"El mayor concurso de acreedores de la historia en España, el de la
constructora Martinsa-Fadesa en el verano de 2008, así como sus actuales
dificultades para evitar la quiebra, pone aún más cerca del abismo y de
la ruina económica a dos Ayuntamientos coruñeses, Miño y O Pino.
Ambos,
bajo el bastón de mando del PP desde hace décadas, abocaron las arcas
municipales a una bancarrota por el mismo camino: encargarse, con
condiciones preferentes para la entonces todopoderosa inmobiliaria
fundada por el coruñés Manuel Jove pero nefastas para sus vecinos
afectados, de expropiar los terrenos necesarios para albergar negocios
privados a gran escala, como la descomunal pero aún inacabada
urbanización Costa Miño Golf (1.217 viviendas y parcelas), o un
inexistente polígono industrial de un millón de metros cuadrados en O
Pino. Era el boom del ladrillo y a principios del siglo atraer
macroproyectos constituía la vía preferida de los alcaldes para
supuestamente llevar el progreso a sus pequeños municipios.
Unas desatinadas y rocambolescas tramitaciones de expropiaciones
acabaron, tras más de una docena de años de entuertos, litigios, impagos
y condenas judiciales, por ser tumbadas por los tribunales y ponen a
ambos Ayuntamientos en la obligación de pagar millonarias
indemnizaciones que duplican o quintuplica sus presupuestos municipales,
ya de por sí mermados por la escasez y deudas importantes.
El motivo
siempre es el mismo: los gobiernos locales pagaron precios irrisorios
por las parcelas destinadas a la constructora, unos seis euros el metro
cuadrado que tras años de pleitos fueron revisados a alza, hasta seis
veces más, por los tribunales.
Pese a todos los varapalos judiciales recibidos en 12 años y tras
haber rechazado el Tribunal Supremo la pasada primavera su último
intento de evitar el pago de 26 millones de euros a los propietarios
expropiados en 2002 para la gigantesca urbanización de Fadesa, el
alcalde de Miño, Jesús Veiga Sabín (PP), continúa su estrategia de ganar
tiempo con nuevas acciones judiciales.
Con ayuda de la Diputación
coruñesa, presentó un nuevo recurso, esta vez ante el Tribunal
Constitucional, contra la sentencia en firme que condena al Ayuntamiento
a pagar los 25 millones de euros (intereses de demora incluidos) por el
excesivamente bajo precio de las expropiaciones realizadas en su día
para Martinsa-Fadesa.
Si la corporación es responsable, sentenciaron los jueces, es entre
otras razones porque ni siquiera pidió aval alguno a la constructora
para hacer frente a posibles reclamaciones por el precio, anormalmente
bajo, que se pagó inicialmente a los expropiados. Los afectados siguen
sin ver un euro pese a haber logrado ganar en los tribunales.
Y con la
constructora en vías de liquidación si no logra renegociar el concurso
de acreedores y el Ayuntamiento, por su parte en la ruina, no parece que
los vecinos vayan a cobrar en breve. Los 25 millones quintuplican el
presupuesto anual de Miño, una localidad costera de apenas 5.700
habitantes y sin industrias que engrosen las arcas municipales que ya
arrastran una deuda importante, que ronda los cuatro millones.
Damnificados son también aquellos ciudadanos que compraron vivienda en
la macrourbanización inacabada, fantasmal y carente de cualquier
servicio básico.
Idéntica es la situación del Ayuntamiento de O Pino, condenado
también a pagar casi dos millones de euros a los vecinos a quienes
expropió hace más de una década y a bajo precio parcelas para otro
negocio de Fadesa Inmobiliaria, un polígono industrial de un millón de
metros cuadrados que incluía un hotel pegado al aeropuerto compostelano
de Lavacolla. Un proyecto que iba a traer, según su alcalde, Manuel
Taboada (PP), “progreso económico y poblacional” a este pequeño
municipio del rural, con apenas 4.700 habitantes.
La indemnización que Taboada tratará con nuevos recursos judiciales
de evitar pagar, o cuando menos retrasar al máximo su ejecución, arruina
a O Pino, cuyo presupuesto anual es tan sólo de 2,8 millones de euros.
El alcalde intercedió además ante los vecinos para favorecer a Fadesa y
convencerles de aceptar precios tres veces por debajo de lo que al final
los tribunales reconocieron a un puñado de expropiados que se
embarcaron en largas reclamaciones judiciales. El parque empresarial así
como el hotel no existen. Al suspender pagos la constructora, todo se
fue al garete." (
Paola Obelleiro
, El País, A Coruña
24 ENE 2015)
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