"La Diputación de A Coruña, con independencia del color político de su
gobierno, se caracterizaba desde hace más de dos décadas por decidir
mediante concurso público la inmensa mayoría de sus contrataciones de
obras, más de nueve de cada diez.
Pero el actual ejecutivo provincial
del PP, con Diego Calvo al frente, ha invertido estos dos últimos años
la tendencia en aras, alega, de “una mayor agilidad”. Y ya son mayoría,
más de seis de cada diez, las adjudicaciones a dedo, mediante la fórmula
del negociado sin publicidad.
De nada valieron las múltiples advertencias en contra de este
procedimiento, una modalidad opaca y reservada por ley solo a casos o
razones puntuales y muy justificadas, que realizó el servicio provincial
encargado de fiscalizar las contrataciones. El funcionario que se
encarga, por concurso, de este departamento desde 1999, Luis Jaime
Rodríguez, fue relevado en agosto de sus funciones.
Y Calvo designó, a
dedo, para sustituirlo al frente del Servicio de Contratación a una
funcionaria procedente de la Xunta, Patricia Rodríguez Franco, hasta
entonces encargada del registro de contrataciones de la Consellería de
Economía.
Son incontables los informes emitidos en 2012 y hasta el pasado
agosto por el Servicio de Patrimonio y Contratación contrarios a las
adjudicaciones de obras y servicios resueltas mediante negociados sin
publicidad. Este departamento, tal como le obliga la ley, informó al
Tribunal de Cuentas y su equivalente autonómico, el Consello de Contas,
de esas contrataciones para que se verifique su legalidad.
Para el
anterior responsable provincial de fiscalizar las adjudicaciones, la
modalidad ahora predilecta del gobierno de Calvo para repartir los
contratos no solo restringe al mínimo las ofertas y participación de
empresas. Pone también en duda que se ajuste a la Ley de Contratos, que
exige limitar los negociados sin publicidad a casos puntuales y
estrictamente justificados, algo que ni siquiera figura en la mayoría de
los expedientes de obras.
Valga de ejemplo el reparto del plan anual de conservación de
carreteras de la Diputación, que se licita dividido en una treintena de
grupos, uno por cada zona de la provincia. Desde finales de los años
ochenta, siempre se adjudicaba mediante concurso público. Pero en 2012,
en contra del criterio del ahora exjefe de Contratación, se resolvió a
dedo el 70% del presupuesto de ese plan, cuatro millones de euros de un
total de 5,8 millones.
El negociado sin publicidad permite adjudicar un
contrato sin concurso —para obras, el limite está en hasta 200.000
euros, sin contar el IVA— entre un mínimo de tres empresas previamente invitadas, de su libre elección. Pero suele resultar cara para las arcas públicas al restringir las ofertas.
Los 25 contratos del plan de carreteras de 2012 adjudicados a dedo
permitieron rebajar en 482.076 euros el coste real de la obra sobre el
precio inicial de licitación. Las otras seis adjudicaciones resueltas
por concurso público de este mismo plan permitieron un ahorro de 582.331
euros. Al hacerse por el procedimiento abierto, la Diputación, entre
2007 y 2011, logró ahorrar anualmente una media de 2,3 millones, según
cálculos del PSdeG. Pero el pasado año solo consiguió un millón.
La
agilidad que el gobierno de Calvo blande como justificación para
esquivar concursos públicos tampoco se demostró: la reparación de
carreteras, que normalmente se adjudica entre abril y mayo para realizar
las obras en verano, aprovechando el buen tiempo, se adjudicó en
septiembre en 2012.
Este año fue en junio. Pero volvieron a ser mayoría
las contrataciones a dedo (el 53%), según datos del PP. Sumaron un valor
de ocho millones. Los restantes 4,2 millones se concedieron mediante
concurso público, con rebajas entre el precio de licitación de la obra y
su coste real en torno al 30%.
Una media demasiada alta, según
argumentó en el pleno provincial de junio, el portavoz del PP en la
Diputación y alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, al defender “por el
bien de la institución” que se eviten los concursos públicos. Según él,
apremiadas por la crisis o al borde de la liquidación, hay empresas que
logran contratos con rebajas en el precio “difícilmente defendibles” y
que las abocan a no terminar nunca esas obras.
Para Ruiz Rivas, “la
transparencia es exactamente la misma" con el negociado sin publicidad,
una modalidad que no preveería la ley, subrayó, “si el procedimiento
abierto fuera el único que garantiza independencia e igualdad de
acceso". (El País, 14/12/2013)
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