"Un año de protestas y de viernes negros. Fue el 25 de mayo de 2018 cuando personal de la TVG y de la Radio Galega se unió a la iniciativa surgida entre sus compañeros de Radio Televisión Española,
en solidaridad con sus demandas y para denunciar la "manipulación
informativa" en los medios públicos gallegos.
También para reclamar el
cumplimiento de la ley de Medios aprobada en 2011 e incumplida desde
seis meses después de su entrada en vigor, con la creación del Consejo
de Informativos y la elección de la dirección general por mayoría
reforzada del Parlamento entre los incumplimientos más destacados.
Esta movilización, de la que brotó el colectivo
Defende a Galega, es inédita en los medios públicos gallegos tanto por
su duración como por su impacto interno y, sobre todo, externo -con
hitos como la manifestación del pasado septiembre o el amplio seguimiento de la huelga de finales de año,
convocada por los sindicatos y que el colectivo secundó-. Esa
trascendencia pública de la movilización ha incomodado especialmente en
la cúpula de la compañía pública.
Su director general, Alfonso Sánchez Izquierdo,
admitía este mismo jueves en el Parlamento autonómico a "decisión
corporativa" de ocultar la existencia de esta plataforma. Concretamente,
tras la concesión a Defende a Galega del Premio José Couso a la Libertad de Prensa,
galardón otorgado por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y
el Club de Prensa de Ferrol que los canales públicos obviaron tras
haber informado con normalidad al respecto en anteriores ediciones.
A
preguntas del PSOE, que como el resto de la oposición consideró la
decisión un caso evidente de "censura", el director general concluyó
que el canal público no emitió esta noticia, "como no emite otras
muchas cosas", porque "entre la protección del derecho a la información,
legítimo" y la "protección de la marca y de la reputación", decidió
"tomar en consideración" la segunda. Se trata de una decisión "lógica",
considera Sánchez Izquierdo.
El director general cargó también contra el Colegio de Xornalistas, entidad regulada por ley desde 1999,
por "expedir carnés de periodistas previo pago de una cuota, pero para
ser colegiado no es necesario tener formación reglada" de periodista. En
realidad, la formación universitaria en periodismo es un requisito
legal para ser miembro del CPXG, con la única excepción de un período
transitorio previo a la aplicación de la ley y sólo para periodistas
entonces en ejercicio (en Galicia no hubo estudios universitarios de
Periodismo hasta el curso 1991-92). Ante estas declaraciones la entidad
profesional ha emitido un comunicado "aclarando" sus funciones y defendiendo la "independencia del poder político" que deben tener los medios públicos.
Desde hace un año, las camisetas negras y el lema Defende
a Galega se han expandido por toda Galicia y fuera de ella, recabando
apoyo y reconocimiento pero no la respuesta a sus demandas por parte de
la CRTVG. En este tiempo Sánchez Izquierdo ha quitado hierro,
advirtiendo de que no existe problema alguno o acusando a quienes las
impulsan de "técnicas manipuladoras". Esta semana fue un poco más allá
para insinuar la existencia de intereses "políticos", "económicos" o "de
amistades" tras las protestas de un colectivo al que atribuye
"linchamiento de los muchos que no se manifiestan". El propio Feijóo
desdeñó las movilizaciones e incluso se negó a responder alguna pregunta
sobre el asunto.
Junto a los incumplimientos de la
ley y la "manipulación informativa", el personal movilizado denuncia
también "represalias" en forma de expedientes a varios trabajadores
implicados en las protestas de Defiende la Gallega. Poco después de
iniciarse los viernes negros, Alfonso Hermida y Beatriz Moyano,
presentadores del Telexornal Serán -informativo del prime time-, habían dimitido de su labor por el control informativo al que decían ser sometidos.
En octubre pasado, la dirección general de Recursos Humanos de la CRTVG archivó el expediente que
había abierto a la presentadora durante aquel verano. Moyano había sido
expedientada por utilizar el servicio de maquillaje del canal para
presentar una gala benéfica contra el cáncer y el proceso contra ella
había suscitado toda una ola de solidaridad.
Denuncias de "represalias" que la corporación reduce a "falacias"
Sólo
unos días después de aquel archivo, la Corporación abrió otro
expediente, de esta vez contra el locutor Carlos Jiménez, una de las
voces más reconocibles de las últimas dos décadas en la TVG y en la
Radio Galega y activo participante, también, en las movilizaciones de
los viernes negros. Se
le abrió por una presunta incompatibilidad tras locutar en un programa
elaborado por una productora y emitido por la propia TVG, una labor
que había hecho ya en muchas otras ocasiones.
Cinco meses después, y
tras múltiples muestras de apoyo de compañeros y personal de la CRTVG
que pidieron el archivo del proceso por considerarlo otra "represalia"
por su conocida significación en las protestas, el proceso acabó con una
suspensión de empleo y sueldo de nueve días por una falta grave y el
recurso en los juzgados del afectado.
Semanas antes, el comité intercentros de la CRTVG también había denunciado represalias contra otra periodista, Marga Pazos,
que había sido "apartada" de las tareas de redactora, según la
denuncia, por participar en las movilizaciones de los viernes negros,
por la defensa del gallego y por denunciar el boicot de la TVG a la
huelga feminista. En su última intervención parlamentaria Sánchez
Izquierdo reiteró que "las represalias no son tal" y se jactó de no
"haber utilizado toda la potencia comunicacional" de la CRTVG para
"desmontar" las "mentiras" por "sentido institucional".
En
esa misma respuesta el director general dejó una advertencia: habrá
"consecuencias" para quien "difunda" lo que define como "falacias" sobre
lo que está sucediendo en los medios públicos gallegos. Ya en la
jornada del 53º Venres Negro y ante la polémica suscitada por sus
palabras, la CRTVG decidió divulgar la grabación "íntegra" de sus respuestar parlamentarias a través de las redes sociales.
"Seguiremos luchando"
Defiende a
Gallega, con todo, insiste en las protestas y sus miembros advierten de
que "seguirán luchando". Aseguran haber estado "construyendo una Galicia inexistente al servicio del poder"
y afirman que "las únicas protestas que caben" en los informativos de
los medios públicos son "las que atacan al Gobierno central a los
gobiernos municipales que no son del PP".
"Debería preocuparnos asumir
con naturalidad que ser crítico en Galicia puede suponer el ostracismo",
resaltaban en una entrevista con Praza.gal poco
antes de recibir el Premio José Couso, además de advertir de que en
diversos foros en Galicia se tratan con detalle posibles irregularidades
en la catalana TV3, pero nada sobre las denuncias en la CRTVG.
Las
demandas del personal movilizado se también han llegado en este último
año a eventos como la gala de los premios de teatro María Casares, que
no fue retransmitida por el canal público, o los Martín Códax de la
música gallega e incluso en entrevistas y espacios de la propia TVG o de
la RG, a donde invitados acudieron con las camisetas negras o mostraron
su solidaridad con los trabajadores. El director general señala estos
pronunciamentos como muestras de la manipulación del personal" (Miguel Pardo, David Lombao, VerTele, 24/05/19)
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