"El comisario europeo de la Competencia, el español Joaquín Almunia,
hizo sonar este jueves las trompetas del apocalipsis para los 19
astilleros privados de España. Almunia anunció que la Comisión Europea
acordará el próximo 17 de julio que el sector naval devuelva a la Hacienda española unos 2.800 millones de euros desgravados
entre los años 2005 y 2011 mediante un sofisticado sistema de
bonificaciones fiscales a la construcción de buques, considerado por
Bruselas como una ayuda pública encubierta contraria a las leyes de la
competencia.
El comisario español trató de restar dramatismo al anuncio matizando
que la devolución no correrá a cargo de los astilleros sino de los
inversores que financiaron la fabricación de buques, pero los
empresarios y los responsables políticos de las comunidades afectadas
—Galicia, País Vasco y Asturias— fueron unánimes:
“Es la muerte de los astilleros”. El Gobierno, a través del ministro de Industria, José Manuel Soria, exigió de inmediato a Bruselas que no apruebe la propuesta de Almunia y advirtió de que están en peligro unos 80.000 empleos.
El comisario de la Competencia comprobó de primera mano la crispación
que provocó su anuncio. Almunia lo explicó durante un desayuno
informativo en un hotel de Madrid. Entre el público se encontraba Álvaro
Platero, presidente de Pymar, la agrupación que engloba a los
astilleros. Puesto en pie y en tono airado, le espetó: “¡Esto es el
cierre definitivo para los 19 astilleros privados que hay en España!”.
El esfuerzo de Almunia por transmitir la idea de que el peso de la
factura no descansará sobre los fabricantes de buques cayó en saco roto.
“Esto es la ruina para nosotros, no tendremos un contrato más”, comenta
José Domínguez, director de Vulcano, una de las factorías navales de
Vigo.
“Hay que tener en cuenta que este es un mundo relativamente
pequeño, en el que los clientes y los inversores son casi siempre los
mismos. Si tienen que pagar, no volveríamos a recibir un encargo. De
hecho, ya no los tenemos desde que surgió la amenaza de Bruselas de
devolver las bonificaciones”.
“Además, hay astilleros”, comenta un
directivo del sector, “que en sus contratos con los inversores
incluyeron cláusulas de garantía en la que se responsabilizaban de parte
del coste en caso de que ocurriese esto”.
El llamado tax lease se puso en marcha en 2001 y permitía
importantes deducciones en el impuesto de sociedades para las compañías
que invirtiesen en la construcción de buques. Se hacía bajo un complejo
sistema de leasing que permitía a los astilleros disponer de
financiación para afrontar operaciones muy costosas, de hasta 100
millones de euros por barco.
El aliciente fiscal atrajo no solo a bancos
y cajas de ahorro sino a empresas que no tenían ninguna relación con el
sector, como Inditex.
Francia disfrutaba de un sistema fiscal muy similar, aplicable no
solo al sector naval sino a la fabricación de otros bienes de equipo. En
2005, la Comisión Europea lo anuló con argumentos semejantes a los
empleados ahora con España.
Sin embargo, las autoridades comunitarias
eximieron a las empresas francesas de devolver las bonificaciones
cobradas indebidamente con el argumento de que las compañías habían
actuado con la “confianza legítima” en un sistema sancionado por sus
autoridades. A ese precedente se agarra ahora el sector español para
pedir “igualdad de trato”.
En España continuó funcionando hasta 2011, cuando Bruselas lo
paralizó tras una denuncia de Holanda. Desde entonces, los astilleros se
quedaron sin contratos de envergadura. Solo en la ría de Vigo se
perdieron el año pasado 2.800 empleos, según la patronal. Y aunque desde
el 1 de enero está en vigor un nuevo tax lease con condiciones
distintas, la amenaza de la devolución de las deducciones sigue
bloqueando la consecución de nuevos contratos.
Con el viejo tax lease se financiaron 273 operaciones. “Y
cada una de ellas fue autorizada por la Dirección General de Tributos”,
subraya el director de Vulcano. Eso plantea un embrollo legal añadido,
ya que los bancos y compañías afectados podrían plantear una demanda de
responsabilidad patrimonial al Estado. De los 2.800 millones que habría
que devolver —correspondientes al periodo 2005-2011— 1.700
corresponderían a astilleros gallegos, unos 1.000 a vascos y los 100
restantes a Asturias." (El País, 28/06/2013)
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