"En la última etapa de su vida Lucila Vázquez se enfrenta,
prácticamente confinada en su casa —el cuarto piso de un céntrico
edificio de Ourense en el que vive de alquiler desde 1963— a un intento
de desahucio desde hace cuatro años. Casi un lustro haciendo frente a su
casero, la Xunta de Galicia, que ha intentando desalojarla por todos los medios.
El Ejecutivo regional puso en marcha su maquinaria en 2001. Primero
dejó de cobrarle los recibos y le reclamó la entrega del piso. Al no
producirse, acudió a la vía judicial, pero el Juzgado de Primera
Instancia 2 de Ourense y la Audiencia Provincial fallaron en su contra.
Fracasado este intento, suprimió la prestación de la limpieza,
iluminación y mantenimiento de la vivienda y, el pasado enero, clausuró
el ascensor, lo que impide a la anciana salir desde entonces a la calle
con frecuencia. "No tenemos duda de que esto es acoso inmobiliario",
sostiene su abogado, Roberto Estévez, tras presentar denuncia ante la
fiscalía, que ha abierto diligencias. La Xunta, sin embargo, lo niega.
La mujer, que ha superado los 80 años, insiste en mantener la vida
independiente. Su esposo falleció en 1994, y ella se subrogó en el
alquiler del piso del que entonces era titular la Cámara de la Propiedad
Urbana de Ourense. Pero la larga batalla que mantiene con el Ejecutivo
de Alberto Núñez Feijóo (PP)
ha comenzando a desgastarla.
"Lo iba llevando más o menos, pero el otro
día ya me dijo que no me imaginaba lo que le estaba haciendo sufrir
esto; no entiende por qué la quieren echar de su casa si paga
puntualmente", cuenta su hija.
Pagar el alquiler fue una de las primeras batallas en esta guerra de
resistencia. En enero de 2001, recién traspasada la propiedad del
edificio a la Xunta, dejaron de pasarle al cobro los recibos, por lo que
la mujer presentó escrito ante la Comisión Liquidadora de las Cámaras
de la Propiedad Urbana de Galicia mientras alertaba de que se había
procedido a la supresión del servicio de limpieza y de portería del
edificio.
Y en octubre de ese año se la conminó a que desalojara el piso
"de forma voluntaria" antes del 31 de diciembre. No lo hizo. En 2014 la
Xunta reclamó el desahucio por vía judicial. Los tribunales dieron la
razón a la inquilina y a finales del pasado enero el casero suprimió,
"sin mediar aviso", el único servicio que mantenía: el de ascensor.
La supresión del ascensor y la ausencia de limpieza del inmueble
están minando a la mujer. El notario que acudió a levantar acta de que
el piso está ocupado —después de que el pasado febrero la Xunta le
notificase a la inquilina su pretensión de "resolver el contrato de
arrendamiento" considerando que la mujer no estaba utilizando la
vivienda— certifica no solo que la mujer vive habitualmente en él sino
que deja constancia también del lamentable estado de abandono del
edificio.
Abandono de servicios
La Xunta no se pronuncia sobre el abandono de los servicios de
mantenimiento del edificio, pero puntualiza, consultada por EL PAÍS, que
"es incierto" que la clausura del ascensor obedezca a un "intento de
forzar una salida del inmueble o causar molestias" a la anciana. El
Gobierno gallego atribuye la supresión del ascensor a la empresa
responsable de la inspección técnica que, asegura, "ha detectado
deficiencias".
El Ejecutivo autónomo no oculta su intención de "rehabilitar y dar
nuevos usos administrativos al edificio" con el objetivo de "reducir el
gasto en alquileres" de sus dependencias en Ourense y reconoce que en
2017 licitó la redacción del proyecto básico de las obras de
rehabilitación.
Para ello era necesario desalojar a los dos inquilinos
que permanecían en la vivienda —Lucila Vázquez y otro vecino— por lo
que, sostiene, intentó llegar a un acuerdo amistoso con ambos
ofreciéndoles "una indemnización o un alquiler en condiciones
similares", algo que la hija de la anciana niega mostrando el burofax,
fechado el pasado febrero, remitido por la Xunta a su madre. "Nada de
ofertas de indemnización o de otro alquiler", insiste la familia." (Cristina Huete, El País, 31/05/18)
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