Así se hizo la familia Franco con el Pazo de Meirás: "donaciones" casa por casa supervisadas por la Falange... Josefa Portela, viuda con cinco hijos, fue expropiada contra su voluntad y “expulsada” de su casa para magnificar los terrenos del caserón con el que las autoridades locales de A Coruña quisieron agasajar al dictador

 "Así se hizo la familia Franco con el Pazo de Meirás: "donaciones" casa por casa supervisadas por la Falange.

El dictador recibió personalmente en diciembre de 1938, durante la Guerra Civil, el edificio que ahora gestiona la fundación que lleva su nombre

La 'Junta Pro-Pazo del Caudillo' indicó a los ayuntamientos de la provincia de A Coruña cómo "visitar personalmente" a cada vecino y reclamarle el dinero para sufragar el "regalo".

 El anuncio de que la Fundación Francisco Franco gestiona desde hace meses el frecuentemente incumplido régimen de visitas al Pazo de Meirás y la constatación por parte de la entidad de que empleará esta "oportunidad" para hacer apología de la dictadura y de la "grandeza" de su líder ha devuelto al primer plano el modo en que el histórico inmueble pasó a manos del militar golpista y, a través de él, a su familia. La organización dedicada a exaltar el franquismo insiste en agitar el relato de una "generosa donación" del "pueblo gallego" mediante "suscripción pública" que contrasta con la abundante documentación e investigaciones que acreditan el expolio del edificio, concretado en los años de mayor represión en territorio gallego y mientras en otros puntos del Estado continuaba la Guerra Civil.

Uno de los documentos que mejor muestran la manera en que procedieron los golpistas para convertir la antigua residencia de Emilia Pardo Bazán en "regalo" a Franco fue revelado hace apenas media década por la Asociación Cultura Aberta de Carral, uno de los municipios en que fueron recaudados los fondos. Son apenas cinco páginas encabezadas por una carta de la 'Junta Pro-Pazo del Caudillo', un organismo creado en 1937 por las autoridades coruñesas del naciente régimen dictatorial, como el gobernador civil, Julio Muñoz, junto a empresarios de la zona encabezados por el banquero Pedro Barrié de la Maza, responsable del Banco Pastor -entidad que en esos años intentaba ejecutar el aval de un crédito de la campaña del Estatuto de 1936, firmados por dirigentes galleguistas que habían sido asesinados-.

La misiva, datada en mayo de 1938, fue dirigida a las alcaldías de los ayuntamientos de la provincia para detallar la manera en que debían proceder para que sus vecinos pusieran su "grano de arena" para la compra del que pasaban a denominar Pazo del Caudillo. "Todos, del más potentado al más humilde, pueden poner su esfuerzo en lana realización del proyecto" para que "todos los españoles que sienten hoy el orgullo de llamarse conterráneos" de Franco sufragaran la "feliz idea" de "ofrecerle un trozo de la tierra misma de Galicia, que tanto le ha ayudado en su formidable tarea".

Más allá de la literatura sobre las bondades de "nuestro invicto Caudillo", recuperada esta semana semana por el controvertido comunicado de la Fundación Franco, la documentación muestra cómo el Ayuntamiento de Carral ejecutó la orden de la 'Junta Pro-Pazo'. En un municipio donde dos concejales habían sido asesinados por ser republicanos y otros cinco, sancionados -entre ellos el alcalde-, el nuevo regidor, Laureano Núñez, dictó una convocatoria para "tratar sobre asunto de excepcional importancia patriótica". Sus destinatarios era casi una veintena de personas encabezadas por el jefe local de la Falange, Juan Seijas.

En ese encuentro, acreditan los documentos, los presentes atendieron la 'sugerencia' de la Junta Pro-Pazo, que en su carta "había indicado" la "conveniencia" de "nombrar comisiones" de "dos o tres personas de significación en la localidad" para "visitar personalmente a sus convecinos" y reclamarles el dinero. En el caso de Carral fueron constituidas ocho comisiones, una por parroquia, compuestas por sus respectivos tres miembros; fundamentalmente curas, concejales y falangistas. Estas comisiones elaboraron listados con los nombres, apellidos y aportaciones económicas de cada vecino y en poco tiempo reunieron un total de 4.385 pesetas. La parroquia en la que fueron recaudados más fondos, hasta 936 pesetas, fue Paleo, donde la comisión parroquial que recogió las 'donaciones' estaba encabezada por el jefe de la Falange.

