"Núñez Feijóo lleva seis años gobernando la Xunta de Galicia con el
objetivo de privatizar los servicios públicos más rentables y ponerlos
en manos de fondos de inversión y empresas multinacionales, que
mantienen desde hace tiempo con el Partido Popular lazos de unión muy
poderosos.
En la tramitación administrativa de estas privatizaciones se
ha comprobado graves vulneraciones de la legalidad como la utilización
de modalidades de contratos inapropiados y perjudiciales para prestar
los servicios públicos.
Este es el caso de la asignación a una
Concesionaria Privada de la financiación y gestión del Nuevo Hospital de
Vigo en el 2010, para la que la Consellería de Sanidade utilizo el
contrato de Concesión de Obra Pública cuando debería haber utilizado el de Colaboración Público-Privada.
El contrato utilizado vulneró la legislación
El contrato con la Concesionaria Privada incluyó prestaciones
impropias de los simples contratos de Concesión de Obra como la
financiación y suministro del mobiliario general (8,2 millones de
euros), los suministros de gas, electricidad etc., la prestación y
gestión de servicios (cocina, limpieza, seguridad, desinfección,
reprografía, mantenimiento etc.) que para colmo se realizarán en
edificios (hospitales del Meixoeiro y Nicolás Peña) que no tienen
relación física con la obra concesionada pues están a varios kilómetros
de distancia de la misma o la gestión integral del mantenimiento de
instalaciones complejas como el Laboratorio del Nuevo Hospital.
Esto
último explica por qué el SERGAS ha decidido arbitrariamente que el
Nuevo Hospital no disponga de laboratorio central, que ha sido
trasladado al Hospital del Meixoeiro a varios kilómetros de distancia de
la obra concesionada, poniendo así en riesgo la calidad y seguridad de
las pruebas diagnósticas.
¿Por qué la Xunta utilizó esta trampa legal en el Nuevo Hospital de Vigo?
1.- Para enmascarar la utilización improcedente del Contrato de
Concesión de Obra, modalidad que no contempla prestaciones accesorias a
las obras de construcción de centros, incluidas en el contrato del
Nuevo Hospital de Vigo.
2.-Porque así podía saltarse un punto crítico en la tramitación del
contrato para construir el Nuevo Hospital. La Ley 30/2007 de Contratos
Públicos exige a los Contratos de Colaboración Público-Privada (no a los
de Concesión de Obra) que el expediente integre un Estudio de Evaluación Previa que
demuestre objetivamente que el contrato de financiación por el sector
privado es la mejor opción para la Administración desde todos los puntos
de vista: financiero, jurídico, económico, administrativo, menor coste
global, mayor eficacia etc., que a la vista de sus contenidos es
imposible de sostener.
3- Para evitar comparar este proyecto con el aprobado por el anterior
gobierno que había acordado en el año 2009 de construir el centro con
financiación pública mediante la Sociedad Pública de Inversiones de
Galicia (S.P.I. Galicia), cuyo coste estaba previsto en 457,6 millones
frente a los 1.566,4 de la actual financiación privada.
Hay que recordar
que nada más llegar a la presidencia de la Xunta Núñez Feijoo anuló el
acuerdo de la anterior administración para dar el proyecto a una
concesionaria privada en la que participaban personas vinculadas al PP y
que ahora forman parte de la administración.
Elena Muñoz que encabeza la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Vigo, jugó un papel clave en esta trama
El día 5 de mayo de 2010 la Intervención General de la Comunidad de Galicia emitió
un informe, firmado por la Sra. Elena Muñoz, que entonces lo presidía,
favorable a la utilización de esta modalidad de contrato, algo
imprescindible para que fuese aprobado por el Consello de Gobierno de la
Xunta de Galicia el 6 de Mayo de 2010.
