"El poder legislativo y el judicial van camino de una gran colisión por las preferentes. Mientras en el Congreso protestaban los afectados por la venta de estas participaciones,
hecha en muchas ocasiones de manera fraudulenta, en Galicia un juzgado
de Vigo declaró nulo el contrato de una joven a la que pasaron los
fondos de una cartilla infantil a participaciones preferentes. Así, la
entidad ha sido condenada a devolver 1.860 euros más intereses a Elisa
Graña.
La joven, que hoy tiene 28 años y es bióloga, en todo momento pensó
que su dinero estaba en un depósito a plazo fijo, algo que reconoce la
sentencia. "No habría de extrañar" que la denunciante y su madre
"pudieran acabar confundiendo el producto con algo parecido a un
depósito a plazo, del que las participaciones preferentes se diferencian
de forma sustancial, pero cuyos elementos diferenciales no fueron
adecuadamente puestos de manifiesto por la entidad bancaria", según el
fallo.
La sentencia, que es firme, destaca que no se ha apreciado "motivo
ninguno para pensar" que la joven o su madre, que fue la que en su
nombre, en 2005, contrató el producto, "presentaran la experiencia
inversora suficiente como para concluir que el error hubiera sido fruto
de su propia negligencia o desatención", pues se trata de un producto
"complejo".
De hecho, según la propia madre de Graña, un empleado del banco en el
que confiaba fue el que la persuadió de pasar de un depósito infantil a
un depósito a plazo fijo, sin saber en realidad que lo que estaba
contratando eran participaciones preferentes.
Según el juez, no quedó constancia de que se les hubiera hecho
hincapié en "los riesgos que suponía esta operación que, indudablemente,
debería ser calificada de alto riesgo". (...)
Sentencias como la de Graña pueden marcar el camino a seguir para los
preferentistas. El PSOE, sin ir más lejos, cree que es el único que
queda. En una entrevista con El Huffington Post,
la vicesecretaria general, Elena Valenciano, consideraba que el
conflicto "acabará en los tribunales" y que "se le dará la razón a los
afectados, porque, en la mayor parte de los casos, es una estafa. Las
últimas decisiones del Gobierno son infames, pero si no podemos
cambiarlas pondremos un servicio jurídico a disposición de los
afectados", prometió." (Huffington Post, 12/04/2013)
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