"Pocos lugares rebosan tanta paz en Vigo como los montes de Cabral.
Bosques, pajaritos y unas colosales vistas sobre la ría y las islas Cíes
conforman un oasis de tranquilidad a escasos kilómetros del bullicioso centro. Hasta que llegó Eurofund Group y puso 18 millones encima de la mesa para ubicar allí mismo un macrocentro comercial de medio millón de metros cuadrados.
Desde entonces, Cabral es noticia por las asambleas a puñetazos, por un incesante cruce de demandas judiciales y por la sospecha de corrupción
en el seno de la junta directiva de la comunidad de montes, la entidad
vecinal a la que pertenece gran parte del terreno que interesa a los
promotores del proyecto.
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vigo ordenó registrar la sede de los comuneros el pasado viernes para localizar la documentación que justifique el gasto de casi tres millones de euros en terrenos.
Presidente y secretario de la entidad evitaron la foto de los policías
entrando en sus locales al depositar la documentación la víspera en sede
judicial, pero hasta ese punto tuvieron que llegar los opositores a la
junta, críticos con el proyecto comercial, para conocer las cuentas.
Así
funciona un organismo que maneja presupuestos millonarios, pero en el que son constantes las denuncias de opacidad en el manejo de los fondos y las sospechas de pucherazos con el censo, entre otras presuntas irregularidades.
Las diferencias en la comunidad saltaron a los telediarios en mayo de
2013, cuando la asamblea en la que se iba a votar —a mano alzada y sin
apenas debate— la venta de terrenos a Eurofund por 18 millones acabó con siete heridos y tres detenidos. Un grupo de propietarios logró impedir la votación, que se produjo seis meses después ya con voto en urna y un cierto control del censo,
y en la que los críticos lograron tumbar la propuesta de la directiva
por 344 votos frente a 299.
No ayudó al presidente y los suyos que,
durante ese medio año, se destapase una insólita permuta de terrenos
con una sociedad inmobiliaria que resultó de dudosa rentabilidad para
la dividida comunidad de montes, y por la que están siendo investigados
su presidente, Luis Rodríguez, y su secretario, Manuel Costas, a los que un juzgado vigués ha imputado por supuestos delitos de apropiación indebida.
La operación, que ha supuesto la imputación de los dos dirigentes de
la comunidad, se inició en 2006, en plena burbuja urbanística, y culminó
a principios de 2012, aunque tardase más de un año en trascender.
Consistió en una permuta con el titular de una sociedad inmobiliaria
denominada Grucave, a la que la comunidad de montes aportó 3.140 metros
cuadrados de terreno industrial a cambio de apenas 4.300 metros
cuadrados de terreno rústico y clasificado como comunal.
Eso no fue
todo, ya que previamente la comunidad tuvo que invertir 239.580 euros para comprar una parcela de 714 metros cuadrados
y completar así la finca que le interesaba a la promotora. La permuta
se ejecutó a pesar de contar con un informe en contra de la Xunta.
Pese a todos los reveses sufridos, Eurofund no ha desistido de su macroproyecto comercial. Denominado Porto Cabral, preveía inicialmente una inversión de 500 millones de euros y estaba llamado a convertirse en el mayor centro comercial de Galicia.
El modelo consiste en la creación de un parque de escala regional que
abarcaría desde el norte de Galicia al norte de Portugal para ofrecer no
solo compras, sino también ocio y deporte.
Sus responsables hablaban en
pleno 2013 de la creación de 2.000 empleos directos y 3.000 en la fase de explotación, unas cifras que pusieron al alcalde de Vigo, Abel Caballero,
de parte del inversor. Pero la escasa transparencia del presidente de
los comuneros en las negociaciones —nula, según sus opositores— suscitó
las suspicacias de una mayoría de los comuneros.
El Plan General de Vigo admite el desarrollo de Porto Cabral, pero para desarrollarlo por la vía rápida es necesario un convenio que se frustró por los pelos en la asamblea de noviembre de 2013. Les queda a los promotores la posibilidad de forzar expropiaciones, un método que se prevé largo y conflictivo.
La alternativa es un nuevo planeamiento, pero
incluso en eso la suerte ha esquivado a los empresarios, al anular el
Tribunal Supremo en diciembre de 2015 el plan del que se había dotado el
ayuntamiento vigués. Eurofund porfía, eleva la inversión prevista a 600
millones y habla de hasta 20 millones de clientes al año.
Propiedad comunal
La
de Cabral es una de tantas comunidades de vecinos que existen en
Galicia, cuyo territorio alberga más de 700.000 hectáreas de monte
vecinal en propiedad comunal, gestionado por 2.800 comunidades.
Claro que no todas manejan presupuestos tan suculentos como la viguesa,
que gracias a su estratégica ubicación ha firmado convenios cuantiosos
para el desarrollo de importantes infraestructuras.
Una de ellas es el aeropuerto, por el que AENA pagó siete millones de euros
en 2010. “¿Qué se ha hecho con ese dinero? No lo sabemos, no nos
informan”, lamenta un portavoz del sector crítico. Es parte de la
documentación que reclaman y que, se supone, figura en los archivos
entregados la pasada semana en los juzgados.
“Tampoco conocemos la gestión presupuestaria. Mucho nos tememos que se
ha gastado lo que se creyó que se iba a ingresar por Porto Cabral”,
denuncia la oposición. El pasado domingo era la fecha prevista para la aprobación de las cuentas del presente año,
pero no fue la única asamblea que se celebró.
El juez obligó a la
directiva a convocar otra, esta extraordinaria, que da idea de la
magnitud de los intereses en juego, y tiene que ver con la resistencia
de la directiva a admitir nuevos comuneros que puedan alterar la mayoría.
En lugar de dar entrada a esos nuevos socios, el presidente decidió
votar si se debía celebrar o no una asamblea de admisión. Como es
lógico, se impuso la actual mayoría, que permanecerá convenientemente
intacta." (El Confidencial, 05/06/17)
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