La Xunta pierde los nervios y pasa al ataque contra los colectivos que protestan por el deterioro de la sanidad pública... El gabinete de Alfonso Rueda no consigue mitigar la crisis en el sector, acusa a las movilizaciones de “estar politizadas” y desvía culpas al Gobierno central pese a tener las competencias en la materia

 "El Gobierno de Alfonso Rueda ha cambiado de estrategia. La crisis de la sanidad pública en Galicia, especialmente aguda en atención primaria, no remite. Tampoco lo hacen las protestas ciudadanas: colectivos agrupados en la plataforma SOS Sanidade Pública han convocado el 12 de febrero una manifestación contra su “desmantelamiento”. Que el servicio atraviesa problemas -sindicatos, agrupaciones gremiales u oposición no dudan en hablar de colapso- admite poca discusión. 

Las esperas para acceder a cita se alargan, los PAC sufren carencia de profesionales, las jornadas laborales se doblan. Pero la Xunta de Galicia ha perdido los nervios y decidido ensayar una nueva respuesta, el ataque contra las entidades que defienden la sanidad pública.

Fue durante la comparecencia a petición propia del conselleiro de Sanidade en el pleno del Parlamento de Galicia de la pasada semana cuando el Partido Popular estrenó método. Julio García Comesaña, quien se había ceñido hasta ahora al guion de que la culpa de los problemas es del Ejecutivo central, calificó a SOS Sanidade Pública de “SOS bipartito”. A pesar de que el gobierno de coalición entre PSdeG y BNG perdió por la mínima las elecciones en 2009, arremeter contra él sigue constituyendo uno de los ejes discursivos del PP. 

Pero nunca antes lo había usado contra las asociaciones en defensa de la sanidad pública. Según Comesaña, la mencionada plataforma está formada por “un grupo de exprofesionales y directivos del bipartito”. En realidad la integran casi 50 asambleas locales y comarcales y cuenta con el apoyo de los sindicatos de clase y los partidos de la oposición.

Pero la intervención de García Comesaña no fue un exabrupto aislado. Dos días más tarde, el propio presidente de la Xunta de Galicia refrendaba las palabras de su conselleiro y se refocilaba en uno de los argumentos preferidos de la derecha gallega. “Si la pregunta es si hay ciertas dosis de politización en las protestas, la respuesta es sí”, afirmó en respuesta a preguntas de este periódico tras la reunión semanal de su equipo. Rueda no se aparta del argumentario que redactaron en su día los asesores de Núñez Feijóo. La oposición hace política, el gobierno hace gestión. “La manifestación [del 12 de febrero] tiene bastante intencionalidad política”, dijo, antes de añadir, en referencia al apoyo de Partido Socialista y BNG a la movilización, que “si quieren aparentar independencia eso no se puede hacer”.

Las alertas ignoradas de oposición y médicos

Socialistas y nacionalistas se oponen desde hace años a la política sanitaria del PP. No pocas de las advertencias que han enunciado en sede parlamentaria a lo largo de esta etapa han acabado por confirmarse. El gasto presupuestario en atención primaria, de los más bajos entre todas las comunidades -segundo por la cola según datos del Ministerio de Sanidad-, los conciertos con la sanidad privada o la progresiva entrada de empresas en el sector fueron algunas de las tendencias criticadas. Enormes manifestaciones han recorrido las calles de las principales poblaciones de la comunidad. Alguna de ellas, como la transcurrida en Vigo en 2015, de proporciones históricas. Y aunque el PP ha sumado cuatro mayorías absolutas consecutivas, el descontento con la política sanitaria del Gobierno de Rueda desborda la disputa partidista, por más que la derecha insista en lo contrario.

Son los propios médicos los que llevan meses alertando de la situación. Una reunión del conselleiro García Comesaña y Alfonso Rueda con el Consello Galego de Colexios Médicos acabó mal. La principal medida a la que se comprometió entonces la Xunta de Galicia fue a flexibilizar los requisitos para que los facultativos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) puedan trabajar también en clínicas privadas. El protocolo todavía no se ha publicado, pero la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ya se ha manifestado en contra. “Las malas condiciones económicas y laborales de los médicos tienen mucho que ver con el pluriempleo de los médicos”, dice en un comunicado en el que recuerdan que los empleados del Sistema Nacional de Salud no pueden cobrar dos sueldos públicos y que los de los centros concertados se consideran como tal.

Aquella reunión salió regular para la Administración. Comesaña aseguró que ambas partes “coincidieron en el diagnóstico sobre las dificultades que afronta el sistema sanitario” y reclamó apoyo para “incrementar la capacidad formativa y contar con más plazas MIR y unidades docentes”. Es decir, la retórica habitual de desviar responsabilidades a Madrid y mencionar que las competencias son exclusivas de la Autonomía. La última convocatoria de residentes ofertada por el Sergas, en todo caso, no consiguió cubrir todas las plazas. Los sindicatos y asociaciones médicas entienden que se debe a las malas condiciones laborales en la sanidad pública gallega. Además, el conselleiro habló de “reorganización de los centros de salud”, lo que implicaría posibles cierres, y le endosó la idea a los médicos. Estos lo desmintieron al día siguiente y se mostraron molestos con sus declaraciones. Un mes después, el presidente del Consello Galego de Colexios Médicos, que había participado en el encuentro, dimitió. “Existen dos realidades, la que ve el conselleiro y su equipo, y la que percibimos los médicos y los pacientes”, afirmó entonces Isidro Lago, que acusó a García Comesaña de “falta de seriedad, falsedades y deslealtades”."                       (Daniel Salgado  , eldiario.es, 2 de febrero de 2023)