Las declaraciones de dos altos cargos del Gobierno gallego en el juzgado el pasado 22 de febrero permiten concluir también que pese a no encontrar irregularidades relevantes en las primeras visitas que realizaron los funcionarios de Traballo a 13 asociaciones el 7 de junio de 2010, la Xunta decidió dar un paso más en la investigación e implicar a las consellerías de Presidencia y Facenda en la fiscalización de esos trece entes vinculados al sindicato agrario.
Así lo ha admitido en su paso por el juzgado, adonde acudió como imputado tras una denuncia de Unións Agrarias, el alto cargo de Traballo Andrés Hermida Trastoy, quien asumió como suya la idea de realizar visitas de comprobación a 13 entidades tras leer en la prensa las denuncias del PP.
Hermida Trastoy reconoció que aunque son 800 las asociaciones que recibieron ayudas de su consellería para contratar desempleados, desde su llegada al cargo en 2009 solo investigó a estas 13 entidades puesto que "en ningún caso hubo una situación tan manifiesta de que pudiera haber ningún tipo de irregularidades".
Aludió a titulares de El Correo Gallego, La Voz de Galicia y EL PAÍS que reproducían las acusaciones de Miranda y Rueda. Hermida Trastoy asumió como decisión propia esas primeras visitas, "no inspecciones", de comprobación, pero no la investigación posterior, que atribuye a su conselleira, Beatriz Mato. (...)
Qué encontraron los funcionarios de Traballo en esas sedes durante el 7 de junio para que la conselleira tomase la determinación una semana después de profundizar en la investigación en Unións Agrarias es algo que no dejó claro en el juzgado Hermida Trastoy. (...)
La última de las constataciones que, según el informe interno de la Consellería de Traballo, llevó a su máxima responsable, Beatriz Mato, a ordenar la inspección fue "el tamaño de los carteles que debían anunciar el sistema de cofinanciación de las ayudas".
En 10 de las 13 asociaciones, la señalización de los fondos de donde partía la subvención era defectuosa o directamente no existía.
De las graves imputaciones de Rodríguez Miranda al PSOE sobre supuesta financiación ilegal y fraude en el uso de fondos públicos, la Xunta había pasado ya a medir el tamaño de carteles anunciadores de ayudas por parte de 13 entidades vinculadas a Unións Agrarias.
Sentado ante la juez, Hermida Trastoy admitió que esos indicios "pueden no ser muchos porque eso es valorable", pero fueron los que motivaron el inicio de una segunda fiscalización conjunta con la Consellería de Presidencia. (...)
Cuando fue interrogado por si esas no eran pruebas evidentes de que el desvío de fondos que denunciaba el PP -y que estaban en el origen de la investigación abierta por el Gobierno gallego- era imposible, Hermida Trastoy subrayó en dos ocasiones que él nunca había aludido al desvío de fondos. A la pregunta de qué buscaban concretamente en las inspecciones a Unións Agrarias, el alto cargo de Traballo no supo responder." (El País, Galicia, 04/04/2011, p. 2)
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