Mientras continuaba la represión -solo en Galicia el proyecto interuniversitario de investigación Nomes e Voces ha documentado más de 550 muertes de personas represaliadas en ese 1938- la 'Junta Pro-Pazo' ultimaba su regalo al dictador, que acudió a Galicia a recogerlo personalmente en diciembre de ese mismo año. Fue durante un viaje que comenzó por A Coruña y continuó hasta Meirás, donde la Junta organizó una ceremonia para entregarle el Pazo, oficialmente sufragado por "suscripción popular" -a las recaudaciones casa por casa se habían unido otras vías de recaudación, como las nóminas de personal público-.

Durante aquella visita, según recogió la prensa de la época, el dictador había llegado a comprometerse a construir una autopista entre A Coruña y Madrid "y el viaje se hará en cinco horas" -Galicia no tendría conexión con la capital española por autovía hasta más de sesenta años después-. Tras tomar posesión del Pazo junto a su familia -entre ellos su hija, formalmente dueña de Meirás en la actualidad- Franco viajó a Santiago, donde desfiló por las calles y accedió a la Catedral bajo palio."              (David Lombao, eldiario.es, 03/09/20)

 

 "La juez declara al Estado propietario del pazo de Meirás y obliga a los Franco a devolverlo. La magistrada Marta Canales estima íntegramente la demanda interpuesta por el Gobierno de Sánchez contra los nietos del dictador.

 El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el Estado y lo declara propietario del Pazo de Meirás, por lo que condena a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos que afirma haber asumido para el mantenimiento durante décadas. En el procedimiento, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Sada (donde se encuentra el palacete), el de A Coruña y la Diputación Provincial se personaron secundando a la Abogacía del Estado contra seis nietos del dictador y su sociedad Prístina, SL. La sentencia todavía no es firme y los letrados de los Franco, encabezados por Luis Felipe Utrera-Molina, han anunciado que interpondrán recurso de apelación.

 La magistrada Marta Canales declara en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 de “la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma”. El mismo año en que se efectúa la donación, se constituye una Junta Pro Pazo “del caudillo”, formada por prohombres del régimen, en plena Guerra Civil, para comprar y regalar el Pazo de Meirás “al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional”. 

“Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado”, argumenta la juez de A Coruña. “Las alegaciones de los demandados en relación a la intención de las vendedoras, que querían que el pazo se regalase a Franco a título personal, no se comparten”, dice la sentencia, donde se concluye que la literalidad de los documentos sobre la compra del pazo y posterior donación “no arroja dudas” y todos se refieren “al caudillo”.

 La juez concluye que la compraventa de 24 de mayo de 1941 fue una “simulación”, por lo que es nula. Este título era el que defendían como válido los herederos y por el que Franco, a título particular, logró la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad de Betanzos. Era el único título de compraventa conocido hasta que hace algo más de un año los abogados del Estado en A Coruña localizaron otra acta notarial del 38, la correspondiente a la compra realizada por la Junta Pro Pazo. Con este documento novedoso en la mano, el Gobierno planteó la demanda en julio del año pasado, bajo la tesis de que una propiedad no podía ser vendida dos veces por el mismo propietario original, en este caso los herederos la escritora Emilia Pardo Bazán.

Cerca de dos meses después de celebrarse el juicio y en una sentencia de 390 folios, Canales no acepta la argumentación de los demandados sobre la compra que realiza Franco en 1941 con la intermediación de su fiel allegado Pedro Barrié de la Maza, dueño del Banco Pastor y de Fenosa y financiero del ejército sublevado. La juez la califica de “ficción” llevada a cabo “con el solo objeto de poner el bien a su nombre”. El Estado planteó esta duplicidad de escrituras como un “fraude” y tachaba el precio pactado en 1941 de “irrisorio”. Según el acta de aquella fecha, rubricada ante el notario Luis Sierra Bermejo, la propiedad solo costaría 85.000 pesetas, casi la quinta parte de la cantidad que figuraba en la escritura de 1938, 406.346.

