En esencia, la denuncia se basa en que Castro tejió una red de sociedades instrumentales, con el fin de conseguir 16 concesiones administrativas de la Xunta para explotar minicentrales hidroeléctricas y desarrollar parques eólicos, contando para ello con el apoyo de Ordás en su condición de alto cargo de la Xunta.
Según el fiscal, se trataba de sociedades de pantalla (con capital muy escaso, carentes de personal y sin capacidad técnica para acometer sus proyectos energéticos), a través de las cuales se pretendía intencionadamente ocultar la identidad de los verdaderos propietarios y eludir requisitos legales para las concesiones, como el tener que constituir un plan eólico empresarial. Así las cosas,
desde que Ordás tomó posesión de su cargo en 1999, Castro pasó de aparecer vinculado a tres firmas del sector, a estar relacionado con al menos 35 empresas energéticas creadas o adquiridas entre esa última fecha y el año 2005.
" (
Carlos Martínez-Buján: Minicentrales y tráfico de influencias; El País, Galicia, 26/03/2007, pp. 40)
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