"La forma en que se aprobaron las indemnizaciones millonarias de los
responsables del hundimiento de las cajas gallegas. Las decisiones
adoptadas por las asambleas generales y las auditorías que avalaron
durante años las cuentas de Caixa Galicia y Caixanova.
El informe de
KPMG pagado con un millón de euros de fondos públicos que la Xunta y su
presidente, Alberto Núñez Feijóo, utilizaron para argumentar la fusión.
Todo eso y media docena de expedientes más han sido clasificados como
información reservada esta mañana por el Parlamento gallego con siete
votos a favor del PP y cinco en contra de la oposición.
Casi al msimo tiempo que se votaba en la Cámara, el presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijoo, explicaba que la decisión de declarar
secretos los documentos la han tomado los juristas de la Xunta y del
Parlamento.
"Yo por mi entregaría las auditorías y todo lo demás. Por mí
lo haría público para que todos los gallegos supiesen cómo estaban las
cajas en 2009 cuando nosotros llegamos al Gobierno. Pero es un decisión
de la Asesoría Jurídica de la Xunta y de los letrados del Parlamento",
se justificó.
Así echa a andar la comisión de investigación de las cajas. Ninguno
de esos expedientes podrá ser conocido por los medios de comunicación ni
llegar a la sociedad, los diputados presentes en la comisión podrán
tomar notas manuscritas pero no hacer fotocopias ni divulgarlos, según
ha acordado esta mañana la Cámara. (...)
El socialista Abel Losada se preguntó cómo puede ser información
reservada la auditoría de KMPG que se pagó con el dinero de todos los
gallegos. El portavoz popular, Pedro Puy, replicó que así debía tratarse
porque la información que manejó la consultora fue proporcionada por la
Xunta en su condición de supervisora de las cajas y que por tanto el
Gobierno gallego tiene la obligación de mantener el secreto.
Puy también
esgrimió la obligación de cumplir con la Ley de Protección de datos.
“No queremos saber el número de cuenta de Gayoso ni de Méndez, pero
sí cómo se gestaron sus indemnizaciones millonarias”, protestó Losada
antes de que Jorquera replicase el argumento. Sí hubo acuerdo de todos
los partidos en protestar contra la decisión del Banco de España de
negar la documentación solicitada por el Parlamento gallego.
“Algo
tendrá que hacer esta Cámara para defender su dignidad”, reconoció Puy
dándole la razón a Beiras que había esgrimido un real decreto de 1986 en
el que se establece que el regulador tiene la obligación de enviar los
papeles que le solicite una comisión de investigación parlamentaria." (El País, 13/06/2013)
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