“Ninguna operación subyace entre las partes que se disimule a los efectos que defienden los demandados. El Pazo de Meirás se había entregado a la Junta Pro Pazo del caudillo en la primavera de 1938, comprado en escritura pública por la Junta el 5 de agosto de 1938 y la Junta Pro Pazo hizo entrega formal al caudillo el 5 de diciembre de 1938. El 24 de mayo de 1941 no se entrega a Franco el pazo y Franco nada paga”, resuelve tajante la magistrada en su fallo. “La vendedora ya había vendido. La reservista [Manuela Esteban Collantes y Sandoval, como madre del nieto de Pardo Bazán] ya había renunciado a su derecho. Franco nada compra”, insiste.

Propiedad incorporada de “mala fe”

Sobre la liquidación del estado posesorio, es decir, la restitución de los gastos en los que podría haber incurrido la familia mientras fue titular del inmueble, la magistrada entiende que no es posible, porque la propiedad fue incorporada al patrimonio de la familia Franco “de mala fe”. Esa “mala fe” se materializa “cuando, tras aceptar el caudillo la donación del pazo de Meirás, en su calidad de jefe del Estado, otorga una escritura pública el 24 de mayo de 1941 con la sola finalidad de inscribir este bien a su nombre en el Registro, sin mediar precio alguno”, vuelve la juez sobre la misma idea.

Marta Canales recuerda además que el Estado asumió todos los gastos de la residencia estival, que fue mantenida y administrada como residencia oficial del jefe de Estado: “El pazo de Meirás se gestionaba de forma idéntica al palacio de El Pardo”, equipara en su resolución. Los nietos del dictador (Carmen, Jaime, Arancha, Cristóbal, María del Mar y María de la O Martínez-Bordiú) blandieron en el juicio una serie de gastos asumidos entre finales del siglo XX y principios del XXI, cuando su madre, Carmen Franco Polo, decidió rehabilitar parcialmente la mansión ubicada en el municipio coruñés de Sada, que había sufrido graves daños en un incendio en 1978. Sin embargo, en las sesiones celebradas en A Coruña no se concretó la cifra gastada en las obras. La demanda del Estado también se formulaba contra los “ignorados herederos de doña Manuela Esteban Collantes”, la nuera de Pardo Bazán que supuestamente se prestó a revender la propiedad que ya no poseía en 1941, pero estos fueron declarados en rebeldía procesal.

Acerca del momento en el que se presenta la demanda (en julio de 2019, por el Gobierno de Pedro Sánchez y justo cuando se mantenía el pulso con los nietos del generalísimo por su exhumación del Valle de los Caídos), que los letrados de la familia Franco tachaban de retraso desleal, la magistrada también se alinea con el Estado. “La posibilidad de articular la demanda nace de un importante estudio histórico y de un consenso social, logrado tras muchos años”, explica, algo que “responde a una madurez de nuestro sistema democrático”. En todo este tiempo, destaca Canales, el Estado “nunca renunció a sus derechos” y ahora al fin ha demostrado “la nulidad del título de compraventa esgrimido por los demandados” y ha “acreditado de forma contundente la posesión pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueño”. En su extensa sentencia, la titular del juzgado de Primera Instancia número 1 enumera un buen número de acciones y pronunciamientos ciudadanos y políticos para la devolución del pazo y recuerda que los movimientos reivindicativos comenzaron en 1977, en plena Transición.

Al entender que la propiedad del pazo corresponde al Estado, la juez declara también nula la parte de la escritura por la que los herederos de Franco se hicieron con el inmueble, lo mismo que la donación de las fincas que se recoge en un acta notarial de noviembre de 1982. La magistrada obliga a los Franco a pagar las costas de la Abogacía del Estado, no obstante, los letrados de los Franco han decidido aprovechar el plazo de 20 días que se les otorga para recurrir ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

Guardias civiles hasta 1990

Para la juez, durante el juicio “el Estado probó que las obras de mantenimiento de Meirás se ejecutaron a cargo de la Comandancia de Fortificaciones y Obras de la 8ª Región Militar del Ministerio del Ejército, en coordinación con la Casa Civil y Militar”. Durante “más de 30 años”, abunda el fallo judicial, “son innumerables las actuaciones ejecutadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”, inversiones “no solo encaminadas a garantizar la seguridad del Jefe del Estado y del inmueble (construcción y reformas en el acuartelamiento), sino dirigidas a la propia conservación, ornato y mejora del Pazo, sus dependencias y jardines”.

