"El pediatra se queda pasmado cuando el padre de Xavi le muestra la
cajita naranja envuelta en una bolsa de frío. “¿Pero dónde ha conseguido
esto?”, le interroga.
El padre de Xavi le mira a los ojos sin
contestar, mientras su hijo observa extrañado al médico, que deambula
por la consulta dándole vueltas y vueltas a la cajita, como si fuera un
pequeño tesoro: “¡Si no queda ni una en toda Galicia!”.
El envase en cuestión contiene una jeringuilla Infanrix trivalente de los laboratorios británicos GlaxoSmithKline (GSK), nombre comercial de la dTPa, un fármaco que, según el calendario oficial de vacunación del Servicio Galego de Saúde (Sergas), deben recibir todos los niños de seis años para protegerlos contra la difteria, la tos ferina y el tétanos.
El envase en cuestión contiene una jeringuilla Infanrix trivalente de los laboratorios británicos GlaxoSmithKline (GSK), nombre comercial de la dTPa, un fármaco que, según el calendario oficial de vacunación del Servicio Galego de Saúde (Sergas), deben recibir todos los niños de seis años para protegerlos contra la difteria, la tos ferina y el tétanos.
Se aplica en tres veces en diferentes edades, las últimas como recuerdo,
para garantizar que los críos llegan a la adolescencia inmunizados
contra esas patologías. Xavi y sus padres ya habían estado quince días
antes en el mismo centro de salud, el de su pueblo, Sada, un municipio
de 15.000 habitantes a unos veinte kilómetros de A Coruña.
Entonces no
pudieron vacunar al peque, porque, según el galeno que los atendió ese
día, sustituto temporal del anterior, el Sergas había suspendido la
campaña por falta de stock de Infanrix. “Ni lo tenemos ni vamos a
tenerlo”, les advirtió. “Seré sincero: si pueden, intenten conseguirlo por su cuenta”.
El padre de Xavi, que prefiere que no se cite su nombre y que el de su hijo se cambie por otro en este texto, logró hacerse con una dosis de dTPa y volvió al ambulatorio con el niño y su madre.
El padre de Xavi, que prefiere que no se cite su nombre y que el de su hijo se cambie por otro en este texto, logró hacerse con una dosis de dTPa y volvió al ambulatorio con el niño y su madre.
El médico titular,
con cara compungida, dándole vueltas a la cajita y a la cabeza como si
pensara en Hipócrates, también fue sincero y acabó por explicarles que
su esfuerzo y el gasto no habían servido de nada: “Lo siento, pero no
estoy autorizado a vacunar al niño si la medicina no me la proporciona
la Administración. Y tenga en cuenta que si va a una clínica privada,
eso no aparecerá en el historial de su hijo”.
Desde aquel día, la vacuna duerme en la nevera del padre de Xavi. Como él, cerca de 23.000 niños gallegos no pueden recibirla, y la Xunta, un año después de haber anulado la campaña, no sabe cuándo la retomará.
Desde aquel día, la vacuna duerme en la nevera del padre de Xavi. Como él, cerca de 23.000 niños gallegos no pueden recibirla, y la Xunta, un año después de haber anulado la campaña, no sabe cuándo la retomará.
“El problema es que los
laboratorios que producen el fármaco (además de GSK también la fabrica
la firma francoalemana Sanofi) han dejado de distribuirlo”, señala Xurxo
Hervada, subdirector general de Información Epidemiológica del Sergas. Niega que el aplazamiento se deba a los recortes en el gasto sanitario, aunque
lo cierto es que esos mismos laboratorios sí venden el Infanrix en
otros países europeos, a precios más elevados de los que la Xunta pagaba
antes por ellos.
Hervada también resta importancia al desabastecimiento
porque, a su juicio, el hecho de que los niños de seis años no reciban
el recuerdo de la trivalente no supone un riesgo grave. A pesar de que,
según el Ministerio de Sanidad, los casos de tos ferina se han multiplicado en España en los años de crisis (de
los 560 del 2007 se pasó a 3.235 en el 2011 y a más de 2.000 en el
2012); de que Galicia es una de las comunidades autónomas con mayor
incidencia del tétanos; y de que la difteria, de la que no había
noticias desde 1986, reapareció el año pasado causando la muerte de un
niño de Olot (Girona) que no había sido vacunado.
Feijóo negó hace unas semanas en el Parlamento gallego que hubiera
relación causa-efecto entre las muertes de enfermos de hepatitis C y los
protocolos del Sergas. Pero lo cierto es que el juzgado de Instrucción
número 3 de Santiago ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía, a
instancia de Batas Blancas, en la que se acusa de prevaricación
administrativa y de homicidio por imprudencia a dos altos cargos de ese
organismo.
