xunta
subcontrata la redacción de leyes. Así lo hizo ya en 2010 con otra norma
similar, la ley de caza, que entonces adjudicó a dedo por 48.380 euros a
un bufete de abogados ligado a Xóvenes Agricultores.
La actual ley de conservación de la naturaleza data de 2001 y la de
pesca fluvial de 1992. Desde entonces, argumenta el Gobierno gallego, se
han dictado “nuevas normas en el ámbito comunitario y estatal que están
incidiendo de una manera directa sobre la normativa autonómica”, por lo
que considera necesario actualizar ambas leyes.
Para justificar que la
redacción de los nuevos textos no la realicen los propios funcionarios o
cargos autonómicos ni el Parlamento de Galicia, donde radica en última
instancia el poder legislativo, Medio Ambiente argumenta que “la
elaboración de esta normativa requiere de un asesoramiento externo,
requiriendo la colaboración de profesionales especializados que puedan
aportar los elementos de juicio necesarios”.
Las condiciones del concurso público ahora convocado establecen que
el equipo de trabajo debe estar compuesto al menos por un licenciado en
derecho con experiencia mínima de tres años en la elaboración de
reglamentos y disposiciones administrativas; otro licenciado en derecho
con experiencia de dos años en cuestiones ambientales; y un ingeniero
agroforestal, biólogo o veterinario con similar experiencia en
planificación y gestión de recursos naturales.
La Xunta prevé que el
trabajo dure un máximo de 13 meses repartidos en tres fases: una primera
de análisis jurídico-técnico del sector y obtención de datos, una
segunda de elaboración de las propuestas normativas y una última de
seguimiento y apoyo a la Dirección Xeral de Conservación da Natureza
durante la tramitación del texto legal. Medio Ambiente contempla que
pueda ser el propio contratista el que exponga los textos legales “en
foros especializados” y deja en sus manos elaborar “un informe en el que
se detallarán las valoraciones recibidas, las previsibles consecuencias
de admitirlas o rechazarlas y, de ser el caso, su posible integración
en el conjunto del proceso normativo”. (...)" (
David Reinero
, El País, Santiago
15 MAR 2015)
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