Desde 1938 a 1975 “el Pazo de Meirás se convierte en la residencia oficial estival del Jefe del Estado, sede de celebración de los Consejos de Ministros desde 1946 a 1975, de actos y reuniones oficiales y de oficinas del aparato estatal”, prosigue Marta Canales. “Los gastos ordinarios del Pazo eran asumidos por la Casa Civil”, explica, “en la contabilidad de ésta se recogían mensualmente partidas para la residencia de verano”. De igual forma, en los documentos ya desclasificados “constan los pagos realizados por la Casa Civil en concepto de salarios y seguros sociales del ’personal obrero’ del pazo de Meirás”, y también el abono continuo de “gastos de cocina y de facturas de panadería, carnicería, leche, huevos, fruta y hortalizas, establecimientos de ultramarinos, etcétera”.

 “Todos los productos precisos para el pazo se adquirían a través del Servicio de Intendencia de la Casa Civil (comida, bebida, menaje)”, detalla la magistrada, y este organismo asumía además “los costes de servicios como el teléfono y las reparaciones”. “De la adquisición de tabaco y alimentos al portador se encargaba el Gobernador Civil de A Coruña”, recoge la sentencia, “después de ser requerido al efecto por el Inspector de Servicios, abonando a continuación la Casa Civil el importe correspondiente”.

“La presencia administrativa en el pazo era evidente”, describe la juez: “albergaba oficinas permanentes de la Casa Civil y Militar, fundamentalmente, en la antigua Granja de Meirás (que se reforma para dicha finalidad, pasando a denominarse Pabellón de Servicios) y en la Casa del Guarda”. Allí dentro, continúa, “todo el personal que prestaba servicios pertenecía a la Casa Civil y Militar” y “se desplazaba desde el Palacio del Pardo”. La Casa Militar “se encargaba de la seguridad” y “decidía qué cuerpos armados y qué número de efectivos eran necesarios, incluidas las tropas marroquíes hasta 1957″. 

Este departamento también se responsabilizaba de la gestión de infraestructuras relacionadas con la seguridad, “como el acuartelamiento, la red de garitas o la iluminación interior o exterior para la vigilancia”. Incluso las obras de ampliación y mejora de la carretera se llevaron a cabo para dar servicio a la mansión que disfrutaban Francisco Franco, su esposa, Carmen Polo, y su hija, Carmen Franco.

Existía intramuros una figura conocida como los “guardias hortelanos”, encargados de los trabajos en la explotación agropecuaria que funcionaba dentro del recinto del pazo y cuyos rendimientos, según defendió en el juicio el abogado de los nietos, se embolsaba el propio dictador. Los guardias hortelanos, miembros seleccionados entre la Guardia Civil, continuaron viviendo y trabajando allí tras el fallecimiento de Francisco Franco hasta marzo de 1990.

Las promesas a Galicia del “fundador del Nuevo Imperio”

La juez también estudia al detalle el pergamino entregado a Franco en 1938, en el acto oficial de la donación. En este documento misteriosamente desaparecido en 2006 del archivo de la Diputación de A Coruña, se dice que se entrega el bien inmueble al “Fundador del Nuevo imperio, Jefe del Estado, Generalísimo de los Ejércitos y Caudillo de España, Francisco Franco Bahamonde”. La magistrada hace hincapié en los títulos citados y concluye que Meirás no fue entregado a título personal. “¿Cómo se puede sostener que se trató de un regalo a Franco?”, se pregunta. “No, fue un regalo al caudillo. Desde la génesis misma de esta idea hasta el acto de entrega el 5 de diciembre de 1938, todos los pasos realizados lo demuestran”.