No es el único caso de prácticas médicas judicializadas en Galicia. La Fiscalía de A Coruña también ha dado trámite a una querella de Batas Blancas, que instruye el juzgado de lo Penal número cuatro de esa ciudad, contra tres médicos del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) a quienes se acusa de engañar a pacientes de cáncer de pulmón para derivarlos a centros privados, y de violar la ley de protección de datos por llevarse sus historiales clínicos.
Acuciados por esos médicos,
que los amedrentaban alegando que no superarían la enfermedad en un
hospital público, los pacientes se plegaban a costear como podían una
operación en una clínica privada.
El presidente de Batas Blancas, que fue jefe del servicio de cirugía torácica del CHUAC durante quince años, denunció esas prácticas al Sergas en el año 2010, pero la inspección sanitaria no hizo nada al respecto hasta que la situación se hizo insostenible.
El presidente de Batas Blancas, que fue jefe del servicio de cirugía torácica del CHUAC durante quince años, denunció esas prácticas al Sergas en el año 2010, pero la inspección sanitaria no hizo nada al respecto hasta que la situación se hizo insostenible.
“Tenemos constatados quince casos de pacientes enviados a hospitales privados, pero calculamos que pueden ser más del doble”,
subraya. Borro recuerda que las listas de espera en su servicio, de no
más de mes y medio, entraban en los estándares aceptables para ese tipo
de cáncer y no justificaban la urgencia ni la deriva a centros privados.
¿Y por qué el Sergas no hizo nada en cinco años? “Una intervención de
ese tipo ronda los 15.000 euros, como mínimo. Y un paciente operado
fuera de la sanidad pública es un gasto que te ahorras. Se trata de una
privatización encubierta”. De hecho, recuerda, la Xunta se mantiene
“escondida” y ni siquiera se ha personado como acusación en el caso.
Borro, una eminencia en su especialidad (era el único médico del
servicio con un doctorado, profesor universitario y miembro del European
Board de cirugía torácica), fue destituido de su cargo. Demandó al
Sergas y ganó el juicio, pero en cuanto cumplió 65 años, fue jubilado.
Ese es otro de los problemas que denuncia. Cada año, la Xunta obliga a retirarse a cientos de médicos que desearían seguir ejerciendo su profesión en la sanidad pública,
porque creen en ella y porque son conscientes de que, a este ritmo, no
sólo no quedará nadie para transmitir sus conocimientos y su
experiencia, sino que nada podrá impedir que el sistema gallego de salud
siga desmoronándose a pedazos.
A la Xunta le resulta más barato contratar a médicos y enfermeras por días, incluso por horas, tal vez porque es sencillo forzarlos a asumir protocolos que les obligan a optar por praxis médicas más baratas y que requieran menos días de hospitalización.
A la Xunta le resulta más barato contratar a médicos y enfermeras por días, incluso por horas, tal vez porque es sencillo forzarlos a asumir protocolos que les obligan a optar por praxis médicas más baratas y que requieran menos días de hospitalización.
Muchos se niegan, se rebelan y desobedecen, pero en los
hospitales públicos gallegos se hacen cada vez menos cesáreas aunque
las embarazadas y los bebés corran peligro; se insta a los cirujanos a
no segar y limpiar por completo un tumor de útero si eso puede alargar
el tiempo medio de una intervención, aunque exista la certeza de que se
reproducirá; se eliminan operaciones tan comunes como una laparoscopia
de menisco, o se dan citas para atención psiquiátrica con cuatro meses
de espera a pacientes que acuden a su médico de cabecera advirtiendo de
que tienen tendencias suicidas.
Todo esto no puede explicarse dándoles vueltas y vueltas a una cajita naranja. Aunque seguro que el pequeño Xavi estará contento de haberse ahorrado un pinchazo de Infanrix.
Todo esto no puede explicarse dándoles vueltas y vueltas a una cajita naranja. Aunque seguro que el pequeño Xavi estará contento de haberse ahorrado un pinchazo de Infanrix.
Pero probablemente nunca entenderá por qué a su abuela,
jubilada tras 35 años de trabajo y cotizaciones sociales, le negaron una
y otra vez el medicamento que le recetó su cardiólogo tras sufrir un
accidente cardiovascular, advirtiendo por escrito de que su vida corría
peligro si no lo tomaba a diario: “Mire, señora, lo que pasa es que su medicina de antes valía un euro, y esta nos cuesta más de noventa”." (Juan Oliver, Público, 14/05/16)
No hay comentarios:
Publicar un comentario