"Un juzgado de
primera instancia se ha mostrado contundente al asegurar que el Servicio
Gallego de Salud "expuso a un riesgo vital elevado" a Paula (nombre
ficticio) al dilatar su embarazo hasta la semana 32 y al obligarla a
recorrer 500 kilómetros en su propio coche para abortar en una clínica
madrileña
Según explicó la denunciante a esta redacción la semana pasada, debido a la complejidad de la intervención fue derivada al Hospital de La Paz, perdió el útero y la posibilidad de ser madre biológica de nuevo.
"La negligencia denunciada rebasa los estándares de lo tolerable, de lo
irreprochable", apunta el magistrado del juzgado
contencioso-administrativo número 2 de Lugo en una sentencia emitida el 5
de octubre y comunicada a la defensa de la denunciante el pasado
jueves. El Sergas no ha querido pronunciarse sobre esta decisión ni
confirmar si van a recurrirla. (...)
Asegura que los especialistas del hospital gallego
reaccionaron "tarde, mal y a rastras" al dilatar "innecesariamente"
hasta la semana 32 el embarazo de Paula que "debía estar legalmente
abocado al fracaso".
En esta sentencia el magistrado recuerda que una
vez que les comunicaron a los denunciantes en la semana 20 que se
apreciaba una alteración en la ecografía, la pareja recurrió a la
sanidad privada para recabar el diagnóstico. En la semana 25 lo
obtuvieron, las graves anomalías que sufría el feto amparaban el aborto
en cualquier plazo.
A pesar de que desde un primer momento la pareja hizo partícipe de
estos resultados al equipo de Burela, los profesionales continuaron "dando palos de ciego" -apunta el magistrado-
solicitando la realización de más pruebas.
Este "colmo de la
inoperancia", continúa el ponente de la sentencia, determina
"indefectiblemente su responsabilidad patrimonial absoluta". "Lo que
resulta inexcusable es que ante la aportación externa de la información
precisa, clara y determinante de la anomalía fetal, el servicio de
ginecología de Burela, continuase inmerso en la parálisis y no hubiese
reaccionado", añade.
Asimismo recuerda que la prolongación innecesaria del embarazo "creó
ansiedad e intensa preocupación en la gestante y su familia, ya que
supuso ejecutar una IVE que es un feticidio para provocar un parto en
toda regla debido a la edad gestacional, exponiendo a la madre a riesgo
muy superior".
Una vez que en la sanidad gallega tomaron la decisión de interrumpir el
la gestación en el séptimo mes de gestación, no terminaron las
negligencias médicas. "Nuevamente, a la pregunta de si se actuó
correctamente por la demandada tras el descubrimiento de la anomalía
fetal, la respuesta es rotundamente, no", condena el magistrado.
"El
Sergas se desentiende de la situación de la recurrente y la deriva a
Madrid, para que resuelvan allí la embarazosa situación, para que se
zafen allí del problema. Y a todo esto sin proporcionar a la recurrente
ningún tipo de medio para el arriesgado traslado", así alude al traslado
que realizó Paula en su vehículo particular acompañada por su pareja. (...)
Según explicó la
denunciante a eldiario.es, durante el trayecto "fue sangrando y el útero
le dolía muchísimo". Finalmente, debido a la complejidad de su
gestación el aborto no se produjo en el centro al que fue derivado sino
en el hospital público de La Paz. Allí perdió el útero.
El juez
considera que esta actuación "representa un fracaso estrepitoso del
sistema, a la vez que resulta difícilmente aceptable" y recuerda que la ley que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) recoge que cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida, las intervenciones "se realizarán preferentemente en centros cualificados de la red sanitaria pública".
A preguntas de esta redacción, el Sergas aseguró que no se practicó el
aborto en un centro de la sanidad gallega pública porque a partir de la
semana 22 los "envían a otras clínicas respetando, de esta forma, el
derecho a la objeción de conciencia de los profesionales".
La portavoz
justificó este plazo argumentando que la ley lo recoge
, aunque no es así, ya que según esta normativa no existe límite
temporal si "se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida". La Fiscalía reactivó el mes pasado una investigación por varios casos derivados también a Madrid en diferentes semanas de gestación. (...)" (eldiario.es, 17/10/16)
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