En contrapartida, en el mismo acto, Franco hizo una serie de promesas a la tierra en la que se había llevado a cabo la cuestación popular forzosa para pagar el pazo. “Acepto gustoso”, decía el dictador, “exclusivamente por tratarse de un obsequio de mis paisanos”. “Galicia, por su fecundidad, ha sido la región que más ha tenido que dar en este Movimiento”, proseguía su discurso. “Ahora, señores, hay que estudiar la manera de compensar esos sacrificios, es decir, hay que estudiar aquellas obras o planes que sea necesario ejecutar en las cuatro provincias gallegas. En otras provincias que no son de esta región hay que preocuparse de llevarles el agua para resolver sus problemas. Aquí en Galicia, como no existe tal preocupación, hay que pensar en cambio en otro tipo de obras”.           (Silvia R., El País, 03/09/20)

  

"Meirás: 15 años para la mayor sentencia contra el franquismo de la democracia. El historiador que lideró el movimiento para la recuperación del inmueble celebra que el fallo asume la "falta de legitimidad" del régimen de Franco.

 Carlos Babío era este 'histórico' 2 de septiembre un hombre feliz. El investigador que con más ahínco ha buscado pruebas para la devolución del pazo de Meirás al patrimonio nacional, coautor junto a Manuel Pérez Lorenzo del libro 'Un pazo, un caudillo, un espolio', no acepta felicitaciones, porque cree que la enhorabuena ha de ser “para toda la sociedad”. “Es una victoria de todos”, proclama. Únicamente le salen palabras solemnes: “No solo ha caído un símbolo del franquismo; es una derrota del relato que se impuso tras la victoria en la guerra del dictador”.

 La sentencia del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña, conocida este miércoles, culmina 15 años de lucha que le han valido varias denuncias de la familia Franco por supuestas injurias, aunque Babío se remonta más atrás, a finales de los setenta, para contextualizar la batalla por la recuperación. Fue entonces cuando comenzó la exigencia de que los Franco devolvieran el pazo, una propiedad adquirida durante la Guerra Civil con donaciones forzosas de vecinos y trabajadores para ser regalada al dictador. Aunque, efectivamente, hubiera que esperar hasta mediados de la pasada década para ir sumando efectivos cruciales como la Diputación de A Coruña, los ayuntamientos coruñés y de Sada, el Parlamento de Galicia y el Gobierno de España, siempre con el acicate de los movimientos de recuperación de la memoria histórica.

Lo que realmente satisface del fallo al historiador es que se detiene a analizar qué fue el franquismo y en qué contexto se produjeron los hechos fundamentales que analiza la sentencia, para acabar señalando la “falta de legitimidad” del régimen de Franco, a quien en reiteradas ocasiones se refiere la magistrada como “el autoproclamado jefe del Estado”. En ese sentido, la del juzgado de A Coruña es “la sentencia más importante contra el franquismo de la democracia”. “Queda claro que el proceso de traspaso a los Franco se hizo en un contexto de guerra y represión, lo que significa un avance desde el punto de vista de reconstrucción de la verdad. No hay otra sentencia contra el franquismo en España de esta envergadura, ni ninguna que tenga en consideración el momento histórico en el que se produjeron los hechos”, celebra.

En cuanto a los hechos en sí, el fallo pone la lupa en dos: la donación efectuada en 1938 de la finca denominada Torres o pazo de Meirás y el contrato de compraventa de la finca firmado tres años más tarde, en lo que la magistrada considera “una simulación” de carácter fraudulento. La donación, señala la sentencia, se hizo a Franco como jefe del Estado, y la segunda vino a soslayar esa circunstancia para inscribir la finca a título individual.

Solo la reciente aparición del acta notarial inicial, la de 1938, ha permitido desenmarañar el espinoso debate de la titularidad. Fue gracias a la intervención de la Abogacía del Estado, que en 2019 presentó una demanda de 100 folios basada en ese documento, que permanecía oculto en el Archivo de Protocolos Notariales de A Coruña. “Siempre supimos de la existencia de esa escritura, porque habíamos encontrado multitud de referencias documentales, pero para nosotros era imposible acceder a ella”, relata Babío. La intervención del Gobierno desbloqueó la aportación del título que desmontaba de pies a cabeza el embuste ideado por el dictador.

La doble inscripción permitió crear de forma artificiosa la apariencia de que Francisco Franco adquiría Meirás por un precio de 85.000 pesetas, una cantidad que el informe de la Abogacía de Estado califica de “irrisoria”. Pero si esa segunda compraventa “simulada” ha sido fundamental para la sentencia, la otra pata en la que se apoya es el uso que se dio durante el franquismo al pazo que en su día perteneció a Emilia Pardo Bazán: el de residencia oficial. “Entre 1941 y 1975, Meirás se convirtió en palacio de verano, en la alternativa estival a El Pardo”. Célebres son los consejos de ministros que anunciaban el fin del periodo veraniego, o las recepciones y actos de Estado que allí se desarrollaban. “Eso queda claramente resuelto con el fallo, porque es fundamental”.

