"En sus 14 años de alcalde del PP en Palas de Rei (Lugo), al doctor
Fernando Pensado ningún secretario municipal de los “siete u ocho” que
pasaron por su Ayuntamiento le puso un solo reparo a sus decisiones.
Tanto él, hoy teniente de alcalde, como su sucesor en el puesto de
regidor, el policía local Pablo Taboada, también elegido bajo las siglas
populares, desconocían incluso la existencia de esa figura hasta que en
2011 una mujer, Celia González, con 20 años de experiencia como
secretaria-interventora, les planteó la primera pega por vía oficial a
quienes hasta ese momento habían manejado los asuntos públicos sin ser
incordiados.
Así lo reconocieron los dos políticos desde el banquillo de la Audiencia de Lugo
que compartieron la pasada semana junto a otros nueve cargos y
funcionarios, acusados por la fiscalía de acosar a González durante casi
una década y prevaricar repetidamente para castigarla sin empleo y
sueldo.
Cuentan los acusados que la vida entre las paredes de la casa
consistorial de Palas, de 3.500 habitantes, transcurría cuando llegó
González en 2007 como en otros muchos ayuntamientos pequeños de España.
Dotados de poco personal, las funciones de control encomendadas por el
Estado al secretario municipal las solía ejercer, sin la habilitación
legal necesaria, un administrativo de la máxima confianza del gobierno
local, Carlos Ouro, juzgado ahora junto a sus jefes por supuestamente hostigar a González, usurpar sus funciones públicas y ocupar el cargo sin cumplir los requisitos. Pero el aterrizaje de la funcionaria denunciante lo cambió todo.
La
fiscalía sostiene que primero Pensado y después Taboada, compinchados
con otros trabajadores municipales, concejales populares y un cargo del
Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, desplegaron todo un arsenal de
“maniobras” para someter a González a un “clima de tensión y estrés
insostenible” y así “quitársela de en medio”.
A diferencia de la funcionaria, Ouro “no ponía en entredicho la gestión
de los fondos públicos” y su “fidelidad” era recompensada con una
retribución “por encima de su categoría y cualificación profesional”,
relata el ministerio público en su escrito de acusación, en el que pide
para él cuatro años de prisión. La pena que afrontan Pensado y Taboada
es de dos años de cárcel y 10 de inhabilitación, un castigo al que la
acusación particular ejercida por la secretaria municipal pide añadir
otros delitos como malversación de caudales públicos, amenazas y
falsificación de documento público.
“Había mal ambiente pero no trato degradante
[a la secretaria] delante de mí”, declaró Pensado sobre el infierno
descrito por la fiscalía: los insultos de “mona” y “burra” que recibía a
diario González, los encargos imposibles de cumplir, la documentación
escondida, las suspensiones ilegales de empleo y sueldo, la negativa de
los trabajadores a acatar “toda orden” o el destierro a una estancia sin
ordenador e invadida por las cajas que recibió la única trabajadora que
apoyaba a la secretaria. “Nunca lo hubiera consentido.
En Palas tenemos
un CIM [centro de información a la mujer] y fuimos pioneros en la
tolerancia cero al maltrato”, prosiguió el exalcalde y actual número dos
del gobierno local, sin que nadie hubiera mentado en la sala la
violencia machista.
Celia González relató al tribunal durante
cinco horas cómo tras negarse a firmar los "chanchullos" del gobierno
local con las subvenciones y contrataciones públicas su jornada laboral
se convirtió en un calvario de insultos, desplantes y difamaciones.
Desde que en 2011 Pensado cedió a Taboada el bastón de mando en Palas y
optó por replegarse a la tenencia de alcaldía, el gobierno local le
abrió a la secretaria municipal seis expedientes disciplinarios,
anulados sucesivamente por los tribunales, que la han llegado a dejar
sin sueldo ni Seguridad Social. “Yo tengo que defender los intereses del
Ayuntamiento”, esgrimió el actual alcalde de Palas ante el tribunal.
El gran pleno de castigo
El
30 de abril de 2013 Taboada convocó el gran pleno de castigo contra
Celia González. Se sometía a votación su destitución y un concejal del
PSOE leyó un escrito en el que advertía de la ilegalidad de la medida.
El alcalde del PP y sus cinco concejales, todos ellos ahora acusados de
prevaricación, obviaron el aviso -"que yo sepa no ese edil no es
jurista", esgrimió el regidor en el juicio- y apelaron a un "informe" de
la Xunta que avalaba el cese de la secretaria municipal.
El cargo autonómico que firmó aquel documento, el exdirector general
de Administración Local Norberto Uzal, encausado también por
prevaricación, defiende que lo que hizo fue responder a una consulta con
una resolución no vinculante y, aunque admite que "es evidente que se
hicieron las cosas mal", niega haber recibido órdenes de sus superiores
en el Gobierno gallego para ayudar al PP de Palas a echar a González.
Los
cuatro trabajadores municipales juzgados negaron que la
secretaria-interventora fuera hostigada por exigir el cumplimiento de la
legislación y atribuyeron los problemas con ella a su "carácter
autoritario".
"Día tras día tenía que ayudarle en labores básicas
informáticas como cambiarle las pilas a un ratón", alegó el técnico de
Urbanismo Juan Manuel Varela, asegurando que esta situación le impedía
hacer sus tareas y le obligaba a ir a trabajar por las tardes y los
fines de semana. "Tensionó mi vida profesional y personal. Era
desquiciante". El juicio quedó el pasado viernes visto para sentencia." (Sonia Vizoso , El País, 19/06/17)
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