Resulta sorprendente que la Interventora General no detectara la
referida vulneración en el contrato (redactado una vez más por la
empresa privada Price Waterhouse Coopers (PWC), consultora de cabecera
del SERGAS en estas lides): no debió leer todos los documentos ya que de
haberlo hecho se hubiera percatado de que contemplaban prestaciones
impropias de los contratos de Concesión de Obra y de que la obra del
Nuevo Hospital de Vigo ya tenía un plan económico financiero aprobado
por el propio gobierno de la Xunta en 2009.
También sorprende que la Sra. Muñoz emitiera su informe en un tiempo record de menos de 24 horas, al firmarlo el mismo día que lo recibió,
pese al volumen y complejidad del contrato, y a que la ley da un plazo
de 10 días naturales a la Intervención General para emitir sus informes
(de 5 días si es declarado de urgente tramitación por el órgano
contratante, algo que no ocurrió en este caso).
¿Por qué estas prisas para emitir el informe?
La Xunta sabía que el Ministerio de Hacienda tenía preparado para su inminente publicación el Real Decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. El Boletín Oficial del Estado publicó el 24 de mayo este decreto que estableció la necesidad de un informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Economía y Hacienda para las fórmulas de contratación de financiación privada.
Dicho informe debe explicitar las repercusiones presupuestarias del
contrato y su incidencia en el déficit, dado que estas modalidades
contractuales pueden representar un considerable impacto a largo plazo
sobre las cuentas públicas. El decreto afecta a todos los Contratos
Público Privados que excedan los 12 millones de euros y el de Vigo
costará a los contribuyentes más de 1.500 millones.
En resumen, Núñez Feijoo necesitaba acelerar la aprobación del
expediente cuanto antes (si el expediente hubiera llegado al Ministerio
de Hacienda se hubiera detectado fácilmente la trampa de la calificación
indebida y habría sido rechazado) para lo que era imprescindible la
colaboración de la Intervención General de la Comunidad de Galicia
presidida por Elena Muñoz, que es el órgano de la Comunidad Autónoma de
Galicia responsable de fiscalizar y ejercer el control interno de todo
aquello que suponga gasto de dinero público.
Posteriormente a esta diligente decisión la Sra. Muñoz fue ascendida
por Feijoo a Conselleira de Hacienda y ahora encabeza la lista electoral
del PP de Vigo, lo que induce a pensar que en recompensa a una decisión
que privatizará y perjudicará la atención hospitalaria de Vigo.
Hay que
recordar que el contrato dejara el Nuevo Hospital en manos de una
concesionaria privada (integrada por empresas con directivos
relacionados en aquel momento con el Partido Popular) y por el que la
Xunta pagara cuatro veces más a pesar de los recortes de camas, recursos
docentes y de investigación, servicios de referencia, equipamiento,
calidad de materiales y miles de metros cuadrados de superficie,
introducidos en el proyecto inicial para favorecer el negocio a la
empresa concesionaria.
Haces pocos días el Tribunal Superior de Recursos Contractuales del
Ministerio de Hacienda le anuló al SERGAS el Contrato para Suministros
de Reactivos y Material para Técnicas Analíticas del Laboratorio del
Hospital del Meixoeiro por incluir en el mismo obras de adaptación del
servicio además del suministro referido. El Tribunal Superior en su auto
calificó la actuación del SERGAS de errónea y vulneradora de los
principios legales de transparencia y libre concurrencia.
Además de perjudicial para la asistencia sanitaria, resulta
escandaloso que mientras un organismo de la Administración Central anula
un contrato de la Xunta por no ajustarse a la legalidad, otro organismo
dependiente de la Comunidad Autónoma Gallega haya avalado otro contrato
que se podría calificar de erróneo y fraudulento pero que beneficia
claramente los intereses del PP.
Pura política bananera al servicio de la privatización, que futuros
gobiernos progresistas gallegos deberán corregir y erradicar."
(Manuel Martín García | Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, , Nueva Tribuna, 17 de Mayo de 2015)
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