Babío espera que la decisión judicial sirva para apoyar otras reclamaciones de devolución al Estado de propiedades de los Franco, aunque es consciente de las circunstancias específicas que rodean el litigio del pazo de Meirás. Mariano Sánchez Soler, autor de varios libros sobre la familia del dictador, también comparte ese moderado optimismo. “Se ha roto un tabú, una política heredada de la Transición que establecía que no se podía tocar a nadie”, se felicita el escritor y periodista, que espera que otros conflictos como los de las esculturas del maestro Mateo o la Casa Cornide se resuelvan de forma satisfactoria para quienes reclaman su devolución.

“Cada caso es distinto, pero lo que está claro es que se abre un camino hacia la investigación y la claridad. Es una forma de romper con la opacidad y la oscuridad que la dictadura extendió sobre estas posesiones”. Entre esas cuestiones consideradas hasta ahora intocables, incluye a la Fundación Francisco Franco, depositaria de decenas de miles de archivos históricos y que el Ministerio de Cultura considera de propiedad pública. “Ya no hay intocables, y esperemos que la fundación se ilegalice finalmente y esos documentos sean recuperados por el Estado”, apunta.

A las declaraciones de satisfacción por la sentencia se sumaron este miércoles los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Xunta, que se incorporó a la denuncia presentada por el Gobierno. “Es una buena noticia para el Estado de derecho, para el interés general y para Galicia”, resumió el 'conselleiro' de Cultura en funciones, Román Rodríguez. Respecto a los argumentos jurídicos aportados por el Ejecutivo gallego, afirmó que “fueron asumidos para defender el proceso civil por el cual se consigue que Meirás regrese al patrimonio público”. La sentencia, añadió, es una demostración de que cualquier familia “tiene derechos y obligaciones”.             (Pablo López, El Confidencial, 03/09/20)

 

"Su abuela, Josefa Portela, viuda con cinco hijos, fue expropiada contra su voluntad y “expulsada” de su casa para magnificar los terrenos del caserón con el que las autoridades locales de A Coruña quisieron agasajar al dictador.

La sentencia de Meirás es histórica, porque es la primera que tiene en cuenta el contexto de represión franquista”.

 Carlos Babío, nieto de una expropiada, investigó durante tres décadas la historia del inmueble. Ahora se enfrenta a dos demandas de los nietos del dictador.

“Para mi abuela, para mi padre, para mi familia entera, estén donde estén, si están en algún lugar, hoy será un día feliz, porque se ha hecho justicia”, celebraba ayer Carlos Babío Urkidi, el hombre que hace ya tres décadas empezó a rastrear archivos en busca de esos documentos que hace un año cimentaron la demanda del Estado. Babío, vecino de Sada y exconcejal por el Bloque Nacionalista Galego, está en la médula de la lucha por la recuperación pública del pazo de Meirás. 

Su abuela, Josefa Portela, viuda con cinco hijos, fue expropiada contra su voluntad y “expulsada” de su casa para magnificar los terrenos del caserón con el que las autoridades locales de A Coruña quisieron agasajar al dictador y atraer el aparato del Estado a Galicia en los meses de verano. La humilde vivienda de esta mujer se transformó en una desangelada torre en la que vivieron durante muchos años los guardias civiles destinados en el pazo.

La herida jamás se cerró en su familia, y el nieto ha dedicado su vida a buscar la reparación para las víctimas. Este miércoles 2 de septiembre, en su opinión, ha sido “un día histórico”, porque “es la primera vez que una juez en España sentencia teniendo en consideración el contexto de represión del Estado fascista, la dictadura, el totalitarismo de Franco”. También es histórico, dice, porque es un proceso “protagonizado por la sociedad gallega, que tenía grabado a fuego este abuso mantenido en el tiempo”.

