"Somos un balcón abierto sobre el océano
Atlántico, con el mar como protagonista de un espectáculo del que podrás
disfrutar con todas las comodidades, sin preocuparte de nada más,
sumergido en sus piscinas de agua de mar mientras contemplas las vistas
despejadas de la costa”.
Así se promociona Talaso Atlántico, un
impresionante complejo hotelero de cuatro estrellas con instalaciones
para talasoterapia construido a escasos 100 metros del mar en el
municipio pontevedrés de Santa María de Oia, a unos 50 kilómetros de
Vigo.
La referencia no tendría nada de particular en cualquier buscador
de hoteles, si no fuera porque en el año 2009 pese sobre el balneario
una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula las licencias municipales que permitieron su construcción, con la consiguiente orden judicial de derribo.
Diez años después, el hotel sigue en su sitio. Desde hace años hay quien lo apoda como El Algarrobico gallego, por las semejanzas del caso con las del hotel El Algarrobico, construido ilegalmente frente al mar en la playa del mismo nombre en el municipio almeriense de Carboneras.
A diferencia de El Algarrobico, que nunca
llegó a abrirse, Talaso Atlántico sigue funcionando desde su
inauguración en el 2003, ofreciendo habitaciones con espléndidas vistas
sobre el Atlántico en un hermoso entorno de naturaleza costera salvaje a precios de entre 53 y 396 euros.
Aunque la justicia sigue estrechándole el
cerco. No sólo sobre Balneario del Atlántico SL, la empresa propietaria,
y sus setenta trabajadores, sino también sobre el Ayuntamiento y su
máxima responsable. La magistrada del juzgado de lo Contencioso
admnistrativo número 3 de Pontevedra acaba de imponer 1.500 euros de
multa a la alcaldesa de Oia, Cristina Correa (PP), por la “absoluta
desidia” del Ayuntamiento a la hora de cumplir con la orden de derribo
–en el 2013 ya dio un ultimátum para que se ejecutase ese mismo año-.
Sucede que Correa lleva apenas año y medio en
su cargo, al que accedió mediante una moción de censura que desalojó a
la anterior regidora, la socialista Rosa Otero, que a su vez había
sucedido a otro alcalde conservador tras las municipales del 2015.
Los problemas de Talaso Atlántico se iniciaron
antes incluso de su apertura, cuando un particular denunció que las
licencias otorgadas por el entonces alcalde, Álvaro Miniño -ya fallecido
y quien gobernó Oia desde las primeras elecciones democráticas bajo las
siglas de AP y luego del PP-, incumplían la legalidad urbanística, por
un defecto de forma en la ordenanza municipal que debía ajustarla al
proyecto de levantar el hotel en suelo rústico y a un centenar de metros de la costa.
La batalla fue larga, e incluso se desplegó
en varias derivadas de calado político. Una de ellas, porque el abogado
defensor de la empresa, José Luis Narbón García, fue nombrado en el 2009
por la Xunta de Alberto Núñez Feijóo asesor de la Comisión de Urbanismo
de Galicia por el entones conselleiro de Ordenación del Territorio,
Agustín Hernández, hoy portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santiago.
Es decir, que por un lado asesoraba a quienes se supone que debían hacer
cumplir la ley, y por otro defendía los intereses de quienes regentaban
un negocio que se beneficiaba, según la justicia, de su incumplimiento.
También se levantó un escándalo cuando se
supo que la propia Xunta, sobre quien recaen las máximas competencias
urbanísticas de la comunidad, había subvencionado a Balneario del
Atlántico con más 12.000 euros, buena parte de ellos procedentes del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a través del Instituto Galego de
Promoción Económica.
Las ayudas del Gobierno de Feijóo se concedieron en
el 2012, es decir tres años después de que la sentencia del TSXG
confirmara, sin posibilidad de apelación, que el hotel se había
construido contra derecho.
La empresa, sin embargo, se considera
perjudicada porque, aunque ha sido denunciada también por verter aguas
fecales al mar, durante el procedimiento administrativo para obtener las
licencias municipales no cometió ninguna irregularidad que haya sido
demostrada.
Y fuentes de la compañía consultadas por Público
aseguraron que a estas alturas prefieren no pronunciarse sobre la
situación: “Bastante daño en nuestra imagen hemos sufrido ya”, alegan.
Los trabajadores, con sus empleos en vilo desde hace lustros, piensan lo
mismo: “¿Nadie ha pensado que de este hotel dependen setenta
familias?”, se pregunta uno de ellos.
Durante la tramitación de todo el
procedimiento judicial, un estudio económico evaluó en más de 17
millones de euros la cantidad que la compañía hotelera podría reclamar
al Ayuntamiento por daños, perjuicios y lucro cesante si el hotel acaba
siendo finalmente derribado.
Y eso sin contar los millonarios costes de
demolición, desescombrado y limpieza que acarrearía dinamitar una
instalación de unos 10.000 metros cuadrados para devolver la situación a
la legalidad y recuperar así el paisaje costero natural de la
localidad. Pero Oia es un municipio de 3.000 habitantes con un
presupuesto anual de poco más de 1,5 millones de euros.
La jueza de lo Contencioso-Administrativo
ha amenazado a la alcaldesa con nuevas multas de carácter personal
–recaerían sobre su patrimonio y no sobre las arcas municipales- si no
le informa detallada y periódicamente sobre las decisiones que tome en
el futuro inmediato para derribar el hotel. Público intentó este
martes sin éxito recabar la versión de Correa. Tampoco obtuvo la de
Gerardo Rodríguez Refojos, ex teniente de alcalde, portavoz local del
PSOE y líder de la oposición, pero no obtuvo respuesta." (Juan Oliver, Público, 07/06/17)
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