Babío no fue el primero en reivindicar la devolución, porque la inercia que ha desembocado en esta sentencia comenzó a rodar poco después de morir el dictador, pero sí fue el investigador obstinado que hace unos años acabó pidiendo ayuda a un joven historiador, Manuel Pérez Lorenzo, para dar forma de ensayo a miles de papeles y testimonios. El libro en gallego publicado por ambos, Meirás. Un pazo, un caudillo, un espolio (Fundación Galiza Sempre, 2017), ultima ya su versión en castellano y describe todos los avatares del palacete, desde la cuestación popular forzosa para pagarlo hasta el todavía oscuro episodio del incendio que devoró medio edificio tras fallecer Franco. Los autores sabían, por referencias históricas, que había existido una escritura de 1938 previa a la de 1941 que la juez tacha de ficticia y que sirvió a Franco para inscribir a su nombre el pazo. Pero el documento, custodiado en el Archivo de Protocolos Notariales de A Coruña, era inaccesible para ellos.

Ese paso de gigante solo pudo darlo la Abogacía del Estado que, por lo demás, se apoyó en la investigación de Babío y Pérez Lorenzo para armar su demanda. Desde 2017, antes de que el Ejecutivo central se implicase, tanto la Diputación de A Coruña como el Parlamento gallego institucionalizaron esta vieja reivindicación cívica creando sendas comisiones de expertos, con juristas e historiadores de las universidades gallegas. Las dos concluyeron, por distintos caminos, que había base para reclamar a los Franco la propiedad.

Mientras tanto, Babío sigue demandado por los herederos de Carmen Franco, por lo penal y por lo civil, en dos juzgados madrileños por declarar en televisión lo mismo que sostuvo cuando prestó testimonio, durante seis horas, en el juicio de Meirás. “Es una situación esperpéntica”, comenta el investigador, “que vaya a ser juzgado por lo que ahora la juez de A Coruña ya considera probado”: “La estrategia de los Franco es crear temor en los medios de comunicación y los historiadores para intentar callarlos”.

Babío elogia el “inmenso trabajo” de los abogados del Estado, “que se empaparon de la historia del pazo y actuaron con profesionalidad y rigor” para acabar con la “anomalía democrática” de Meirás y la “impunidad” de los Franco, algo “insólito” que estaba ocurriendo en pleno “sur de Europa”. Y mientras los abogados de los nietos del dictador ya anuncian que recurrirán la sentencia, el investigador vaticina que “seguirán saliendo a la luz papeles históricos, todos en la dirección que marca el fallo de la juez de A Coruña”. Porque, de momento, aún no se puede acceder a “todos los archivos de menos de 50 años”, que aún permanecen clasificados.

El nieto de Josefa Portela cree que cuando sea devuelto al patrimonio público el pazo debería honrar la “memoria de Emilia Pardo Bazán”, ser un “espacio de disfrute de la ciudadanía” y, sobre todo, servir de “lugar de reconocimiento a las víctimas del franquismo”. Hoy las Torres de Meirás que mandó construir con aire de castillo medieval, a finales del XIX, la autora de Los pazos de Ulloa y que la Xunta declaró BIC en 2008 permanecen detenidas en el tiempo de Franco. Los retratos triunfales del Caudillo, los trofeos de caza, las antigüedades que atesoraba Carmen Polo, el escudo preconstitucional, la biblioteca que mantiene grabado en el mobiliario, con grandes letras góticas, un rimbombante lema escrito por el dictador. También elementos constructivos de otros edificios históricos gallegos que poco a poco fue acumulando el matrimonio, con la repetida fórmula de las donaciones, en el jardín y el interior de la residencia estival del jefe del Estado. Hay blasones, balaustradas, fuentes, bancos, pilas bautismales del siglo XII.

Y dentro de la capilla asisten a todos estos acontecimientos, ancladas con hierro a una pared blanca, dos grandes estatuas procedentes de la fachada románica de la catedral compostelana, Isaac y Abraham, que recientemente reclamó el Ayuntamiento de Santiago y un juzgado madrileño consideró legítima propiedad de los Franco. Estas imágenes esculpidas en granito en el taller del Maestro Mateo tendrán que emigrar a otra parte si la sentencia de la juez Marta Canales se transforma en firme. “Tiempo al tiempo”, avisa Carlos Babío: “Las estatuas no son del pueblo por ahora... pero esa lucha no se puede abandonar”.                    (Silvia R. El País, 03/09/20)